Un juez ordenó este lunes en Chile la detención preventiva del ex presidente peruano Alberto Fujimori, cuya imprevista llegada a Santiago introdujo nuevos elementos, por ahora de difícil pronóstico, en el conflicto desatado entre los dos países por sus límites marítimos.
Este lunes llegaban a Santiago el ministro del Interior de Perú, Rómulo Pizarro, y el procurador anticorrupción Antonio Maldonado, además de familiares de víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas bajo el régimen de Fujimori (1990-2000), para intervenir en el juicio de extradición que debe abrirse en los próximos días.
El ex mandatario puso fin a una fuga de cinco años, que él dio forma de "auto exilio" en Japón, y llegó a Santiago a las 16.30 del domingo, en un vuelo privado que al parecer hizo escala en Atlanta, Estados Unidos. Ingresó a Chile como turista y se hospedó en el lujoso hotel Marriott, en el cual permaneció 12 horas, hasta que el juez Álvarez dispuso su arresto.
En una declaración leída por su portavoz Luis Silva Santisteban, ex embajador y dirigente del movimiento fujimorista "Sí cumple", el ex mandatario prófugo señaló su propósito de estar temporalmente en Chile para reingresar luego a Perú y participar como candidato en las elecciones presidenciales del 9 de abril de 2006.
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El ingeniero de origen japonés, de 67 años, desafió así la decisión del Congreso legislativo peruano que el 23 de febrero de 2001 lo privó de sus derechos ciudadanos y le prohibió ocupar cargos públicos por 10 años, atendiendo a su condición de prófugo de la justicia, que le ha formulado cargos en 21 procesos, algunos de lesa humanidad.
La llegada de Fujimori se produjo cuatro días después de que el parlamento peruano aprobó por unanimidad una ley que reformuló los límites marítimos con Chile frente a la línea fronteriza de la Concordia, extendiendo la jurisdicción peruana hacia el sur en una proyección triangular que abarca 1.200 millas marítimas.
El gobierno chileno de Ricardo Lagos objetó la ley peruana y reivindicó la soberanía sobre las aguas en disputa, de acuerdo a los tratados de límites que los dos países suscribieron en 1952 y 1954, tras el largo contencioso abierto por la guerra del Pacífico (1879-1883) en que Chile derrotó a Perú y Bolivia.
Lagos y su par peruano Alejandro Toledo coincidieron el fin de semana en la IV Cumbre de las Américas de Mar del Plata, Argentina, pero no sostuvieron reuniones para tratar este conflicto, que Chile considera un asunto bilateral, mientras Perú está dispuesto a llevarlo a la Corte Internacional de Justicia en La Haya.
La nueva normativa marítima peruana, que invoca la Convención de Derechos del Mar de las Naciones Unidas, introdujo otro factor de inquietud en el ya más que centenario conflicto de Chile con sus dos países vecinos del norte, Perú y Bolivia, y se considera un mayor obstáculo para las aspiraciones de La Paz a un puerto propio sobre el océano Pacífico.
En la guerra de fines del siglo XIX las tropas chilenas conquistaron la provincia de Tarapacá, que formaba parte hasta entonces de Perú, y la de Antofagasta, bajo control boliviano, pero en la actualidad cualquier solución a la demanda marítima de Bolivia es viable solo por Tarapacá, lo cual requiere de la anuencia peruana.
Chile y Bolivia tienen suspendidas sus relaciones diplomáticas desde 1978, cuando fracasó un acuerdo de los dictadores Augusto Pinochet y Hugo Bánzer para dar a Bolivia un corredor terrestre al Pacífico debido al veto del Perú, cuyo gobierno no aceptó un trazado entre el puerto chileno de Arica y la línea de la Concordia.
Los vínculos consulares y comerciales de Chile y Bolivia entraron en un nuevo periodo de crisis desde octubre de 2003, cuando la resistencia popular boliviana a una negociación del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada para un puerto de exportación de gas natural por el litoral chileno lo obligaron a dimitir.
Los renovados factores de conflictos entre los tres países irrumpen a poco más de un mes de los comicios presidenciales del 11 de diciembre en Chile. Perú elegirá presidente el 9 de abril, mientras en Bolivia se discute la fecha de diciembre para unas elecciones presidenciales en que aparece como favorito el diputado Evo Morales, líder de los campesinos indígenas cocaleros.
Para competir en los próximos comicios peruanos, Fujimori debería formalizar su candidatura a más tardar en enero, lo cual explicaría su decisión de abandonar su seguro refugio japonés, donde el gobierno rechazó dos causas de extradición iniciadas por las autoridades judiciales y diplomáticas de Perú.
El ex presidente enfrenta 21 procesos, entre los cuales el más grave es el de autor intelectual de las masacres de Barrios Altos y de la Universidad de La Cantuta, cometidos en Lima en 1991 y 1992 respectivamente por el grupo militar encubierto Colina, y en las que murieron 25 personas.
Está también acusado de asociación ilícita para delinquir y de peculado, a partir de la entrega de 15 millones de dólares a su asesor de seguridad, Vladimiro Montesinos (hoy preso en Perú), para que se fugara a Panamá después de haber sobornado a políticos, periodistas y empresarios.
Fujimori ganó la presidencia el 10 de junio de 1990, cuando derrotó con 56,5 por ciento de los votos al escritor derechista Mario Vargas Llosa. En 1992 disolvió el Congreso con apoyo de las fuerzas armadas, que respaldaron su política de combate frontal a los grupos guerrilleros Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Tupac Amaru.
Al mando de una virtual dictadura civil, que combatió a la guerrilla atropellando los derechos de la población civil, Fujimori ganó con 64,4 por ciento de los votos su reelección el 9 de abril de 1995 y forzó una reforma constitucional para ganar nuevamente los comicios presidenciales del año 2000.
Sin embargo, la revelación de los escándalos de Montesinos con las cintas que registraban los sobornos del asesor, conocidas como "vladivideos", lo llevó a renunciar a la Presidencia en noviembre de ese mismo año a través de un fax que envió a Lima desde Brunei, donde participaba en una cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, para pedir refugio en Japón.
"No me gusta que un personaje como Fujimori, un dictador brutal, esté en Chile y no me gusta que nuestro país sea guarida de dictadores", dijo el domingo el diputado y candidato a senador Guido Girardi, del Partido Por la Democracia, miembro de la gobernante coalición de centroizquierda.
Michelle Bachelet, candidata presidencial de esa misma alianza y favorita para ganar las elecciones de diciembre, expresó también su molestia por la llegada de Fujimori a Chile y demandó explicaciones a las autoridades policiales sobre su ingreso, pues desde marzo de este año la Policía Internacional (Interpol) lo colocó en 183 países bajo régimen de "difusión roja".
Marianela Gómez, jefa de Interpol en Chile, explicó que esa orden obligaba a dar aviso al país requirente del prófugo, en este caso Perú, pero que la misma no surtía efecto automático para una detención sin orden judicial, la cual se cumplió en la madrugada de este lunes.
El gobierno de Toledo trató de que Chile dispusiera administrativamente la expulsión de Fujimori y lo entregara a las autoridades peruanas, lo cual no fue aceptado por el canciller chileno Ignacio Walker, quien recordó a su par limeño Óscar Maúrtua que existía un tratado bilateral de extradición de los dos países desde 1932.
Algunos medios de prensa chilenos afirmaron que Lagos priorizó la vía judicial para evitar una politización del caso Fujimori en el ámbito del conflicto por los límites marítimos, pese a que la actitud del ex mandatario prófugo causó indignación en el gobierno.
De acuerdo con los nuevos procedimientos penales instaurados en Chile, el juicio de extradición de Fujimori debe abrirse con una audiencia pública, cuya duración no está determinada, aunque sí se establece que la sentencia debe emitirse como máximo cinco días después.
El proceso podría ser breve si Fujimori acepta la "extradición pasiva simplificada", que consistiría en aceptar ser enviado a Perú apenas comparezca ante la Corte Suprema.
La apuesta del ex mandatario parece ser situarse como un protagonista en la próxima contienda electoral peruana aun cuando no pueda ser candidato y deba observarlas desde prisión, con la esperanza de que otro postulante de "Sí cumple" pueda ganar y facilitar posteriormente su reivindicación política y su absolución penal.
