Organizaciones no gubernamentales y sindicales reclaman controlar la fabricación y comercialización de sustancias químicas en la Unión Europea, una tarea en la que piden participar junto a las empresas productoras, los organismos públicos y los especialistas de la salud.
El Parlamento Europeo debatirá en sesión plenaria el martes 15 en su sede de Estrasburgo el Reglamento del Registro, Evaluación y Autorización de Sustancias Químicas (REACH, por sus siglas en inglés), cuyo objetivo principal es el control de más de 30.000 sustancias químicas para prevenir, advertir y evitar efectos negativos sobre la salud.
Uno de los temas más controvertidos será el traslado de la responsabilidad de ese control a las firmas, planteo que grupos de la sociedad civil y de sindicatos apoyan, a la vez que piden que se les reconozca el derecho de participar en el mismo, dijo a IPS Joaquín Nieto, secretario confederal de Salud Laboral y Medio Ambiente de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, una de las dos centrales mayoritarias de España.
La demanda de las organizaciones no gubernamentales (ONG) y de sindicatos fue apoyada este viernes por medio millar de profesionales de la sanidad, quienes firmaron un manifiesto a favor del Reglamento REACH, que fue presentado en rueda de prensa por Juan Antonio Ortega García, coordinador del Comité de Salud Ambiental de la Asociación Española de Pediatría.
Ortega García estuvo acompañado en la presentación por Nieto, diputado europeo por el Partido Verde David Hammerstein, y por Vicente Moreno, responsable de la Campaña de Químicos de la ONG Ecologistas en Acción.
Además respaldaron el acto las organizaciones no gubernamentales Greenpeace, Adena y Amigos de la Tierra. A su vez, Cándido Méndez, secretario general de la Unión General de Trabajadores y de la Comisión Europea de Sindicatos, señaló a IPS que esas entidades respaldan totalmente el manifiesto.
Nieto considera muy importante que el primer control lo efectúen las empresas, "las que deberán dar información antes de lanzar los productos al mercado, presentando los informes ante las autoridades competentes". Además, las ONG y los sindicatos apoyan que se monte una agencia europea para coordinar ese control, en la que esos grupos estén representados, añadió.
Hammerstein indicó a IPS que "Europa tiene la oportunidad histórica de defender la vida de millones de personas con una legislación pionera de salud preventiva". Pero, añadió, para poder hacerlo "hay que unir fuerzas y resistir la actividad de grupos de presión de las industrias, que ponen sus ganancias por encima de la salud pública".
Al respecto, puntualizó que "la industria química europea es todo-poderosa y sus compañías están presionando para que el REACH no salga adelante en el Parlamento, esta es una de las más duras batallas que estamos librando".
Agregó que la industria alemana se opone "con uñas y dientes", con el apoyo del gobierno, lo que es grave tanto por la fuerza de ese país en la Unión Europea como por ser su industria química la más fuerte del continente.
Por otro lado, el catedrático de la española Universidad de Granada Nicolás Olea subrayó la necesidad de que las pruebas sobre el efecto nocivo o no de cualquier sustancia química sean presentadas por el fabricante antes de ponerla en circulación, pues "constatar la nocividad posterior puede hacerse evidente muchas veces después de varios años de uso".
El científico explicó que existen compuestos químicos que son contaminantes del ambiente y que "una vez en el organismo humano modifican el equilibrio hormonal, pudiendo conducir a trastornos que son visibles a largo plazo en el individuo afectado o incluso en su descendencia". Por esa razón sostiene que los estudios deben ser hechos a largo plazo y transgeneracionales.
En el manifiesto presentado este viernes se deja constancia de la falta de información toxicológica y de la exposición a sustancias no sujetas a regulaciones y presentes en los lugares de trabajo y en una amplia gama de bienes de consumo.
También se señala que, al recaer en la actualidad la carga de la prueba sobre la administración pública, ésta debe demostrar la existencia de daños antes de disponer la adopción de medidas preventivas, lo que puede atrasarlas por años.
Asimismo, destaca que existe un uso continuado de sustancias químicas con propiedades peligrosas, cancerígenas, mutagénicas o tóxicas para la reproducción. Y, sobre todo, la ausencia de normas que aborden el riesgo químico a lo largo de todo el ciclo de vida de las sustancias.
Ante ello, plantean que el Reglamento disponga que se registren con información suficiente sobre seguridad química, test de toxicidad y ecotoxicidad, sobre todas las sustancias existentes en el mercado y, en particular, las que se producen por más de una tonelada al año.
En el escrito también se demanda que se apruebe el principio de sustitución, que permitirá eliminar del mercado las sustancias de gran peligrosidad (como los disruptores endocrinos) que tienen alternativas seguras y que se establezca un mecanismo de validación que garantice la calidad de la información en todas las fases del sistema productivo.
Las ONG y sindicatos reclaman que se garantice la transparencia en la toma de decisiones, el acceso de todas las partes interesadas a la información y se facilite el flujo de la misma a lo largo del ciclo de vida de los productos y artículos de consumo.
Otra demanda es que se asegure que los productos importados que contengan sustancias químicas queden sometidos a los mismos requisitos informativos que los producidos en la Unión Europea.
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