Organizaciones ecologistas de consumidores advirtieron que la ley sobre control de productos químicos aprobada este jueves por el Parlamento Europeo representa graves riesgos para el ambiente y la salud humana.
La rama legislativa de la Unión Europea (UE) aprobó en su sede en Estrasburgo la ley denominada de Registro, Evaluación y Autorización de Químicos (conocida por sus siglas en inglés, REACH) por 407 votos a favor contra 155.
Pero minutos después de la votación, ambientalistas apelaron en público a los gobiernos de los países de la UE para que anularan la norma, que aún debe ser sometida a su aprobación.
El proyecto tiene el objetivo de proteger a la población y al ambiente de efectos adversos de los productos químicos que se encuentran en una amplia gama de artículos de consumo masivo, como pinturas, detergentes, automóviles y computadoras.
Si se ratifica la ley, unas 30.000 sustancias deberán registrarse en una flamante agencia especial de la UE con sede en Helsinki, a cargo de administrar el nuevo sistema.
Las empresas deberán demostrar que las sustancias que emplean no suponen un riesgo para la salud humana y el ambiente. Deberán someter la información en respaldo de sus declaraciones. Eso requerirá, en muchos casos, costosos y complejos análisis.
Los productos ya aprobados serán sometidos a análisis más modernos y rigurosos. Aquellos que no pasen las nuevas pruebas serán prohibidos.
La ley tendrá un gran impacto en miles de compañías de todo el planeta que utilizan productos químicos o los elaboran, pues se aplicará también sobre los bienes que se importen desde países ajenos a la UE.
Las nuevas normas, que estuvieron en debate durante más de dos años, incluyen medidas drásticas sobre el uso de animales de laboratorio para analizar el efecto de nuevos productos químicos.
La industria ha presionado con dureza a los europarlamentarios para atemperar el proyecto, con el argumento de que peligran puestos de trabajo. Pero ambientalistas y defensores de los derechos de los consumidores alentaban regulaciones más rigurosas.
El Partido Popular Europeo y el Grupo Socialista, principales formaciones políticas en el Parlamento Europeo, lograron la semana pasada un acuerdo de transacción.
Según el acuerdo, que plasmó el plenario del Parlamento este jueves, la ley ordena el análisis de la importación o producción de al menos 10 toneladas de una sustancia, en lugar de una tonelada, como proponía el proyecto de la Comisión Europea, rama ejecutiva de la UE.
Organizaciones ambientalistas como Greenpeace Internacional y Amigos de la Tierra admitieron este jueves que el paso tomado por el Parlamento Europeo fue un paso adelante hacia el reemplazo de sustancias químicas peligrosas por alternativas más seguras.
Pero los activistas y expertos de estas instituciones advirtieron que miles de productos podrían ser utilizados, aún con la norma en vigencia, sin que se ordene la información de los riesgos sanitarios o de seguridad.
La ley REACH "no atenderá la necesidad de protección sanitaria y ambiental que el público necesita, pues dejaría miles de productos químicos sin datos básicos de toxicidad", indicaron Greenpeace y Amigos de la Tierra en una declaración conjunta.
Estas organizaciones también condenaron la decisión de debilitar las pruebas de seguridad requeridas para todos los productos químicos cubiertos por la norma.
Greenpace y Amigos de la Tierra advirtieron que la falta de previsiones sobre información acerca de estas sustancias imposibilitará su identificación sistemática, así como el reemplazo de las más peligrosas, uno de los principales objetivos de la ley REACH.
"En la actualidad no disponemos de datos básicos sobre el impacto ambiental y sanitario de 90 por ciento de las sustancias", aseguraron.
Amigos de la Tierra criticó la "suavización de los requisitos de registro" adoptada, según ambientalistas, por presiones de la industria química.
"Después de la intensa presión de la industria química, la ley REACH como está formulada hoy no es nada más que un vago recordatorio de su redacción original", dijo a IPS Aleksandra Kordecka, directiva de esa organización.
"La adopción de enmiendas propuestas por la industria significará que el proyecto de reformas será un completo fracaso, y 87.500 productos químicos continuarán sin ser analizados", se lamentó la activista.
