La autoinmolación del activista Francisco Anselmo de Barros «para salvar el Pantanal», un ecosistema húmedo del centro-oeste de Brasil que se extiende a Bolivia y Paraguay, marcó un trágico giro en la lucha ambientalista en este país.
La ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, llevó este martes su solidaridad a la familia de Barros y afirmó su disposición de impedir, incluso por acciones judiciales, la implantación de la agroindustria cañera dentro o en áreas limítrofes del Pantanal.
El activista, de 65 años, se prendió fuego al estilo de los bonzos asiáticos (monjes budistas) el sábado pasado, al final de un acto de protesta de centenares de personas en Campo Grande, la capital del estado de Mato Grosso do Sul, contra la instalación de destilerías de alcohol y centrales azucareras en esa vasta área que piden sea protegida.
Con quemaduras en todo su cuerpo, Barros murió el domingo dejando atrás tres décadas de militancia como creador de la Fundación para la Conservación de la Naturaleza de Mato Grosso do Sul, una de las primeras organizaciones ambientalistas brasileñas.
Hay normas ambientales que prohíbe tal actividad económica en las cuencas hidrográficas que componen el Pantanal, también protegido por la Constitución brasileña que lo reconoce como un Patrimonio Natural Nacional, recordó la ministra Silva.
La reacción al sacrificio de Barros fue de "incredulidad", porque nadie, ni su mujer, observó ningún indicio anterior de la decisión premeditada de suicidarse a lo bonzo, dijo a IPS Alcides Faria, director ejecutivo de Ecología y Acción (ECOA), con sede en Campo Grande y que ejerce la secretaría ejecutiva de la coalición Ríos Vivos, una red mundial de 300 organizaciones.
Barros dejó más de una docena de cartas a familiares, amigos y a la prensa, llamando a los ambientalistas a "continuar la lucha" y explicando que se inmolaba "como única forma de despertar el pueblo".
"Como no tenemos votos para salvar el Pantanal, daremos la vida para salvarlo", concluye una de sus cartas, refiriéndose al proyecto de ley que tramita en la Asamblea Legislativa estadual y podrá autorizar la agroindustria de la caña de azúcar en el ecosistema.
Dueño de la tradicional revista local Ejecutiva, este empresario era conocido por su sensatez, nada que haría prever un gesto tan extremado, señaló Faria. "Es el primer caso de inmolación por razones ambientales que conozco", acotó.
Su actitud sorprendió, pero puede estar indicando una tendencia a gestos cada vez más extremados en defensa de ecosistemas amenazados, ante la impotencia de los movimientos ambientalistas que frustra la aguda convicción de que la vida futura está en riesgo.
Un mes y medio atrás, el obispo católico Luiz Flavio Cappio cumplió 11 días de huelga de hambre, lapso en el cual amenazó con seguir en esa actitud hasta la muerte, con el fin de obligar al gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva a interrumpir el proyecto de transposición de las aguas del río San Francisco a zonas semiáridas del nordeste del país.
La promesa del presidente Lula de reabrir el debate público sobre el proyecto disuadió el prelado, pero igual anunció que volvería al ayuno si el gobierno inicia las obras de transposición sin asegurar las medidas que evitarían la "muerte" del río que cruza la parte centro-oriental de Brasil.
En una de sus cartas de despedida, Barros recuerda precisamente la transposición del río San Francisco, la penetración de las siembras con semillas genéticamente modificadas y la deforestación de la Amazonia frente a un "gobierno impasible", como otras agresiones ambientales que amenazan "hundir el barco".
Los mártires ambientales en Brasil habían sido hasta ahora producto de ataques de terratenientes. Los casos más notorios son los de Francisco "Chico" Mendes, creador de las reservas extractivas amazónicas y muerto en 1988 en el estado de Acre, y la misionera estadounidense Dorothy Stang, asesinada en febrero de este año en Pará, otro estado amazónico.
Ambos eran también líderes de luchas sociales en favor de "pueblos forestales" y campesinos sin tierra.
Pero otros casos locales, de escasa repercusión nacional y menos internacional, se multiplicaron en los últimos años. Sólo en el estado de Río de Janeiro, por lo menos cuatro ambientalistas fueron asesinados desde 1992.
El último, Dionisio Ribeiro Filho, murió por defender la Reserva Ecológica de Tinguá, cerca de la ciudad de Rúo de Janeiro.
Los conflictos por la tierra, que involucran cuestiones ambientales, también provocaron muchas muertes violentas, especialmente de indígenas y líderes campesinos.
El Pantanal matogrossense, que ocupa un área de 210.000 kilómetros cuadrados (cuatro veces la extensión de Costa Rica), enfrenta otras amenazas, como la implantación de un polo siderúrgico en su corazón y la construcción de la llamada hidrovía Paraguay-Paraná, que exigiría dragados y alteraciones en el río Paraguay, eje del ecosistema, señaló Faria.
El gobernador de Mato Grosso do Sul, José Orcirio Miranda, defiende su proyecto diciendo que las destilerías y las centrales azucareras se instalarían fuera del Pantanal, con nuevas tecnologías que evitan escape de contaminantes.
Pero industrias instaladas, aunque pequeñas, instaladas cerca de las nacientes representarían "cortar las venas del cuerpo" de una área donde "el agua es su esencia", contrarrestó Faria. Además, el proyecto liberaría el cultivo de caña dentro del Pantanal, acotó.
La industria que abastece millones de automóviles que usan el alcohol como combustible en Brasil se desarrolló principalmente en el estado de Sao Paulo, después de la crisis mundial del petróleo de 1973, y responde por buena parte de la contaminación o muerte de muchos ríos, derramando vinasa y otros subproductos.
