Un tribunal penal especial encargado de juzgar crímenes de guerra en Sierra Leona se quedará sin dinero el año próximo a menos que se recauden 25 millones de dólares para mantenerlo en funcionamiento.
En un intento por impedir que eso ocurra, la vicesecretaria general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Louise Frechette, urgió a los países miembros a hacer donaciones.
"Al hacerlo, los estados dejarán en claro que quienes cometan crímenes atroces contra el derecho internacional, estén donde estén, deberán rendir cuentas de sus actos ", dijo.
El Tribunal Especial para Sierra Leona fue establecido en enero de 2002 por un acuerdo entre la ONU y el gobierno de ese país de África occidental.
Su objetivo es procesar a "personas que tengan la mayor responsabilidad en graves violaciones al derecho humanitario internacional" cometidas en ese país desde el 30 de noviembre de 1996, fecha del Acuerdo de Paz de Abidján entre el gobierno de Sierra Leona y el rebelde Frente Unido Revolucionario (RUF, por sus siglas en inglés).
El conflicto fue uno de los más brutales de la región e involucró violaciones, amputación de miembros y otras atrocidades contra civiles. El RUF aterrorizó a Sierra Leona durante una guerra civil en que los insurgentes obtuvieron fondos del tráfico ilegal de diamantes, facilitado por el ex presidente de Liberia, Charles Taylor (1997-2003), hoy exiliado en Nigeria.
Taylor, sobre quien pesan 17 cargos relativos al apoyo de insurgentes y a la provisión de armas y entrenamiento al RUF, está bajo protección del gobierno nigeriano, que se niega a entregarlo.
"Por el momento sólo podemos actuar diplomáticamente, porque el Tribunal no tiene ningún poder para obligar a Nigeria a entregar al señor Taylor", declaró Desmond Silva, fiscal principal de la corte.
Según Silva, es probable que el Tribunal complete su tarea dentro de los próximos 18 meses.
Aunque 11 acusados ya fueron procesados, todavía falta capturar a dos sospechosos clave: Johnny Paul Koroma, ex líder del Consejo Revolucionario de las Fuerzas Armadas, y el propio Taylor.
El Tribunal fue fundado a partir de contribuciones voluntarias realizadas hasta el fin de 2004. En junio de 2005, la Asamblea General de la ONU otorgó 20 millones de dólares para complementar los recursos financieros de la corte los primeros seis meses de este año, y autorizó otros 13 millones de dólares para cubrir los gastos de la segunda mitad de 2005.
Pero el 1 de enero de 2006, el Tribunal volverá al régimen de contribuciones voluntarias. Según el juez Robert Vincent, se necesitarán 25 millones de dólares para financiar las actividades del tribunal el año que viene.
"Hemos sido testigos de un fuerte apoyo hoy, así que estamos muy esperanzados de que nos aproximaremos a esa suma en las próximas semanas y meses", dijo en una conferencia de recaudación de fondos celebrada en la ONU la semana pasada.
Además de la Comisión Europea (órgano ejecutivo de la Unión Europea), 14 estados miembros de la ONU ya prometieron hasta nueve millones de dólares.
La mayor donación, de 3,5 millones de dólares, provino de Gran Bretaña, seguida por Canadá, con 1,7 millones, y Holanda, con 1,2 millones. Otros países que se comprometieron durante la conferencia fueron Dinamarca, Australia, Bélgica, Noruega, Turquía, Finlandia, Alemania, Italia, Grecia y Suecia.
Vincent señaló que Estados Unidos también ha sido uno de los mayores contribuyentes y partidarios del Tribunal Especial, y que ya aportó 22 millones de dólares.
"Y esperamos totalmente que Estados Unidos sea de nuevo el mayor contribuyente a este Tribunal", dijo. "Ya tenemos un indicio de que contribuirá este año".
Daudi Ngelautwa Mwakawago, representante especial de la Secretaría General para Sierra Leona, dijo en conferencia de prensa que la ONU cumplió con creces los objetivos de seguridad que se planteó hace seis años.
La misión de la ONU en Sierra Leona, que una vez fue de 17.000 efectivos militares, hoy se redujo a 2.000. Desde que se consolidó la paz en 2002, el gobierno ha desarmado a 70.000 combatientes y casi 9.500 policías han sido entrenados y equipados.
"Lo importante de todas las cuentas y la publicidad que los juicios han recibido en el país es que la cuestión de la impunidad ahora está siendo desafiada, lo que constituye una contribución significativa del Tribunal", dijo Mwakawago a IPS.
Otra conferencia para recaudar fondos para Sierra Leona se llevará a cabo en Londres a fines de noviembre. La ONU estima que el país necesita 1.700 millones de dólares para comenzar a afrontar problemas como la pobreza y la corrupción.
Mwakawago expresó su preocupación por el desempleo de 40 por ciento y el analfabetismo de 70 por ciento, especialmente entre personas jóvenes, muchas de las cuales fueron apresadas en la guerra civil.
"No podemos continuar preservando la paz; ahora necesitamos construir la paz", señaló Mwakawago. "Ahora el país está pronto para la próxima fase de desarrollo", opinó.
La libertad de prensa es otro tema caliente en Sierra Leona. El gobierno apresó al periodista Paul Kamara, acusado de ser un "difamador sedicioso" por escribir artículos que criticaban al presidente Ahmad Tejan Kabbah (en el poder desde 1996).
El 5 de octubre de 2004, Kamara fue juzgado y enviado a la prisión Pademba Road, en Freetown, para cumplir una condena de dos años. Organizaciones defensoras de la libertad de prensa, tanto locales como internacionales, solicitaron reiteradamente su liberación.
"El gobierno del presidente Kabbah no debería mantener en prisión a Paul Kamara un solo día más", dijo Ann Cooper, directora ejecutiva del Comité de Protección a los Periodistas, con sede en Nueva York.
"Sierra Leona es uno de los muy pocos países de África que ha sentenciado a un periodista a prisión por hacer su trabajo. Esto no es lo que uno espera ver en un país democrático", agregó.
