El gobierno que asuma el 11 de marzo de 2006 en Chile tendrá que afrontar, como cuestiones clave para completar la democratización del país, el cambio del sistema binominal de las elecciones legislativas y el postergado reconocimiento constitucional a los indígenas.
Está gestándose una clara mayoría a favor de la reforma electoral entre la hoy gobernante coalición de centroizquierda y sectores liberales de la oposición derechista. En cambio, no hay señales claras de consensos ni de voluntades políticas para ampliar en los marcos normativos los derechos de las minorías étnicas.
Según el presidente Ricardo Lagos, las últimas reformas constitucionales que promulgó el 17 de septiembre cambiaron de manera tan radical la Carta política aprobada mediante referéndum el 11 de septiembre de 1980 bajo la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990), que ahora corresponde hablar con propiedad de "la Constitución de 2005".
Distinta es la visión de la izquierda extraparlamentaria, conformada, entre otros, por el Partido Humanista, cuyo presidente, Efrén Osorio, dijo a IPS que "en Chile no hay una democracia desarrollada, normal, participativa, sino una democracia absolutamente formal y muy excluyente", aún con las últimas reformas constitucionales.
La nueva ley fundamental hizo desaparecer los que se consideraban últimos enclaves autoritarios heredados del pinochetismo. Suprimió nueve cargos de senadores designados, que incluían a cuatro militares, y eliminó asimismo la figura de los senadores vitalicios, que correspondía a los ex jefes de Estado.
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Las enmiendas restituyeron al presidente de la República la facultad soberana de nombrar y remover a los mandos superiores de las Fuerzas Armadas, restringieron también la influencia del Consejo de Seguridad Nacional, que pasa a ser un organismo esencialmente asesor, y reforzaron las facultades fiscalizadoras de la Cámara de Diputados.
Otro aspecto fundamental, entre los 58 cambios constitucionales, es la rebaja el mandato presidencial de seis a cuatro años. Una norma que entrará plenamente en vigencia, al igual que la relativa a la composición del Senado, el 11 de marzo del año próximo, cuando se instalen el nuevo gobierno y el nuevo Poder Legislativo.
Todas las encuestas de intención de voto para las elecciones presidenciales del 11 de diciembre, simultáneas a las legislativas, indican que la socialista Michelle Bachelet, candidata única de la centroizquierdista Concertación por la Democracia en el gobierno desde marzo de 1990, será la primera mujer en ocupar la presidencia del país en 195 años de vida republicana.
Sus rivales en los comicios son el conservador Joaquín Lavín, el liberal Sebastián Piñera, ambos de la oposición derechista, y Tomás Hirsch, del pacto Juntos Podemos Más, una alianza de los partidos Comunista y Humanista y otros grupos menores de izquierda.
Está pendiente aún la posible candidatura del líder mapuche Aucán Huilcamán, werkén (portavoz) del Consejo de Todas las Tierras, quien reunió 39.000 firmas de adherentes para presentarse como independiente, casi 4.000 más de las requeridas. Pero el Servicio Electoral reconoció sólo 1.399 de las firmas presentadas por Huilcamán porque el resto no estaban autentificadas ante notario, como establece la ley en los casos de candidaturas sin respaldo de al menos dos partidos legalizados, un requisito considerado otro factor de discriminación de las minorías y, en particular, de los indígenas.
En diciembre corresponde renovar los 120 escaños de la Cámara de Diputados y 20 de los 38 cargos del Senado, en comicios que seguirán regidos por el sistema binominal, que consiste en elegir sólo dos cargos en cada uno de los 60 distritos de diputados y de las 19 circunscripciones de senadores.
Esto discrimina a las minorías, en tanto estimula la creación de grandes coaliciones, como la Concertación por la Democracia, conformada por los partidos Demócrata Cristiano, Socialista, Por la Democracia y Radical Socialdemócrata, y la derechista Alianza por Chile, constituida por la Unión Demócrata Independiente y el Partido Renovación Nacional.
En Chile existe así una suerte de "bipartidismo camuflado", que excluye del Congreso legislativo a las fuerzas de izquierda, que en los comicios municipales de diciembre de 2002 demostraron tener un apoyo del electorado del orden de ocho por ciento.
Lagos lamentó la falta de consenso para sustituir el binominalismo por un sistema más equitativo, basado en la proporcionalidad, pero valoró el acuerdo que despojó a la normativa electoral del rango de ley constitucional, lo cual hará más expedita su reforma en el futuro, al no ser necesario un quórum legislativo de dos tercios para cambiarla.
"Nosotros estamos luchando para que se derogue el sistema binominal", dijo Osorio a IPS. "El sistema bipartidista que aquí en Chile se expresa como binominalismo contribuye a generar una casta de políticos alejados de la realidad y del sentir mayoritario del pueblo", indicó el líder del Partido Humanista.
Ena von Baer, investigadora del Instituto Libertad y Desarrollo, vinculado a la Alianza por Chile, dijo a IPS que "se comete un error técnico cuando se dice que el sistema binominal es poco democrático. Lo que sí, es un sistema poco proporcional", admitió.
La experta explicó que el actual mecanismo cumple requisitos democráticos, como posibilitar elecciones limpias, libres y transparentes, que además aporta "una ganancia en efectividad", que se traduce en "gobernabilidad del sistema político", gracias a que se legitiman corrientes mayoritarias al posibilitar dos grandes coaliciones.
"Si pensamos en pasar a un mecanismo proporcional, lo que vamos a generar es un sistema que, claro, va a ser más representativo, pero vamos a perder efectividad, o sea, vamos a perder gobernabilidad del sistema político", sentenció Von Baer.
No obstante este tipo de balances, las correlaciones de fuerzas políticas apuntan a que los siguientes comicios legislativos, a partir de diciembre de 2009, se darán bajo un sistema de representaciones proporcionales, que implicará aumentar los escaños legislativos o reformar su actual distribución.
En cambio, la ausencia de un reconocimiento constitucional de "la plurietnicidad de la sociedad chilena" es uno de los ámbitos donde se demuestra que "la democracia que tenemos es muy incompleta", señaló a IPS el abogado José Aylwin, del Instituto de Estudios Indígenas de la Universidad de La Frontera, en Temuco, 670 kilómetros al sur de Santiago.
El experto, hijo del ex presidente Patricio Aylwin (1990-1994), recalcó que para los indígenas "no solo es grave la falta de un reconocimiento explícito (constitucional) como pueblo, sino también la falta de un desarrollo legislativo de sus derechos, así como la represión que han sufrido (sus demandas) durante estos últimos años".
El Censo de población de 2002 estableció que alrededor de siete por ciento de los 15,2 millones de chilenos se consideran indígenas, aunque otras estimaciones elevan el porcentaje a 10 por ciento. La etnia más numerosa es la mapuche, concentrada en el sur del país y en Santiago, seguida por los aymaras, que habitan sobre todo en las regiones del norte.
"Para que este país sea realmente democrático tienen que haber una Constitución donde se reconozca a los pueblos indígenas y que nos dé a nosotros acceso a una parte del poder, y eso está cercenado por el sistema binominal", sostuvo en conversación con IPS Luis Ojeda Taucare, vicepresidente de la Asociación Aymara Inti Marka (Pueblo del Sol).
Eliseo Huanca Yucra, de la Corporación Cultural Aymara Pacha Marka Aru (Voz del Pueblo Grande), comentó a IPS que, para corregir la discriminación, hay dos aspectos esenciales: "el reconocimiento constitucional y la ratificación del Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) sobre los derechos de los pueblos originarios".
Marcela Díaz, investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, indicó a IPS que el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas se ve complejo, "porque profundizaría el debate en cuanto al grado de autonomía que ellos pueden tener, su relación con sus territorios ancestrales y su capacidad de control y gestión en esos territorios".
Aylwin recordó que por iniciativa de Lagos se creó la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato, que a fines de 2003 emitió un conjunto de propuestas, donde además del reconocimiento constitucional se planteaban los derechos a la autonomía, la participación y la representación de los indígenas en instancias de tomas de decisiones.
La misma comisión recomendó "un conjunto de derechos territoriales, no sólo el derecho a la tierra, sino también el derecho sobre los recursos naturales", explicó.
"Lamentablemente, la administración de Lagos no acogió las propuestas. Por lo tanto, esa comisión, creada por el actual gobierno, ha señalado una serie de lineamientos que el mismo gobierno no ha cumplido", concluyó el abogado indigenista.
