El anuncio del ex mandatario Alberto Fujimori de que presentará su candidatura a las elecciones presidenciales de Perú en abril de 2006 revela hasta qué punto fueron infructuosos los casi cinco años dedicados por el gobierno de Alejandro Toledo para extraditar al prófugo de la justicia.
A pesar de que el Congreso legislativo suspendió los derechos ciudadanos de Fujimori hasta 2010, y de que el Tribunal Constitucional ratificó que no podía postularse a la jefatura de Estado, el ex gobernante (1990-2000) afirma en su página de Internet, en la que escribe a diario desde Japón, que retornará a Lima "en una fecha que sorprenderá a todos".
¿Cómo hará para volver si en las oficinas de Interpol (Policía Internacional) de todo el mundo, Fujimori tiene una ficha con su fotografía e identidad y una orden de detención emitida por la justicia peruana? El prófugo no lo dice. Sólo afirma que estará en Lima y ganará las elecciones.
Sobre la cabeza del ex mandatario penden muchas acusaciones, tanto de actos de corrupción como de violaciones de derechos humanos perpetrados durante su régimen.
Desde que escapó a Japón siendo aún presidente, el Estado peruano sólo ha conseguido presentar dos expedientes de extradición contra Fujimori: uno en 2002, por el asesinato de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta, cometido en 1992 por el grupo Colina de agentes del Servicio de Inteligencia del Ejército, bajo autorización del entonces asesor presidencial Vladimiro Montesinos, ahora preso en Perú.
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El otro expediente, remitido a la justicia japonesa en 2003, es por los 15 millones de dólares con que Fujimori "indemnizó" a Montesinos para que éste se fugara en 2000 a Panamá, cuando se descubrió un vídeo que registraba el momento en que el asesor pagaba un soborno a un legislador. El dinero fue extraído de los fondos estatales y nunca fue devuelto.
Pero Japón no contestó oficialmente si concedería o no la extradición, colocando en situación difícil al gobierno de Toledo, quien llegó al poder prometiendo que lograría el regreso de Fujimori a Perú para que respondiera ante un tribunal por los delitos cometidos.
"Sólo queremos saber si lo van a juzgar en Japón, o si no lo van a hacer. Entonces, iniciaremos una acción ante el tribunal de La Haya", dijo a IPS una fuente del despacho del ministro de Justicia, Alejandro Tudela.
Aparte de esos expedientes, la justicia peruana se prepara para presentar otros siete ante los tribunales nipones.
Pero quien fue procurador (fiscal) del conjunto de casos Fujimori-Montesinos en el periodo 2003-2005, Luis Vargas Valdivia, estima que el problema no es la cantidad de pedidos de extradición que se formulen, sino la voluntad política de Tokio.
"¿Qué objeto tiene enviar al Japón más cuadernillos de extradición cuando es evidente que no hay respuesta, y que no hay interés del Japón por contribuir? Así le remitamos una veintena de expedientes, nos van a decir que no", dijo Vargas a IPS.
Mientras, Fujimori ha recuperado el poder de iniciativa.
Primero, logró que una radioemisora capitalina difundiera cada sábado y en todo el país el programa "La Hora del Chino", como se lo conoce en este país por su origen asiático, que el ex mandatario utiliza para sus campañas y para atacar al régimen.
Luego, en lo que representó una verdadera victoria sobre Toledo, consiguió que el Canal 7 de televisión, administrado por el Estado, propalara un mensaje que envió desde Japón aprovechando un espacio libre para los partidos políticos. Lo hizo en una hora de máxima audiencia en todo el territorio nacional.
A continuación, y aunque está comprobado que adoptó la nacionalidad japonesa, se presentó en el Consulado de Perú en Tokio y obtuvo su Documento de Identidad Nacional y después un pasaporte, que lo acreditan como peruano.
La ambivalencia de nacionalidades es manipulada por Fujimori, cuya familia es de origen japonés. Y el gobierno de Toledo cayó en el juego. Por eso, el ex presidente se muestra seguro de regresar no para ir a la cárcel sino al Palacio de Gobierno.
Pero en Lima lo esperan otros procesos.
El juez de la Corte Suprema de Justicia encargado de sus procesos, José Luis Lecaros, dijo que tres casos serán activados inmediatamente si el ex presidente pisa territorio peruano.
Esos procesos son por haber abandonado la Presidencia, por haber contribuido a la fuga de Montesinos a Panamá, y por haber ingresado ilegalmente a la casa de su asesor para llevarse los vídeos y grabaciones que su polémico colaborador registraba para chantajear a empresarios, políticos, congresistas y periodistas.
Otro magistrado encargado del caso, Hugo Molina Ordóñez, informó a IPS que en su despacho sólo quedaba un proceso pendiente sobre Fujimori por haber utilizado dos millones de dólares de fondos del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) para financiar las actividades de la Casa Militar de Palacio de Gobierno, por el cual podría ser condenado a seis años de prisión.
Según Lecaros, están judicialmente probados los delitos perpetrados por Fujimori, a tal punto que el abogado defensor del ex mandatario, César Nakasaki, reconoció que su cliente no era un perseguido político. "Lo afirmado por Nakasaki demuestra que los juicios no tienen motivación política sino penal", señaló el juez.
Preguntado por IPS si los cinco años de procesos han sido inútiles, Lecaros respondió: "En este tiempo se han acumulado pruebas que indicarían que existe responsabilidad del ex presidente, pero eso se verá cuando él se presente ante los tribunales".
El magistrado no quiso opinar sobre el proceso de extradición tramitado por el gobierno, por ser "una materia política en la que no intervengo".
Fernando Olivera, quien ejerció como canciller durante unos días en este año y debió renunciar por un escándalo político, dijo a IPS que en su breve gestión pidió un informe detallado sobre los trámites de extradición.
"Los resultados son lamentables. No ha habido decisión política para convertir ese objetivo como una prioridad de Estado. Ni siquiera hay dinero para financiar la traducción al japonés de los expedientes que se encuentran pendientes de ser remitidos a Tokio. Fujimori se ríe de todo eso", afirmó Olivera.
En una conferencia de prensa en Tokio días atrás, el reo ausente dijo: "No me han probado hasta ahora que me he enriquecido. No tengo cuentas ni aquí ni en otros países. Estoy listo para postular a la Presidencia. Hay un alto porcentaje del país que quiere mi retorno".
El ex procurador adjunto del caso Fujimori-Montesinos, Eduardo Dargent, quien participó en la preparación de uno de los expedientes entregados a las autoridades niponas, dijo a IPS que el procedimiento podría ser más ágil si se formara un equipo especializado y dedicado a la extradición.
"Para pedir la extradición primero tiene que haber una aprobación del Congreso (legislativo). Luego, la fiscalía formula la acusación. Después, la Corte Suprema de Justicia debe pronunciarse si procede o no. Seguidamente, el expediente pasa a la cancillería, y luego, se contrata a los traductores, quienes se toman un buen tiempo para hacer su trabajo. Todo esto no se hace en una semana", explicó Dargent.
Ni siquiera "se ha establecido una diferencia entre los casos de mayor y menor gravedad, y se ha remitido todo lo que se encontraba", añadió.
A su juicio, "las autoridades peruanas no tienen experiencia en procesos de extradición", por tanto, "se han enviado a Japón voluminosos expedientes con documentación genérica en lugar de remitir una sustentación relevante, y punto. Se requiere un cambio radical de los procesos de extradición", opinó.
Esto explicaría la tardanza paquidérmica del gobierno peruano por conseguir la captura y entrega de Fujimori. Mientras, en Lima, sus partidarios están convencidos de que llegará y triunfará. El "Chino" se convierte en una amenaza.
