Viven tan atemorizados que no se atreven a abandonar el perímetro urbano. Periódicamente las amenazas de muerte se renuevan, por si acaso a alguno le pueda parecer que el peligro ha desaparecido. Son periodistas en medio de la guerra civil en Colombia.
Tras recibir amenazas colectivas en 2003, 16 periodistas de los principales medios del oriental departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela y rico en petróleo, fueron incluidos por el gobierno en el programa de protección y los trasladó a Bogotá, a instancias de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP).
El programa estatal de protección a periodistas los apoyó económicamente por tres meses y, un tiempo después, 12 de ellos regresaron a Arauca, donde habían dejado a sus familias.
Entonces el gobierno les dio dos camionetas, con dos escoltas cada una, para transportarse. Así, estos periodistas tuvieron que renunciar a obtener exclusivas.
"Tenemos que ir detrás de la noticia en grupos", explicó en una rueda de prensa en Bogotá Ángel María León, presidente de la Asociación de Periodistas de Arauca y corresponsal del diario bogotano El Tiempo. "Es muy difícil acostumbrarnos a andar hasta ocho periodistas en un sólo vehículo", comentó.
En Arauca es zona de enfrentamiento entre las guerrillas izquierdistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el menos numeroso Ejército de Liberación Nacional (ELN), ambos surgidos hace más de 40 años, con los ultraderechistas paramilitares y las fuerzas de seguridad del Estado.
También en ese sitio está apostada una brigada especial del ejército promovida y financiada por Washington para custodiar el oleoducto Caño LimónûCoveñas, que transporta el petróleo de la firma transnacional estadounidense Occidental Petroleum desde Arauca hasta la noroccidental costa colombiano del mar Caribe, un blanco predilecto de los guerrilleros.
En la misma rueda participaron periodistas del noroccidental departamento de Sucre, con vastas áreas bajo control paramilitar, del puerto de Buenaventura, el principal sobre el océano Pacífico y disputado por los bandos irregulares, y de Florencia, capital del sureño departamento de Caquetá, escenario de la ofensiva del Plan Patriota financiado y asesorado militarmente por Estados Unidos.
La conferencia fue citada el sábado por el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), una organización no gubernamental con sede en Nueva York, para presentar el informe especial "Colombia: Historias no ContadasûAmenazados por todos los actores del conflicto, los medios de Colombia se autocensuran".
En el estudio elaborado por el periodista estadounidense Chip Mitchell, radicado en Colombia desde hace dos años, con la colaboración de Frank Smyth, del CPJ, se describe la realidad de las regiones donde actúan y las dificultades para ejercer el oficio.
"Hay temas vedados para nosotros", indicó León, para luego admitir que tienen que autocensurarse. Se debe "dar la noticia hasta determinado punto, no la podemos dar completa, lamentablemente", señaló.
"Entrevistas con decenas de periodistas demuestran cómo los medios y los reporteros en todo el país se autocensuran por temor a sufrir represalias físicas de parte de cualquiera de los actores armados del conflicto", afirma el informe de CPJ.
"Al menos 30 periodistas colombianos fueron asesinados en la última década en cumplimiento de su labor informativa", agrega.
En Arauca fue muerto en 1991 Henry Rojas, corresponsal del diario El Tiempo, un crimen por el cual fueron condenados dos militares que viajaron desde el poblado vecino de Saravena.
A raíz de ello, el estado colombiano fue condenado a indemnizar a la familia del periodista, pero hace un mes el Consejo de Estado, el tribunal supremo de lo contencioso administrativo, reconoció que los archivos con la evidencia, que pesan 50 kilogramos, se perdieron y ahora deben ser reconstruidos.
En 2002 la víctima fue Efraín Varela, de la emisora de radio Meridiano 70. "Su asesinato implicó que nosotros dejáramos de hacer periodismo de denuncia, que se acabara el periodismo investigativo en Arauca, que asuntos como la corrupción se convirtieran en un tema vedado para nosotros", dijo León, quien agregó que tampoco pueden investigar a los políticos.
En marzo del año siguiente fue asesinado el periodista que reemplazó a Varela en la emisora, Luis Eduardo Alfonso. Nueve días después de su muerte llegó la amenaza colectiva.
Las amenazas contra los periodistas han seguido en Arauca. "El hecho de que no las hagamos públicas no quiere decir que no hayan persistido", afirmó León.
Para el CPJ, la autocensura de los periodistas en Colombia "tiene dimensiones internacionales".
El gobierno colombiano del derechista Álvaro Uribe "presiona para que Estados Unidos y Europa financien con (130 millones de dólares) un plan para reinsertar a los paramilitares a la vida civil. Sin embargo, los contribuyentes extranjeros apenas están en condiciones de decidir si el plan conduciría a la paz, siendo que la prensa no se atreve a investigar el tráfico de drogas por los paramilitares ni sus ataques a civiles", advierte el informe.
El CPJ reconoce, a su vez, que "el gobierno colombiano ejerce poco control formal sobre las noticias".
Sin embargo, agrega, "los funcionarios alientan la autocensura (…) al acusar a los periodistas de mantener vínculos con la guerrilla".
El estudio también sostiene que "el Departamento de Estado de Estados Unidos informó sobre una cantidad de casos separados en los cuales la Fiscalía ha tomado escasa o ninguna iniciativa en respuesta a las desapariciones o muertes de abogados, líderes sindicales, periodistas y otras prominentes figuras".
"Tenemos la ciudad por cárcel, sin que tengamos problemas con la justicia. No podemos salir a los municipios a hacer cobertura (…), tenemos que hacer malabares para conseguir información", contó León.
"Para no 'tragar entera' la información de organismos de seguridad y los estamentos oficiales, llamamos a los municipios y nos apoyamos en personeros, inspectores de policía y organizaciones sociales", explicó el profesional.
También contó que en Arauca, "sacar una noticia de las organizaciones sociales, del sector sindical, es delito, prácticamente. Es también estigmatizarse el periodista".
"Vamos a las guarniciones militares exclusivamente cuando nos invitan a una rueda de prensa, (de lo contrario) no podemos ir. Si necesitamos obtener una información, nos toca llamar por teléfono al general o al comandante de la policía, para que no nos vean que frecuentamos las instalaciones militares porque eso nos aumenta el riesgo", relató.
"Arauca es una ciudad que está minada de milicianos de la FARC y del ELN", explicó.
El departamento de Arauca fue escenario durante 23 días de un nuevo llamado 'paro armado' impuesto por la guerrilla y que terminó el viernes pasado. En ese marco, un periodista fue advertido por el ELN de no usar el término 'sicario' para los suyos que cometen asesinatos.
El gobierno de Uribe anunció el martes sanciones contra las empresas de transporte público que no se atrevieron o no quisieron operar sus vehículos.
Pero según León, la huelga "la levantaron, no porque el gobierno los haya presionado (a los guerrilleros), sino porque ya lo consideraron justo (…) y se dieron cuenta de que de verdad la gente estaba empezando a sufrir hambre, porque estaban desabastecidos los siete municipios" en que está dividido el departamento.
La guerrilla hizo suspender "incluso el transporte en Venezuela, que es la salida que tenemos en Arauca hacia Cúcuta (principal ciudad colombiana cerca de la frontera, al nororiente) por carreteras venezolanas", afirmó..
León comentó a IPS que no abriga dudas de que la guerrilla estuvo durante el paro en territorio venezolano, entre 10 y 30 kilómetros frontera adentro, lo que no generó ninguna reacción del gobierno de ese país.
"Ellos dijeron que también mandaban al otro lado y que no permitían el paso de furgones con la mercancía que iba para Arauca. Todas las carreteras quedaron bloqueadas", sostuvo el periodista.
"Por su propia voluntad, la guerrilla levantó el paro. No es porque los hayan presionado ni porque los hayan sometido. Lo levantaron después de dejarnos ocho días sin luz, de tumbar nueve torres de energía, de incinerar siete vehículos, de matar a tres agentes de la policía, de asesinar a un taxista, de dinamitar puentes. Hicieron valer su poderío, de manera que es una situación bastante delicada", dijo León.
Afirmó que las autoridades locales civiles y militares le mintieron al presidente Uribe sobre la real correlación de fuerzas en esta región.
El presidente de la agremiación de periodistas de Arauca no asistió el sábado a un consejo de seguridad ampliado, al cual fue invitado por la oficina de Uribe.
"Porque es muy difícil, si el presidente le pregunta a uno cómo está la situación, que uno tenga que mentir, por temor a las represalias porque ahí están todas las autoridades. Entonces preferí estar acá. Me siento mucho más cómodo acá, que estar en un consejo de seguridad con el presidente de la república", agregó.
