Jefes de gobierno de naciones isleñas de Oceanía aprobaron el Plan Pacífico, programa de desarrollo e integración impulsado por Australia, a pesar de que algunos participantes de la cumbre lo cuestionaron por su supuesto enfoque colonialista.
Ciertos gobernantes, como los del anfitrión, Papúa-Nueva Guinea, y los de Fiji, advirtieron que el programa impone una integración flechada en una sola dirección, en beneficio de los países más desarrollados de la región, Australia y Nueva Zelanda.
Otros miembros del PIF, cuyo secretariado se encuentra en Fiji, son Estados Federados de Micronesia, Islas Cook, Islas Marshall, Islas Salomón, Kiribati, Nauru, Niue, Palau, Samoa, Tonga, Tuvalu y Vanuatu.
Entre otros cuestionamientos, las islas pequeñas del Foro de las Islas del Pacífico (PIF) lamentaron que el esquema las obliga a abrir sus mercados a los bienes y servicios australianos y neocelandeses.
Pero esos dos países no se verán obligados a abrir sus mercados de trabajo a inmigrantes procedentes de las islas, según el Plan Pacífico, formulado por el secretariado del PIF que conduce el australiano Greg Urwin.
Ése fue el meollo de la controversia que dio motivo a la cumbre y que no se logró solucionar.
A su llegada a Puerto Moresby, capital de Papúa-Nueva Guinea, el primer ministro australiano John Howard anunció que su país no abrirá el mercado laboral a trabajadores no calificados.
Sin embargo, la Federación de Agricultores Australianos había solicitado apenas un día antes que se admitiera el ingreso de trabajadores con permiso de trabajo temporal para atender la escasez de mano de obra en época de cosecha.
"Siempre tuvimos serias reservas con esta idea", dijo Howard. "Preferimos la inmigración y la residencia permanentes."
La primer ministra neocelandesa Helen Clarke agregó leña al fuego. "Si se otorgaran permisos de trabajo temporales, nuestra principal preocupación sería asegurarnos de que, al término de la temporada, los trabajadores vuelvan a sus países. Y, obviamente, nuestra primera obligación es hacia nuestra propia gente".
Nueva Zelanda tiene un desempleo casi nulo, pero a la vez sufre escasez crónica de trabajadores durante las cosechas.
Muchos isleños atribuyen la postura de Nueva Zelanda y Australia al racismo, pues cada año esos países otorgan miles de visas a jóvenes europeos, incluso del Este pobre de ese continente, que aprovechan sus vacaciones para trabajar en la agricultura. Muchos de ellos se quedan más allá del vencimiento de sus visas.
"El legado de las políticas coloniales racistas, siempre discriminatorias contra las personas de piel más oscura, podría ser un factor que explica las dificultades de los isleños de Oceanía para entrar en esos dos países", dijo Adi Ema, coordinador del Pacific Concerns Resource Center con sede en Suva, la capital de Fiji.
El Plan Pacífico incluye medidas que deberán implementarse en los próximos tres años, entre ellas la creación de un instituto regional de enseñanza técnica, otro de deportes, una agencia contra la corrupción y un servicio regional de auditoría, la realización de compras de petróleo conjuntas y a granel y el diseño de una estrategia sobre tecnologías de información.
Pero lo más importante es el compromiso para la adopción de de un esquema de permisos de trabajo, calificado de "intercambio de servicios" y a ser incluido en el Tratado Comercial de los Países de las Islas del Pacífico antes de 2008.
Este punto fue consecuencia de la presión ejercida por Papúa-Nueva Guinea y las islas más pequeñas, e interpretado como una concesión de Australia y Nueva Zelanda a objeciones y reclamos.
Pero se trata, sobre todo, de una contrapartida por la apertura de los mercados de los 14 miembros del PIF a los bienes y servicios de los dos países más poderosos.
Antes de la cumbre, Urwin había manifestado que el plan "está pensado para ayudar a las islas del Pacífico a superar los desafíos de la globalización mediante la cooperación regional, y establece metas para lograr el crecimiento económico, un desarrollo sostenido, una buena administración y seguridad".
Pero Rex Horoi, director ejecutivo de la Fundación para los Pueblos del Pacífico Sur, advirtió que el plan fue elaborado sin consultar a las comunidades y las organizaciones populares en toda Oceanía, y que constituyen la mayoría de la población.
"Los únicos consultados fueron los burócratas de las ciudades, funcionarios gubernamentales y grupos pequeños en algunos pueblitos", expresó Horoi en Radio Australia.
Si las organizaciones populares "hubieran ido consultadas, habrían puesto el énfasis en lo que las preocupan, como la vivienda, el acceso al agua, el saneamiento, la salud, la alfabetización de las mujeres y la juventud, el empleo, el ingreso… Ésos son los problemas y las necesidades reales que tiene la gente en las áreas rurales", sostuvo.
Existe un profundo resentimiento en todo el pacífico, especialmente entre las personas de piel más oscura, habitantes de los países de Melanesia como Fiji, Papúa-Nueva Guinea, Islas Salomón y Vanuatu, a raíz de la actitud "neocolonial" del gobierno de Howard.
La "guerra contra el terrorismo" que lidera Estados Unidos desde 2001, y que tuvo en Howard a uno de sus principales socios, alimenta los argumentos para las intervenciones de Australia en los asuntos de los países más pequeños.
Muchos australianos creen que la intervención es admisible puesto que estos países podrían convertirse en una amenaza para la seguridad de Australia, que también manipula la ayuda económica condicionada al despliegue de asesores y fuerzas de seguridad en toda la región.
Numerosos australianos ocupan cargos en distintos puestos de gobierno en Fiji, incluido el jefe de policía.
Tras la llegada de las "fuerzas de intervención" enviadas por Canberra a Islas Salomón en 2003 para ayudar a restaurar la ley y el orden, este país se ha vuelto, de hecho, en una colonia australiana.
Los intentos de penetrar en Vanuatu fueron menos exitosos. En dos ocasiones, este archipiélago expulsó a grupos enteros de la policía australiana acusados de participar en actividades de espionaje e injerencia política.
El año pasado, la Corte Suprema de Papúa-Nueva Guinea consideró inconstitucional el otorgamiento de inmunidad a policías australianos que operaban en ese país. El fallo del tribunal logró poner fin a otro intento intervencionista.
Tras esta decisión, Australia retiró 200 policías, muchos de los cuales se desempeñan ahora en los servicios de inteligencia. Pero 40 de esos efectivos regresaron a Papúa-Nueva Guinea en el marco de un nuevo acuerdo que no les otorga inmunidad.
Muchos críticos creen que la política del gobierno de Howard hacia el Pacífico Sur está motivada por el miedo de la penetración de China y Taiwán en la región. En los últimos años, China aumentó su ayuda económica y sus inversiones en la región, así como su influencia política.
De esta manera, el Plan Pacífico es visto como un "ataque preventivo" frente a una posible dominación de lo que Australia considera su área de influencia o "patio trasero".
El primer ministro de Papúa-Nueva Guinea, Michael Somare, fue uno de los críticos más severos de la postura de Canberra.
"Queremos un plan que sea aceptable para todos los isleños, no planes que sean impuestos desde afuera, y menos por Australia", dijo Somare a la cadena australiana de televisión SBS el mes pasado.
"La intención de ellos es crear un mecanismo para controlar la región entera", agregó.
"Quieren controlar la región así el primer ministro (Howard) puede ir a hablar con el primer ministro de Gran Bretaña y con el presidente de Estados Unidos y decirles que 'en el Pacífico no hay ningún problema, nosotros lo estamos cuidando'. Es esta mentalidad la que está minando la integridad de los pueblos de las islas del Pacífico"
