El acuerdo entre el parlamento y el Poder Ejecutivo de Nicaragua que puso fin a 10 meses de un clima cercano a la ingobernabilidad es insuficiente, y se necesita un amplio diálogo con todos los sectores de la sociedad, afirman activistas y organizaciones civiles.
"Es imprescindible un auténtico diálogo nacional" que abarque todas las reformas y las leyes económicas cuya aprobación apuran las autoridades, dijo a IPS Georgina Muñoz, de la Coordinadora Civil que reúne a 16 organizaciones de todo el país.
Aunque la Ley Marco, votada el 19 de este mes, frenó la lucha de poderes, ese tipo de acuerdos deben ser consultados con la sociedad porque implican conjuntos de normas que afectarán el desempeño democrático del país, explicó.
La Ley Marco pospuso hasta enero de 2007 la entrada en vigor de varias reformas constitucionales adoptadas por la Asamblea Nacional legislativa, pero no reconocidas por el Poder Ejecutivo.
Las reformas, que limitaban los poderes presidenciales para administrar los servicios de agua, telecomunicaciones y energía y para nombrar ministros y embajadores, fueron introducidas a principios de año por el derechista Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y el izquierdista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que controlan el parlamento en oposición al mandatario Enrique Bolaños.
Esas dos fuerzas políticas, por una parte, y el gobierno, por otra, se encuentran enfrascados en una lucha de intereses y presiones que ha agravado la crisis social y económica de este país de 5,4 millones de habitantes.
Aunque el presidente fue electo por el PLC, está enfrentado a la mayoría de ese partido, que sigue los dictados del convicto ex presidente Arnoldo Alemán (1997-2002), condenado a 20 años de prisión por delitos de corrupción y lavado de dinero y que cumple la sentencia en su domicilio.
La iniciativa de la Ley Marco fue presentada por Bolaños, tras alcanzar un acuerdo con el líder del FSLN, el ex presidente Daniel Ortega (1985-1990).
Además de la suspensión de las reformas, ambos políticos acordaron establecer un diálogo nacional, conducido por un representante del sector empresarial y supervisado por el cardenal católico Miguel Obando y Bravo, en calidad de garante, y del diplomático argentino Dante Caputo, representante de la Organización de los Estados Americanos en Nicaragua.
La Ley Marco implica una reforma constitucional similar a la que en 1995 modificó la carta magna de 1987. Pero en este caso se supone que dichas enmiendas serán discutidas en la mesa de diálogo.
También se debatirá en ese ámbito la posibilidad de un referendo para decidir si el país está a favor de un régimen parlamentario o presidencialista, y que se celebraría simultáneamente a las elecciones generales de noviembre 2006.
La participación de la sociedad civil en ese diálogo no está instrumentada. Pero las organizaciones no gubernamentales pretenden introducir allí varias iniciativas.
"Estamos trabajando una propuesta de reformas para que se presente en noviembre. Por ejemplo, que sea más plural la conformación delas juntas receptoras de votos, los consejos municipales, departamentales o nacionales, proceso más claros de cedulación (emisión de documentos de identidad), que las juntas sean conformadas por personas honorables, y no que sean los partidos los que los designen", explicó Muñoz.
Por vía telefónica, Martha Cranshaw, de la Red Nicaragüense de la Sociedad Civil para las Migraciones, reconoció que la crisis institucional afectó todas las áreas de trabajo de la sociedad civil, el flujo de fondos de la cooperación internacional y el funcionamiento del Estado.
Pero "lo que vimos al ser aprobada (la Ley Marco) con 85 votos, sin oposición ni votos en contra, es la forma en que se pone de acuerdo la clase política, pero los problemas de fondo que tienen que discutirse no están ahí".
Con un desempleo de más de 60 por ciento, miles de nicaragüenses se desplazan dentro y fuera del país en busca de trabajo, lo que constituye uno de los problemas sociales más complejos de ese país.
Mientras tanto, el Poder Ejecutivo presiona por aval parlamentario a una serie de medidas económicas exigidas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para firmar un nuevo acuerdo y considerar una condonación de la deuda externa.
Se trata de una reforma fiscal, el código tributario, el presupuesto del año próximo y una nueva ley de bancos. Además, el FMI exigió 25 por ciento de incremento en el precio de la energía eléctrica y no autorizar aumentos de salarios.
La Coordinadora Civil reclama que esas medidas sean discutidas también en el diálogo nacional. Es inquietante que se resuelva según lo que el FMI exige, sin que la ciudadanía tenga conocimiento de lo que se aprueba, porque algunas de esas medidas pueden ser muy impopulares, dijo Núñez.
Si Nicaragua no logra un acuerdo con el Fondo, podría perder la oportunidad de alcanzar una reducción adicional de la deuda externa para los países más pobres, a la que se comprometió el poderoso Grupo de los Ocho (G-8, Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Italia, Japón y Rusia), según Mario Alonso, presidente del Banco Central.
Nicaragua está casi sin recursos fiscales. Tras el acuerdo político, los donantes reaccionaron de inmediato: 89 millones de dólares de asistencia fueron descongelado por el Grupo de Apoyo Presupuestario a Nicaragua, que integran Alemania, Holanda, Gran Bretaña, Noruega, Suecia, Suiza y Finlandia, el Banco Mundial y la Comisión Europea.
De ese monto, el Banco Mundial deberá liberar 35 millones a fines de este mes, cuando se hayan cumplido todos los requisitos, según explicó el representante de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación, Jurg Benz.
Ante la crisis institucional, los donantes redujeron la asistencia para este año de 109 a 89 millones de dólares, mientras para 2006 está comprometido un monto de 88 millones.
"Sabemos que los riesgos se mantienen, pero seguiremos prestando atención a la estabilidad política y macroeconómica, lucha contra la pobreza, respeto a principios democráticos, elecciones libres y transparentes, así como lucha contra la corrupción", dijo Benz.
Pero superar la debacle institucional es apenas el comienzo de un proceso de recuperación de ese país centroamericano.
"Si no se sigue el paso del diálogo nacional, esto será solo un acuerdo más. La posibilidad de ese diálogo tiene que ir más allá de acuerdos entre PLC, FSLN y gobierno, tienen que entrar otros sectores, y además se deben tratar temas esenciales", dijo a IPS Carmen Baltodano, directora ejecutiva del Centro Nicaragüense para los Derechos Humanos.
"Tenemos problemas acuciantes, como la firma del Tratado de Libre Comercio (con Estados Unidos) sin estar preparados para ello. Muchas leyes no han avanzado, como la de biodiversidad y otras en educación, para evitar que la vigencia del tratado nos perjudique", enfatizó.
La Asamblea Nacional aprobó el 12 de este mes el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua y República Dominicana (conocido como CAFTA-RD), que deberá entrar en vigor en enero de 2006.
Agricultores y activistas llevaron a cabo una larga campaña contra el tratado, al que ven como una amenaza para las frágiles economías de la región.
Para Baltodano, Nicaragua debe comenzar a debatir soluciones para el hambre, considerando que 70 por ciento de los nicaragüenses viven con menos de un dólar al día, dijo.
Un estudio de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) determinó que la desnutrición afecta a 27 por ciento de la población, la más elevada de América Central.
"Es alarmante", dijo el representante de la FAO en Nicaragua, Loy Van Crowder, al celebrarse el 16 de octubre el Día Mundial de la Alimentación. Según la agencia de las Naciones Unidas, 50 por ciento de la población nicaragüense vive en la pobreza, una condición que en áreas rurales padecen 60 por ciento de los habitantes.
En este escenario, analistas y activistas de la sociedad civil coinciden en señalar como origen de las turbulencias políticas el pacto entre dos ex mandatarios de signos políticos y trayectorias opuestas: el izquierdista Ortega y el derechista Alemán para controlar los poderes Judicial y Legislativo.
El acuerdo que ahora destraba la crisis parece dejar algunos perdedores: Herty Lewites, ex alcalde de Managua que encabeza un ala disidente del FSLN y concita la mayor intención de voto para los comicios presidenciales, y Eduardo Montealegre, también distanciado de su PLC. Ambos atacaron públicamente el pacto Ortega-Alemán.
Pero además, el entendimiento entre políticos y empresarios, que se expresa en el diálogo nacional debilita a la sociedad civil organizada, que aún debe pelear por un lugar en esa mesa.
