Todo indica que los sunitas votarán en masa por «no» en el referéndum constitucional de este sábado en Iraq, pese a cambios de último minuto introducidos por líderes chiitas y kurdos y a las amenazas de los impulsores extranjeros de la «guerra santa».
La gran cantidad de sunitas cuya presencia en las urnas se aguarda contrasta notoriamente con el exitoso boicot que los partidos representativos de esa comunidad religiosa minoritaria convocaron en las elecciones parlamentarias de enero.
Los orígenes políticos de la campaña para relegar el voto sunita, sin embargo, parecen estar en la raíz de la determinación de este grupo por derrotar la constitución más que apoyar el sistema político existente.
Aunque no hay una estimación oficial sobre la cantidad de sunitas habilitados para votar, una fuente del Departamento de Estado (cancillería) de Estados Unidos indicó que se registraron "alrededor de un millón" de nuevos votantes desde enero. Se estima que la gran mayoría son sunitas.
Una gran comparecencia sunita ante las urnas representaría, según la posición oficial de Washington, una derrota para los insurgentes, a quienes se responsabiliza de tratar de desabaratar el referéndum, al igual que en las elecciones de enero.
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Adam Ereli, portavoz del Departamento de Estado, sugirió en una conferencia de prensa el jueves que "quienes están tratando de desbaratar el proceso nadan más y más contra la corriente en Iraq".
La cobertura de los medios de comunicación sobre los preparativos del referéndum se ha basado sobre la suposición de que los ataques insurgente han tenido el fin de trastornar la consulta popular.
En efecto, la mayoría de los grupos insurgentes sunitas apoyan una nueva estrategia que consiste en aprovechar el proceso político auspiciado por Estados Unidos hasta donde sea posible.
Si intención es ganar influencia política sobre el gobierno iraquí, dominado por los chiitas, sin abandonar la resistencia armada como último recurso hacia un sistema que consideran más equitativo.
Cuando el 15 de agosto venció el plazo establecido para concluir la elaboración del proyecto de constitución, chiitas y kurdos acordaron el suyo sin ceder a las exigencias sunitas.
La mayoría de los negociadores sunitas consideró que sus adversarios no accederían a revisar el sistema federal descentralizado que habían concebido y que, advirtieron, haría fluir la mayoría del poder a "miniestados" en el sur chiita y el norte kurdo.
Como consecuencia, la mayoría de los clérigos, políticos y organizaciones armadas sunitas forjaron un amplio acuerdo para aprovechar la disposición según la cual la constitución será derrotada si dos tercios de los votantes en tres provincias votaban contra ella.
El 19 de agosto, seis grupos armados sunitas urgieron a los musulmanes a registrarse para votar contra el proyecto de constitución, para frustrar "el esquema de Estados Unidos en Iraq".
La cadena de noticias Al Jazeera, con sede en Qatar, informó sobre el comunicado de los combatientes, pero los medios periodísticos de Estados Unidos lo ignoraron.
El 29 de agosto, días después de finalizadas las negociaciones, se celebró una gran manifestación en el bastión insurgente sunita de la sudoccidental Ramadi, demandando que el gobierno abriera más centros de habilitación de votantes.
El mismo día, en Tikrit, 140 kilómetros al noroeste de Bagdad, los concurrentes a una marcha de protesta portaban carteles con el eslogan sunita: "¡No a la constitución sionista-americana-iraní!".
Es poco probable que estas manifestaciones se hayan realizado sin el apoyo de los líderes insurgentes locales.
Una enorme cantidad de votantes se registraron en las provincias de Anbar (occidente), Nínive (norte) y Saladín (centro), de mayoría sunita, en contraste con la muy baja participación en los comicios de enero.
La decisión de apoyar la participación de los votantes sunitas en el referéndum abrió una brecha entre dos estrategias políticas: la de insurgentes locales y la de los impulsores de la jihad (guerra santa) desde el extranjero, entre ellos la red terrorista Al Qaeda, del saudita Osama bin Laden.
Pocos días antes de la convocatoria insurgente a votar "no", la filial iraquí Al Qaeda en Iraq, liderada por el jordano Abu Musab al-Zarqawi, amenazó con matar a cualquier clérigo musulmán que alentara a los iraquíes a participar en el referéndum.
Los gobiernos de Estados Unidos e Iraq esperaban un acuerdo de último minuto que redujera sustancialmente la oposición sunita a la constitución.
Pero la mayoría de los sunitas que negociaron con los legisladores chiitas y kurdos se negaron a seguir participando. Sólo el Partido Islámico Iraquí acordó enviar sus delegados.
Pese a las súplicas del embajador estadounidense Zalmay Khalilzad para que chiitas y kurdos realizaran más concesiones de largo alcance a los sunitas sobre cuestiones clave, las negociaciones sólo produjeron leves revisiones del texto, entre ellas una promesa de permitir la renegociación de ciertos elementos de la constitución tras las elecciones parlamentarias de diciembre.
Aunque el Partido Islámico Iraquí ha cambiado su postura de la oposición al apoyo al referéndum, es probable que tenga poco impacto en los votantes sunitas.
Los artículos de la constitución que han hallado una oposición más vehemente de los sunitas son los que reconocen las autonomías regionales.
El proyecto establece que la administración del petróleo y el gas debe ser asumida por "el gobierno federal con los distritos productores y los gobiernos regionales".
Esto significa que los gobiernos regionales kurdo y chiita compartirían poder en torno a esas decisiones con el gobierno federal.
La distribución de las ganancias procedentes del petróleo y el gas serán proporcionales a la población de las provincias y deistritos, pero con la condición de que debe haber "una asignación establecida para las regiones injustamente privadas por el régimen anterior y las regiones que fueron dañadas más tarde, y de un modo que asegure un desarrollo equilibrado entre las diferentes áreas ".
Esa formulación sugiere que Kurdistán y el gobierno regional chiita obtendrán más ganancias que las proporcionales a su población, como compensación por las persecuciones del régimen de Saddam Hussein. El asunto será regulado por ley, en un parlamento dominado por chiitas y kurdos.
Los sunitas insisten en establecer términos más equitativos para la administración de los recursos de gas y petróleo y de la riqueza que ellos generarán.
A través de intermediarios, organizaciones insurgentes sunitas también han comunicado demandas de amnistía y la liberación de todos los miembros de su comunidad detenidos sin cargos, así como de garantías contra operaciones de paramilitares chiitas y kurdas en su contra.
Es poco probable que el gobierno chiita desee cumplir esas demandas, a menos que Estados Unidos lo presione mucho más de lo que lo ha hecho.
Las esperanzas de Washington para debilitar la insurgencia atrayendo a los sunitas al sistema político son obligadas por la actual falta de incentivos para que el gobierno iraquí haga las concesiones necesarias.
(*) Gareth Porter es historiador independiente y analista en política exterior, además de autor de "La tercera opción en Iraq: una responsable estrategia de salida", en la edición de otoño de Middle East Policy.
