A un año de la investidura del presidente Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesia parece estar en la misma situación calamitosa que antes. Pero no todo es tan malo como parece, según analistas.
El gobierno asumió el 20 de octubre de 2004. Un mes antes, Yudhoyono y su compañero de fórmula, el hoy vicepresidente Jusuf Kalla, habían conseguido el apoyo de 60,6 por ciento de los votantes en la segunda vuelta de las primeras elecciones presidenciales directas en este país.
El éxito del proceso democrático dio origen a una ola de optimismo popular. Las expectativas eran casi tan grandes como los desafíos que afronta el país.
Con una población de 230 millones de personas dispersa en cerca de 17.000 islas, con alrededor de 360 grupos étnicos, más de 100 idiomas y fieles de todas las grandes religiones que existen en el mundo, Indonesia tiene muchos problemas crónicos a resolver.
Algunos de estos problemas fueron ocultados durante los 33 años que duró la dictadura del general Alí Suharto, pero salieron a la superficie tras la caída del régimen en 1998.
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A primera vista, el gobierno de Yudhoyono, un general retirado acusado de violaciones de derechos humanos, no ha resuelto ninguno de esos problemas.
El país sigue bajo la amenaza del terrorismo, está enfrascado en un sinnúmero de conflictos étnicos y religiosos, la economía languidece y campea la corrupción. Para colmo de males, el ejército sigue sin estar completamente subordinado al poder civil.
Pero muchos analistas se muestran complacidos con lo que ven, no tanto por los resultados obtenidos hasta el momento sino por las señales que dio el gobierno.
"El gobierno de Yudhoyono heredó una pesada carga y además tuvo mucha mala suerte. Si tomamos todo esto en cuenta, por ahora ha hecho un buen trabajo y hay señales igualmente positivas", dijo a IPS Salim Said, un analista político del Instituto de Ciencias de Indonesia.
El desastre del tsunami de diciembre pasado, una seguidilla de epidemias y el enorme aumento de los precios de los combustibles en este país exportador de petróleo son algunos de los problemas con los que tuvo que enfrentarse el gobierno poco después de asumir.
Por otro lado, durante el gobierno de Yudhoyono la democracia se fortaleció. El gobierno ha actuado con autoridad sin caer en el autoritarismo.
La prensa funciona libremente, a la sociedad civil se la ve vibrante, el parlamento sesiona sin trabas y la gente ejerce su derecho a la protesta sin temor de ser baleada por eso.
El gobierno también logró encender una luz de esperanza en la lucha contra la corrupción, que, al igual que la connivencia y el nepotismo (resumidas por los indonesios con las siglas KKN), por separado o combinados, son una gangrena que corroe a Indonesia por dentro.
Según el último índice de percepción de corrupción publicado por Transparencia Internacional Indonesia figura en el puesto 133 entre 145 países evaluados. A diferencia de gobiernos anteriores, que no cumplían sus grandes promesas al respecto, Yudhoyono formó un equipo de 51 funcionarios a cargo de ir tras "los peces gordos".
"El presidente parece sincero en su compromiso contra la corrupción y esto, en el caso de Indonesia, ya es un todo un logro", dijo Said.
La guerra contra la corrupción acaba de comenzar, pero el gobierno ya se atribuyó algunas victorias. El trabajo de la comisión logró la condena del antiguo gobernador de la región autónoma de Aceh, el "intocable" Abdullah Puteh, y el mismo camino parece esperar a otros 59 altos funcionarios investigados.
El grupo anticorrupción también puso su mira en los organismos de supervisión de elecciones, los fondos para la peregrinación a La Meca y el sistema bancario.
Eddie Neloe, ex gerente general del Banco Mandiri, la mayor institución financiera de Indonesia, está bajo juicio por corrupción y podría ser condenado a cadena perpetua.
En cuanto a la economía, los expertos se inclinan a otorgar a Yudhoyono el beneficio de la duda. Su gobierno recibió críticas por reaccionar con excesiva lentitud ante la crisis del mes pasado que hizo caer el valor de la moneda, la rupia indonesa.
Pero por otro lado, fueron felicitados por la reducción de los subsidios al combustible, que este año podrían alcanzar los 14.000 millones de dólares, un tercio de los gastos del gobierno central.
El recorte hizo subir el precio de la gasolina un 87.5 por ciento, duplicó el precio del combustible diesel y casi llegó a triplicar el precio del queroseno, usado para la calefacción por los sectores de menores recursos.
Gobiernos anteriores intentaron recortar los subsidios, pero chocaron con grandes movilizaciones populares. Esta vez, las protestas se contuvieron, en parte por la popularidad de Yudhoyono, que le permitió convencer a gran parte de la población de la necesidad de la medida.
Pero, además, el gobierno tomó medidas para compensar a los 16 millones de hogares más pobres. Y, luego del aumento de precios, la atención de los medios de comunicación y de la población se concentró en el segundo atentado en el centro turístico de Bali.
La medida le permitió al presidente poner la casa en orden y avanzar.
"Ahora el presupuesto está bien. Si el gobiernoi logra mantener controlada la inflación, los ahorros servirán para mejorar la educación y la salud", dijo a IPS Bil Guerin, un economista radicado en Yakarta.
Pero "en lo que respecta a los derechos humanos y el estado de derecho, la situación está estancada. Hay una buena ley de reforma de las fuerzas armadas, pero se ha hecho poco", dijo Agung Yudhawiranata, del Instituto de Investigación Política.
Puede acreditárseles a Yudhoyono haber puesto fin a la insurgencia en la secesionista provincia de Aceh, vigente desde hace 30 años, pero los problemas internos son aun graves en Papúa, donde el ejército está acusado de abusos a gran escala.
Durante el año, los militares mantuvieron su aura de impunidad respecto de los crímenes que cometieron en la dictadura de Suharto.
La organización internacional de derechos humanos Human Rights Watch recordó que ningún oficial militar indonesio ha sido procesado por crímenes de guerra y contra la humanidad por la sangrienta ola de represión en Timor Oriental en 1999 ni por ningún otro abuso en todo el archipiélago.
En julio, un tribunal de apelaciones anuló todas las acusaciones en el caso de la masacre de Tanjung Priok, en 1984, en que murieron al menos 33 civiles.
Por su parte, Chalid Muhammad, director ejecutivo del no gubernamental Foro Indonesio para el Ambiente, llamó la atención sobre la falta de avances en la protección de bosques y selvas.
"No se ha hecho mucho. La tala ilegal aún el flagrante y el caso Buyat sigue sin ser atendido", dijo Chalid al diario Jakarta Post. La baía Buyat ha sido sometida a una intensa contaminación, de la que se acusa a la filial local de la compañía minera estadounidense PT Newmont.
Además, Yudhoyono parece haber hecho oídos sordos ante la creciente amenaza de intolerancia religiosa. Indonesia es el mayor país islámico, pues profesan esa fe 90 por ciento de sus 236 millones de habitantes. La mayoría son moderados, pero el radicalismo gana terreno.
Veintitrés iglesias cristianas sin licencia para funcionar fueron obligadas a cerrar en la provincia de Java Occidental. Grupos musulmanes considerados heréticos, como la secta Ahmadiyah, o demasiado abiertos, como la Red Liberal Islámica, han sido atacados y amenazados.
"Los problemas existen, pero el gobierno no puede atenderlos todos al mismo tiempo. Debemos darle algún tiempo", concluyó Said.
Yudhoyono, de 56 años, había sido el candidato más votado con 34 por ciento de los votos en la primera ronda de las elecciones presidenciales, en julio de 2004, pero debió comparecer en una segunda rueda con la entonces presidenta Megawati Sukarnoputri.
Durante la campaña, Yudhoyono prometió, haciendo gala de una elocuente oratoria, la erradicación de la corrupción. Pero debió hacer frente a cuestionamientos de sus credenciales islámicas y a acusaciones de ser un títere de Estados Unidos.
Además, activistas y opositores recuerdan que el general fue el subcomandante de la invasión de Timor Oriental en 1975, cuando decenas de miles de civiles fueron masacrados, y comandante del Batallón 744, que perpetró graves violaciones de derechos humanos en la antigua colonia portuguesa.
Yudhoyono, conocido por sus iniciales SBY, consolidó su carrera en el ejército durante la férrea dictadura de Suharto. Al cabo de ese régimen, fue ministro de Seguridad bajo la presidencia de Megawati, de 57 años, pero renunció tras un enfrentamiento público con la mandataria.
