La participación de las fuerzas armadas en la guerra contra el terrorismo en Indonesia, fortalecida tras los atentados en Bali a comienzos de mes, abre paso a una nueva politización del ejército y a amenazas para los derechos humanos.
El presidente Susilo Bambang Yudhoyono le ha pedido a las fuerzas armadas más protagonismo, lo que despierta el temor de que esto conduzca a violaciones de derechos humanos y que signifique el fin de la reforma del ejército iniciada en 1998, con el fin de la dictadura de Alí Suharto.
"En este país todavía estamos tratando de profesionalizar nuestras fuerzas armadas, por lo que el anuncio debe considerarse un retroceso", dijo a IPS el politólogo Salim Said, del Instituto de Ciencias de Indonesia.
El presidente Yudhoyono lanzó su propuesta en las celebraciones del 60 aniversario del ejército, el 4 de este mes, sólo tres días después de los atentados en Bali en que murieron 23 personas y 140 resultaron heridas. Veintidós están aún desaparecidas.
Fueron los más recientes de una serie de atentados que cada año desde 2000 han ensagrentado Indonesia.
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La seguidilla comenzó con el atentado cometido por la organización islamista Jemaah Islamiyah, cuyo objetivo es transformar toda Asia sudoriental en un único estado musulmán y que tiene vínculos con la red internacional Al Qaeda, que lidera el saudita Osama bin Laden.
En Indonesia, la responsabilidad de la lucha contra el terrorismo recae sobre la Agencia Nacional de Inteligencia y la Policía Nacional, ninguna de las cuales posee los recursos financieros, ni la pericia, ni la coordinación necesarias.
Aunque la policía y la Agencia Nacional de Inteligencia arrestaron a docenas de miembros de Jemaah Islamiyah, se las culpó de no prevenir y evitar los atentados, ni de haber capturado a sus máximos responsables.
Este fracaso llevó al presidente Yudhoyono a pedir ayuda para combatir a Jemaah Islamiyah a las temibles fuerzas armadas, cuya subordinación al poder civil es muy relativa y están acusadas de violaciones de derechos humanos.
La solicitud fue recibida con entusiasmo por el comandante de las fuerzas armadas, Endriartono Sutarto, quien aseguró que tomaría todas las medidas necesarias para capturar a los terroristas. Para eso, anunció, se restaurará la modalidad de despliegue militar denominada "función territorial".
La "función territorial" implica la presencia del ejército en todo el territorio nacional a manera de una fuerza de ocupación. Contingentes de soldados son apostados en cada uno de los rincones del país, desde grandes ciudades hasta pequeños poblados.
Este sistema fue aplicado por la dictadura de Suharto para controlar a la población y eliminar a la oposición.
"El gobierno nos ha dado la orden precisa y clara de participar en la guerra contra el terrorismo. Primero, vamos a alertar a la población acerca de la situación en los barrios. Segundo, vamos a ejercer el control territorial, inclusive en los poblados más pequeños. Y tercero, por supuesto, vamos a compartir nuestra información con las otras instituciones, especialmente con la policía", dijo el general Sutarto tras el anuncio del presidente.
Durante los 33 años del Nuevo Orden, como se autodenominó a la dictadura de Suharto, la "función territorial" abrió paso a todo tipo de abusos de poder y a violaciones de derechos humanos.
También permitió a los generales acercarse a empresarios y políticos locales, ocasionando injerencias, confabulaciones y casos de corrupción.
La "función territorial" fue suspendida a raíz de movilizaciones encabezadas por el movimiento estudiantil prodemocrático Reformasi, cuyo objetivo era limitar el poder y la influencia de las fuerzas armadas en la vida política y que culminó con la caída de Suharto.
Aunque el general Sutarto aseguró que en esta ocasión la "función territorial" no daría pie a abusos, su regreso ha causado un escalofrío en la mayoría de los analistas políticos.
"La gente no se olvida de los abusos a que fue sometida a manos de las fuerzas armadas durante los años del Nuevo Orden. Todavía está traumatizada y el gobierno debe ser muy cuidadoso al incluir a los generales en la lucha contra el terrorismo", dijo a IPS el profesor Hilman Latief, del Departamento de Estudios Islámicos de la Universidad Yogyakarta Muhammadiyah.
Agus Widjojo, un comentarista de asuntos militares que respalda la reforma de las fuerzas armadas, advirtió que cualquiera sea la participación de los uniformados deberá basarse sobre la Constitución y la democracia.
"La Constitución le adjudica a las fuerzas armadas un papel en la defensa nacional, pero también puede involucrarse en cuestiones domésticas si se lo pide el presidente. No obstante, deben respetar los principios democráticos", expresó.
Según Yudhoyono, su pedido de ayuda a las fuerzas armadas se enmarca en la Ley de Defensa No. 34/2004 aprobada en septiembre de 2004. Esta explicación fue rechazada vehementemente por expertos, que interpretan la norma de manera muy diferente.
J. Kristiadi, un experto en seguridad del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de Yakarta, sostuvo que la decisión del presidente viola esa ley, según la cual, recordó, la "función territorial" debería ser eliminada completamente para 2009.
"Esto de resucitar el control territorial es contrario a la ley", le dijo Kristiadi al diario Jakarta Post. El ejército sólo se puede involucrar en cuestiones de seguridad interna si la policía se lo solicita, explicó.
Andi Widjayanto, analista militar de la Universidad de Indonesia, admite que el artículo 11 de la ley no prohíbe recurrir a la "función territorial", pero sostiene que la decisión del presidente contradice el espíritu de la ley, cuyo objetivo era la reforma del papel y la estructura interna de las fuerzas armadas.
En todo caso, para Widjojo, si se vuelve a echar mano de la "función territorial" deberá ser delimitada, ofrecer una serie de garantías democráticas, tener objetivos muy precisos y límites de tiempo claros.
"Tiene que saberse por cuánto tiempo se va a aplicar esta medida, así como lo que las fuerzas armadas pueden puede hacer y lo que no. Ambas cosas tienen que ser previamente estipuladas por las autoridades políticas", afirmó Widjojo.
