Pese a las repetidas promesas estadounidenses de que se investigarían todas las muertes de personas detenidas como parte de la «guerra contra el terrorismo», los procedimientos groseramente inadecuados y defectuosos hacen difícil o imposible acusar y condenar a los culpables.
Esta es la conclusión a la que llegó la organización Human Rights First (Derechos Humanos Primero), con 25 años de trayectoria en la materia.
Los registros de muertes de detenidos, 108 desde 2002 según el Departamento (ministerio) de Defensa, han sido "extremadamente inadecuados" y los investigadores no lograron interrogar a testigos cruciales ni recabar y preservar pruebas útiles, como partes de cuerpos o evidencia balística básica para efectuar acusaciones.
Entre las repetidas fallas de los comandantes militares figuran: no informar sobre las muertes de personas detenidas bajo custodia de sus tropas, o demorar dichos informes días y hasta semanas, complicando mucho la posibilidad de reunir evidencias.
En un caso, la muerte de un detenido iraquí no se informó hasta un año después, y el caso fue cerrado sin que se determinara la causa de la muerte.
En algunos casos, el ejército emprendió investigaciones serias, pero sólo luego de que los medios de comunicación divulgara las muertes. En otras ocasiones, los fallecimientos inicialmente atribuidos a causas naturales, según HRF, que está preparando un informe de inminente publicación sobre estos hechos,
Entre las 108 muertes informadas por el Pentágono (sede del Departamento de Defensa), el ejército identificó 27 homicidios, posibles o confirmados, y por lo menos siete en los que los detenidos fueron torturados o golpeados hasta morir.
La información de HRF aparece poco antes de la celebración de reuniones de un comité del Congreso legislativo que debe decidir si incluye en el proyecto de presupuesto de la Defensa una enmienda que prohíba cualquier tipo de tratamiento abusivo contra detenidos, en coincidencia con el Manual de Campo del Ejército de Estados Unidos, que en general se ajusta a las convenciones de Ginebra.
Estas convenciones constituyen la base del derecho internacional humanitario, que protege a los prisioneros de guerra y a la población civil en zonas de conflicto.
A principios de este mes, los senadores del gobernante Partido Republicano se distanciaron en masa del gobierno de George W. Bush, que se había opuesto a la enmienda, y se sumaron a los demócratas para aprobar la enmienda por 90 votos contra nueve.
La Cámara de Representantes debe decidir ahora, mediante las reuniones del comité, si introduce esa enmienda en la versión del proyecto de ley que deberá votar.
El gobierno insiste en que los sospechosos de terrorismo no tienen derecho a acogerse a las protecciones de las convenciones de Ginebra y ha advertido reiteradamente que vetaría el proyecto si la enmienda es incluida.
Pero el gobierno está asediado por una muy baja aprobación pública y preocupado por la posibilidad de que altos funcionarios de la Casa Blanca puedan ser acusados penalmente la semana próxima por revelar la identidad de una agente secreta de la CIA (Agencia Central de Inteligencia), Valerie Plame, cuyo esposo acusó a Washington de emprender la guerra contra Iraq esgrimiendo información fraudulenta.
Por lo tanto, el gobierno podría optar por guardar silencio y dejar que la enmienda sobre malos tratos sea incluida en el texto final de la ley.
El miércoles, el Pentágono anunció que el ejército había comenzado una investigación sobre los informes de soldados estadounidenses en Afganistán que quemaron los cadáveres de dos combatientes del Talibán y luego usaron los restos como parte de un operativo psicológico para burlarse de los insurgentes y de sus seguidores en una aldea cercana.
"Esta presunta acción resulta repugnante para nuestros valores comunes", dijo el jueves un portavoz del Pentágono en la base estadounidense de Bagram, en Afganistán. "Este comando toma en serio todas las denuncias de mala conducta o comportamiento inapropiado y ordenó una investigación sobre las circunstancias que rodearon esta denuncia", agregó.
Los hallazgos de HRF también reforzarán la convicción de los legisladores y de un creciente número de jerarcas militares retirados, que urgieron públicamente al Congreso a aprobar la enmienda, de que la decisión del gobierno de no aplicar las convenciones de Ginebra contra sospechosos de terrorismo han creado un ambiente propicio para condonar los abusos.
Unas tres docenas de generales retirados firmaron una carta de apoyo a la enmienda. El ex secretario de Estado y ex jefe del estado mayor conjunto, Colin Powell, también puso su firma en la misiva.
El coronel retirado Lawrence Wilkerson acusó esta semana a Bush, al vicepresidente Dick Cheney y al jefe del Pentágono, Donald Rumsfeld, de ser responsables de "decir a nuestros soldados: 'Ustedes no deberían tener reparos, porque esta es una clase diferente de conflicto'".
"Sabíamos que las cosas no eran como debían ser", dijo Wilkerson en referencia a su reacción y a la de Powell ante los abusos contra detenidos. "Y como ex soldados, sabíamos que uno no tiene este tipo de actitud dallí afuera a menos que a uno perdonen…", agregó.
"Es irrelevante si uno lo hizo explícitamente o no. Si uno lo hizo indirecta, implícita, tácitamente (elija la palabra), está en problemas, porque esa cuesta es realmente resbaladiza , y llevará años revertir la situación, y probablemente tendremos que cultivar un nuevo ejército", opinó.
El fracaso en investigar las muertes de detenidos fue otro resultado de la decisión del gobierno de no aplicar las convenciones de Ginebra, según Deborah Pearlstein, que supervisó el nuevo estudio de HRF.
"Estas investigaciones fallidas son parte de los efectos más amplios de enviar soldados a combatir con una pauta ilegal sobre interrogatorios y detenciones, o sin ninguna guía en absoluto", dijo.
"Hay un viejo aforismo del ejército: la unidad hace lo que el comandante revisa. Si cualquier comandante realmente se hubiera preocupado de respetar (las convenciones de) Ginebra, puede estar seguro de que habrían sido respetadas, y esto va directamente a lo más alto de la cadena de mando", dijo el general retirado David Irvine, un oficial de inteligencia estratégica que enseñó técnicas de interrogatorio a prisioneros y ley militar durante 18 años.
"Si una rigurosa adherencia al trato humanitaria hubiera sido considerada importante, alguien usando estrellas habría requerido una investigación minuciosa e imparcial de cada muerte de un detenido", agregó.
Un portavoz del Pentágono insistió en que circunstancias más allá del control de los investigadores militares a menudo hicieron imposible llevar a cabo investigaciones meticulosas.
Estos procedimientos "no pueden ser comparados con las investigaciones penales llevadas a cabo en una típica ciudad estadounidense", dijo el teniente coronel Mark Ballesteros. "Es muy importante comprender que la mayoría de estas investigaciones de muertes son realizadas en ambientes muy austeros y peligrosos".
