Defensores de los derechos humanos piden a la Unión Europea (UE) que imponga a Uzbekistán sanciones más severas de las ya dispuestas por la muerte de entre 187 y más de 700 manifestantes en la oriental ciudad de Andiján.
Los ministros de Relaciones Exteriores de la UE dispusieron el lunes en Luxemburgo un embargo de armas sobre la ex república soviética de Uzbekistán y la negativa del visado a los jerarcas que pretendan viajar al bloque.
Las sanciones responden a la negativa del gobierno uzbeko a permitir una investigación independiente sobre el asesinato el 13 de mayo de los manifestantes en Andiján.
El gobierno uzbeko admitió que poco más de 200 personas murieron en lo que calificó de "levantamiento islámico" en Andiján, unos 500 kilómetros al este de Tashkent.
Pero organizaciones internacionales de derechos humanos afirman que fueron muchos más los muertos cuando las fuerzas de seguridad abrieron fuego contra los manifestantes, la mayoría de ellos civiles desarmados.
Los manifestantes protestaban por la detención de varios hombres por supuestas actividades islamistas. Alrededor de 88 por ciento de los 27 millones de habitantes de Uzbekistán son musulmanes. Se trata de la más poblada de las repúblicas de Asia central.
Las organizaciones de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional acusaron en septiembre a Uzbekistán de encubrir el asesinato de cientos de manifestantes.
Las protestas comenzaron con hombres armados tomando el control de edificios del gobierno, y terminaron con soldados disparando a los participantes en multitudinarias protestas.
Amnistía y HRW, que durante mucho tiempo han reclamado sanciones contra el gobierno uzbeko —incluso un embargo de armas—, dijeron que la UE alienta con las suyas los esfuerzos internacionales en busca de los responsables de la masacre.
"Amnistía aplaudió la decisión de la UE como medio de presionar al gobierno uzbeko para que admita una investigación internacional independiente sobre los acontecimientos de Andiján", dijo a IPS Kristian Heinrich, de la oficina en Bruselas de esa organización.
"Este paso ha mostrado el compromiso de la UE para averiguar la verdad", agregó Heinrich.
La UE ha dado con las sanciones impuestas "un significado concreto y muy necesario a su política de derechos humanos", agregó Holly Cartner, directora de HRW para Europa y Asia central.
Con su decisión, la UE suspende por primera vez un acuerdo de sociedad y cooperación con otro país.
"El gobierno uzbeko ha violado durante mucho tiempo los términos del acuerdo, sin consecuencias para las relaciones con la UE. Nos complace ver que ahora esto ha cambiado", agregó Cartner.
HRW comparó este embargo de armas con el que la UE impuso a China a raíz de la masacre de 1989 en la plaza de Tiananmen, en Beijing.
El presidente uzbeko Islam Karimov dijo que 187 personas, en su mayoría terroristas islámicos, fueron muertos durante las protestas. Pero organizaciones humanitarias aseguraron, sobre la base de diversos testimonios, que más de 700 civiles desarmados fueron asesinados.
El juicio a 15 uzbekos acusados de organizar la rebelión en Andiján comenzó el mes pasado, con cargos de asesinato, disturbios masivos e intento de golpe de Estado, delitos que pueden ser castigados con la pena de muerte.
Los informes "Enterrando la verdad: Uzbekistán reescribe la historia de la masacre de Andiján", de HRW, y "Uzbekistán: levantando el sitio sobre la verdad sobre Andiján", de Amnistía, publicados cuando comenzaba el juicio, aseguran que defensores de derechos humanos, periodistas independientes y activistas políticos fueron perseguidos por intentar decir su versión de lo ocurrido el 13 de mayo.
Amnistía y HRW aseguraron que el gobierno de Uzbekistán ha lanzado "una campaña sin precedentes" de represión debido a las protestas.
"Hemos estado siguiendo la represión política en Uzbekistán durante muchos años, pero nunca hemos visto nada tan extensivo como la campaña después de Andiján", dijo Cartner a IPS.
"En vez de ir tras los perpetradores de la masacre, el gobierno uzbeko ha hecho todo lo posible por ocultar la verdad y crear una versión alternativa de los acontecimientos", agregó.
El informe de HRW dice que 4.500 sobrevivientes de la masacre han sido arrestados. La campaña no sólo aspira a impedir nuevos levantamientos, sino también a "reescribir la historia" de los hechos, agrega.
Mientras espera que el embargo tenga el efecto deseado en el gobierno uzbeko, HRW está urgiendo a la UE a buscar el apoyo de Rusia para una investigación internacional independiente sobre los hechos de Andiján.
Rusia ha defendido a Uzbekistán de manera incondicional. Los dos países realizaron ejercicios militares conjuntos en septiembre, dos meses después de que el gobierno uzbeko pidiera a Estados Unidos que abandonara su base militar en el sur del territorio, recordó HRW.
HRW también hizo énfasis en "la necesidad inmediata" de que la UE asegure "un control internacional continuo" de los juicios en curso.
"Sin embargo, tal control bajo ningún concepto debería ser visto como un sustituto de la muy necesaria investigación internacional independiente", según la organización.
Amnistía también reclama una presión mayor, no sólo de la UE, sino de otros países.
"La UE es un socio importante de Uzbekistán, así que esperamos que obligue al gobierno a reflexionar sobre sus propias acciones, pero le pediríamos a la UE que explore sus propios niveles de presión para ver si hay un mayor apalancamiento", dijo Heinrich.
"Por supuesto, estamos urgiendo a cuantos gobiernos sea posible a exigir una investigación independiente", sostuvo.
El embargo de armas está vigente por un periodo inicial de un año. También incluye restricciones a los viajes de "aquellos individuos directamente responsables del indiscriminado y desproporcionado uso de la fuerza en Andiján". Pero el bloque todavía tiene que anunciar quién será afectado por la prohibición a los viajes.
