Vladimiro Montesinos, el ex hombre fuerte del gobierno de Perú en los años 90, intenta desesperadamente desbaratar el tribunal que lo enjuicia por haber organizado el escuadrón que secuestró, torturó y asesinó a 35 personas, a las que se atribuyó falsamente pertenecer al grupo insurgente Sendero Luminoso.
En la audiencia de este miércoles, el tribunal desestimó la presentación de los defensores de Montesinos y de los integrantes del grupo paramilitar "Colina", que cuestionaban la imparcialidad de los jueces y los acusaban de haber condenado de antemano a sus clientes.
Sin embargo, la abogada Estela Valdivia, defensa de Montesinos, su colega Estuardo Malpica, del jefe del comando criminal Santiago Martin Rivas, y César Nakasaki, del entonces jefe del Ejército, general Nicolás Hermoza, volvieron a recusar al tribunal.
"No hay ninguna garantía en este juicio, porque se han recortado los derechos de nuestros defendidos", dijo el representante legal de Martin Rivas, a quien sus propios ex compañeros señalaron como el autor material de varios asesinatos.
Pero esta estrategia, a la que también se sumaron los defensores de todos los integrantes del comando paramilitar, no detuvo el juicio.
La presidenta del tribunal, Inés Villa Bonilla, trasladó la recusación a la Corte Suprema de Justicia, pero mientras esa máxima instancia estudie el tema, el proceso continúa en la base naval del Callao.
Los abogados de los imputados acusan al tribunal de "prepotencia" por el hecho de desestimar pedidos como someter a una prueba toxicológica al testigo y ex miembro del escuadrón Julio Chuqui Aguirre, pues señalan que declaró contra sus defendidos después de haber consumido estupefacientes.
El fiscal Pablo Sánchez Velarde ha pedido 35 años de prisión para Montesinos, sustentándose en las confesiones de tres ex integrantes de la organización paramilitar, quienes se han convertido en testigos excepcionales de la justicia peruana y cuyas declaraciones también comprometen al propio ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000).
"La defensa de Montesinos y la de los ex componentes del grupo ilegal trabajan coordinadamente para entorpecer el curso del juicio, porque saben que contamos con pruebas contundentes de su culpabilidad", señaló Sánchez Velarde a IPS.
Los ex agentes Chuqui Aguirre, Isaac Gómez y Manuel Flores han admitido ante el tribunal que la agrupación clandestina cometió los crímenes y que Fujimori y su entonces asesor de Inteligencia, Montesinos, aprobaron la organización y consentían sus operaciones clandestinas.
Montesinos y los abogados defensores del resto de los imputados sostienen en sus presentaciones que los jueces han adelantado opinión al aceptar como ciertas esas confesiones.
"En realidad, la declaración de los tres testigos sólo corrobora el cúmulo de evidencias sobre la responsabilidad de Fujimori, Montesinos y los altos jefes militares, así como de los miembros de la organización", dijo el fiscal.
"Hay muchas más pruebas, varias de ellas incluso las desconocen Montesinos y sus cómplices, y serán vistas durante el proceso", añadió. También afirmó que hay otros ex agentes dispuestos a ofrecer sus testimonios a cambio de una reducción de pena, como lo establece la llamada Ley de Colaboración Eficaz.
"El tribunal verifica la información antes de acreditarlas en el proceso", precisó el fiscal, para luego indicar que, "si hay algo nuevo, serán aceptados como testigos los nuevos colaboradores".
Ante el avance del proceso, Montesinos y los demás acusados manifiestan síntomas de desesperación.
"En este caso, el ex asesor tiene especial temor porque son 35 años de cárcel, y por eso ha comenzado a maquinar una serie de maniobras. Está desesperado", enfatizó el fiscal, que le imputa a Montesinos y a los ex agentes los delitos de asociación ilícita, homicidio calificado, secuestro agravado y desaparición forzada de personas, entre otros cargos.
Las declaraciones de los ex miembros del grupo Colina, formado en 1991 con efectivos del Servicio de Inteligencia del Ejército, desmienten a Fujimori y a Montesinos, quienes insisten aún en afirmar que ese grupo paramilitar jamás existió y que, por lo tanto, desconocían sus actividades ilegales.
En los documentos judiciales que registran las confesiones de los ex agentes, a los que tuvo acceso IPS, los tres coinciden en afirmar que el jefe operativo de la organización, Martin Rivas, el hombre que lideraba al equipo de 40 efectivos y daba las órdenes de matar, coordinaba directamente con Montesinos y con el jefe del Ejército, general Hermoza.
Flores proveyó al fiscal Sánchez Velarde de un documento excepcional que confirma que el escuadrón de la muerte no era una organización que actuaba al margen del conocimiento de las autoridades de gobierno, entre 1991 y 1992.
Se trata de una grabación que Flores hizo de una reunión que el grupo sostuvo con el general Hermoza en su despacho del Cuartel General del Ejército, el 27 de junio de 1992.
En ese documento "se escucha a Hermoza felicitar a los agentes del grupo por sus actividades clandestinas. También habló de sus 'sacrificios en la lucha contra el terrorismo y los instó a continuar con sus operaciones", relató el fiscal. "La grabación la hizo el mismo agente Manuel Flores", puntualizó.
Este encuentro se produjo después que el grupo Colina mató el 3 de noviembre de 1991 a 15 personas en Barrios Altos, en el centro de Lima, y días antes del asesinato el 19 de julio de 1992 de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta, en las afueras de la capital peruana.
"Los militares no actuaron por su cuenta. Se organizaron por mandato de sus jefes y éstos aprobaron sus planes criminales", dijo el fiscal a IPS. "Los testigos señalan que Montesinos visitaba la instalación donde se reunía la organización e informaba de todo lo que ocurría a Fujimori", agregó.
"En esa época de la dictadura, había una línea de mando de la que nadie se podía salir. Empezaba con Fujimori, seguía Montesinos y luego el general Nicolás Hermoza, y debajo de él todos los altos mandos de las Fuerzas Armadas. Nadie podía tomar una medida sin que lo supieran los de arriba", explicó Sánchez Velarde.
Por su parte, el también ex agente Isaac Paquiyauri Huaytalla, uno de los testigos, relató que luego de la incursión en Barrios Altos, el jefe Martin Rivas los convocó a una reunión para informarles que "el presidente (Fujimori) y Montesinos los felicitaban por ese hecho, pero no estaban de acuerdo con la muerte del menor".
"Él (Fujimori) estaba un poco molesto", dijo. En dicho operativo, efectivamente, fue abatido un niño de nueve años. Su cuerpo presentaba 11 heridas de proyectil.
Los abogados vinculados a Montesinos, que defienden a aquellos integrantes del escuadrón de la muerte que se niegan a admitir sus crímenes, han pretendido desacreditar a los testigos con diversas argucias.
El letrado Jesús Harman, por ejemplo, acusó a Flores de haber declarado bajo los efectos de las drogas. También ha pedido una pericia psiquiátrica para Paquiyauri Huaytalla, porque le atribuye una presunta demencia.
Chuqui Aguirre, quien se encuentra con protección especial porque ha recibido amenazas de muerte de parte de sus ex compañeros, confesó que en 1995 el jefe del Ejército le entregó 50.000 dólares en efectivo, así como a los agentes Nelson Carbajal y Juan Supo.
En esa época sufrían prisión y el gobierno no cumplía con compensarlos económicamente, como les había prometido Montesinos. Además del dinero, Fujimori consiguió excarcelarlos con la llamada "ley de amnistía", del 14 de junio de 1995.
"Me dieron 50.000 dólares para asegurar mi silencio", dijo Chuqui Aguirre.
"Fujimori era el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Primero aprobó la constitución de un grupo de inteligencia que evaluó cómo acabar con (la guerrilla de) Sendero Luminoso, y de ahí salieron los jefes de la organización paramilitar", explicó Sánchez Velarde.
"Hay un decreto firmado por Fujimori en que los felicita por su trabajo y los asciende de grado", indicó.
Pero Fujimori no está imputado en el juicio a Montesinos, al general Hermoza y a los ex miembros del escuadrón de la muerte. Por su investidura de ex jefe de Estado, es procesado en otra instancia.
