La puesta en marcha de los tribunales de familia en Chile dio paso a una avalancha de denuncias de violencia intrafamiliar, impulsada por una mayor protección legal que contribuye a dar visibilidad a un drama prácticamente oculto en el seno de los hogares hasta hace una década.
"A mi juicio, se inaugura una nueva página en la familia, especialmente para la mujer. Se abre un nuevo capítulo de justicia más rápida, más humanizada", dijo a IPS la ministra del Servicio Nacional de la Mujer, Cecilia Pérez.
Sólo en los primeros siete días de trabajo de los 60 juzgados abiertos en todo el país se presentaron 6.288 denuncias, alusivas a 6.765 materias, ya que en una misma presentación se pueden incluir varias demandas como, por ejemplo, de divorcio, de violencia doméstica y por pensión de alimentos para los hijos.
El viceministro de Justicia, Jaime Arellano, informó que en esa semana 33,8 por ciento de las querellas fueron por alimentos, 20,5 por ciento por violencia intrafamiliar, 10,6 por ciento de divorcio y 10 por ciento por reconocimiento de paternidad.
Para la entrada en vigencia el 1 de este mes de la ley de violencia intrafamiliar, que sustituyó a la promulgada en 1994, se designaron 128 jueces para los tribunales de familia que comenzaron a funcionar el mismo día, de una dotación final que será de 258.
Arellano señaló que los poderes Ejecutivo y Judicial estudian la posibilidad de adelantar los nombramientos restantes de magistrados si se mantiene el mismo ritmo de casi 1.000 demandas por día.
La nueva norma amplía la cobertura de acción de los tribunales al tipificar como delito cualquier maltrato físico, psíquico y moral al interior de un núcleo familiar, a la vez que endurece las penalidades para los agresores.
Se fijaron penas que van de 10 a 15 años de prisión para quienes perpetren lesiones gravísimas, 541 días a tres años para lesiones graves y de 61 a 541 días para menos graves, con el agregado de multas de entre 660 y 1.200 dólares en los casos mayores y de 60 a 240 dólares en las penas menores.
El juez puede también aplicar otras medidas correctivas, como la obligación del ofensor de abandonar el hogar, la prohibición de visitar el domicilio, el lugar de trabajo o el colegio de la víctima, así como su asistencia obligatoria a programas terapéuticos o de orientación familiar.
En el flamante texto legal, además, se amplía el espectro de las víctimas, que antes incluía sólo cónyuges, convivientes e hijos, agregando ahora ex convivientes, ex cónyuges e incluso a los padres de un hijo común, aunque no haya habido convivencia.
El texto define la violencia intrafamiliar como los maltratos que afectan la integridad física o psíquica de la víctima, y también considera la existencia del delito si dicha conducta recae en menores de 18 años o discapacitados que estén bajo el cuidado o dependencia de cualquiera de los integrantes del grupo familiar
Esta normativa es más comprehensiva del maltrato en el ámbito familiar, al reconocer la violencia psicológica y sancionarla penalmente.
Para la ministra Pérez, "es la reforma más importante que hemos generado en estos últimos 10 años, (pues) hace un cambio de verdad muy radical, garantizando que hoy día esa realidad (de violencia doméstica) pueda denunciarse a los tribunales".
"Va a haber protección y sanción, más allá de lo que había antes, y queda totalmente eliminada con esta ley, (la posibilidad) de entrar a conciliar, a tener acuerdos", entre agresor y víctima, añadió Pérez, quien recordó que el año pasado 70 mujeres "murieron a manos de sus parejas o sus ex parejas, y este año ya llevamos 29 casos" fatales.
Según el Servicio Nacional de la Mujer, 48 por ciento de las chilenas han sufrido violencia intrafamiliar alguna vez, 29 por ciento agresiones sexuales y 19 por ciento de tipo psicológico.
Además, cuatro de cada 10 mujeres sufren lesiones como rasguños y moretones, 88,5 por ciento cortes, 33,8 por ciento mordeduras y 22 por ciento torceduras y dislocaciones, agregan los datos ministeriales.
Pérez explicó que la violencia psicológica (la más frecuente y que afecta a cuatro de cada 10 mujeres), considerando su combinación con maltrato físico, tiene un tratamiento distinto en la nueva ley, con aumento en nueve veces del castigo de cárcel y multas máximas que podrán llegar a unos 1.000 dólares.
Alba Llanos, flamante jueza titular del Primer Juzgado de la Familia, precisó ante IPS que "la verdad es que cualquiera sea la violencia, física o psicológica, será castigada con multa, pero sólo si es habitual o reiterado el caso se castigará con una sanción penal. Esto es, con presidio desde los 61 a 540 días".
"El problema se plantea en la definición de habitualidad, porque la ley da ciertos parámetros, como el número de actos ejecutados, la proximidad temporal de los mismos, y en todo ello puede haber cierta discrecionalidad que es contraria absolutamente al principio de tipificidad del Derecho Penal", explicó la magistrada.
"Por otra parte, quien va a calificar si la violencia es delito o no será el juez de familia. Pero a la postre, quien lo va a recalificar, admitiendo la tesis de penalizarlo caso a caso, será el juez de garantía", precisó.
"Podemos tener un juez de familia que califique de un modo, y un juez penal que rechace tal calificación. En el evento de que la calificación coincida, el juez del crimen, al dictar su sentencia, se deberá pronunciar por los temas de familia accesorios al conflicto, como son alimentos, visitas, tuición, patria potestad, etcétera", acotó Llanos.
Para la jueza, "el tema es difícil", ya que remite al escenario jurisdiccional asuntos que "aluden a nuestras relaciones afectivas más íntimas". "El derecho como herramienta cultural, es muy torpe para enfrentar adecuadamente estos temas. Es como un elefante que entra a la cristalería", graficó.
También estimó que puede haber disparidades entre las duras sanciones que prevé la normativa y la tendencia de los jueces de garantía a buscar acuerdos reparatorios.
Llanos apuntó como otra dificultad la falta de infraestructura de protección para las víctimas. "No existen redes de apoyo, no hay casas que alberguen a las madres con sus hijos. El problema siempre se ha pensado desde la infancia o desde la mujer, pero no hay respuesta sistémica, que abrigue a la familia como un todo, y me parece que ello sería más costoso y difícil de implementar", enfatizó.
María Elena Santibáñez, directora de la Unidad Especializada de Delitos Sexuales del Ministerio Público, explicó a IPS que la nueva ley establece "un rechazo social mucho más fuerte que el que había hasta ahora en materia de violencia intrafamiliar, esto significa nuevos tipos de sanciones penales y establece la protección para las víctimas".
El Fiscal Nacional, Guillermo Piedrabuena, anunció la creación de una unidad experta y la contratación de 22 fiscales (acusadores públicos) especializados, que se abocarán al estudio de los casos de violencia doméstica, para hacer cumplir la ley, destacó Santibáñez.
Sin embargo, la norma lógicamente no es retroactiva. Por eso Angélica, de 16 años, tendrá que seguir en el antiguo y engorroso procedimiento para su caso. A mediados de agosto, su madre, en un arrebato por desobedecer sus ordenes comenzó a golpearla hasta dejarla inconsciente. Así fue que en el centro de Asistencia Pública, donde la atendieron, fue orientada a pedir ayuda judicial.
Una familia amparó a Angélica hasta que la citaron al tribunal junto a su madre, pero la joven se abstuvo, por miedo, de formalizar una denuncia y decidió volver a su hogar.
"Exponer mi vida privada a gente que no conozco no es fácil ¿y para qué, si no van hacer nada? Pueden decirle cosas a mi mamá y ella no va a cambiar ni reparar el daño que me ha hecho. Ella me repite constantemente que me pegará hasta que se canse", dijo Angélica a IPS.
La joven contó que su padrastro, fallecido hace un año en un accidente de tránsito, la violó a los ocho años de edad, pero tampoco se atrevió a acusarlo ante su madre.
Gabriela, una mujer de la clase alta de Santiago, dio igualmente su testimonio a IPS. A los 19 años se casó. Su marido, de 22 años, al poco tiempo comenzó a maltratarla. "Una ofensa es la mejor defensa", le decía, para justificar sus arranques de mal carácter, que lo llevaban a agredirla con cualquier pretexto.
Fue finalmente abandonada por su esposo y, entonces, lo demandó por una pensión alimenticia para ella y los dos hijos de ambos. "No esperaba mucho, sólo un mínimo de decencia, ya que él ocupa un alto cargo en el gobierno y le preocupa mantener su imagen", contó la mujer, que pidió reserva sobre su apellido.
"Los tribunales acogieron mi petición después de nueve meses de trámites, testigos, informe social y todo tipo sometimientos, hostigamientos y burocracias del sistema. Obtuve una compensación económica, pero él violó el dictamen en forma flagrante y no hay recurso legal que lo haga cumplir. De estos hechos, han transcurrido ya dos años", concluyó.
