Más de 23 años después de su última actuación, activistas humanitarios rescatan el Comité Nacional de Defensa de la Democracia para exigir que se mantenga la convocatoria a comicios generales el 4 de diciembre, tras la suspensión indefinida declarada por la Corte Nacional Electoral.
La Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), inmediatamente después de conocerse la decisión de la autoridad electoral, convocó a las organizaciones sociales a estrechar filas ante el debilitamiento de la institucionalidad.
Para ello impulsa la conformación nuevamente del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), que intentó sin éxito abortar el golpe de estado del 17 de julio de 1980 encabezado por el entonces general de ejército Luis García Meza, hoy preso en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, donde cumple una pena de 30 años sin derecho a indulto.
"Existe una imposibilidad material" para concretar los comicios, justificó en la víspera Salvador Romero, representante de la Corte Nacional Electoral, al fracasar las gestiones en el Congreso legislativo para redistribuir 130 escaños de la Cámara Baja en función del número de habitantes registrados por el censo de 2001.
Los candidatos a la presidencia que concitan la mayor adhesión, según encuestas, Jorge Quiroga, por el derechista frente Podemos, Samuel Doria, por Unidad Nacional, y el líder campesino Evo Morales, del izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS), se pronunciaron por la realización de las elecciones antes de fin de año y advirtieron de los peligros que implica para la democracia su postergación indefinida.
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Aunque el presidente Eduardo Rodríguez había anunciado la promulgación de un decreto que aumentaba dos escaños al oriental departamento de Santa Cruz en detrimento de uno de Potosí y otro de Oruro, ambos del occidente del país, la medida salomónica quedó en suspenso por la amenaza de resistencia de grupos cívicos cruceñas a las que se sumaron otras de Beni y Tarija.
El 22 de septiembre, el Tribunal Constitucional de la Nación instruyó al parlamento para que hiciera una nueva redistribución de los 130 escaños de la Cámara de Diputados, de acuerdo al número de habitantes por cada uno de los nueve departamentos del país.
La emigración del empobrecido occidente integrado por los departamentos de Potosí, Oruro y La Paz, favorece a los más desarrollados departamentos de Santa Cruz y al central de Cochabamba.
El Congreso se constituye con el Senado, donde cada uno de los departamentos tiene tres escaños, y con la cámara baja distribuida hoy en 31 legisladores de La Paz, 15 de Potosí y 10 de Oruro, correspondientes a la región occidental, otros 18 para Cochabamba, del valle central, 22 de Santa Cruz, nueve de Beni y cinco de Pando, por la zona oriental, 11 de Chuquisaca y nueve de Tarija, ambos distritos del sur.
La nueva conformación de la Cámara de Diputados le restaría tres representantes a Potosí, uno a Oruro y dos a La Paz, mientras que Santa Cruz ganaría cuatro diputados y Cochabamba los dos restantes.
La disputa por los representantes es clave debido a que el Congreso es el encargado de elegir al futuro presidente de Bolivia en caso de que el ganador de las elecciones no logre superar el 50 por ciento de los votos requeridos para acceder al gobierno de modo directo.
El rescate del Conade por parte de la APDHB recuerda que esta alianza social fue el último bastión democrático que enfrentó la dictadura de julio de 1980 a enero de 1981, liderada por Mesa y respaldada por un grupo de militares acusados de vínculos con bandas de narcotraficantes.
En su última declaración de entonces, el Conade, fortalecido por los partidos de izquierda, la Iglesia Católica, los sindicatos y activistas de los derechos humanos, convocó a una huelga general y a bloquear las carreteras para impedir el golpe militar contra la entonces mandataria constitucional Lidia Gueiler.
Empero, la acción rápida de grupos paramilitares logró la captura de los principales líderes de las organizaciones sociales, entre ellos el secretario ejecutivo y líder histórico de la Central Obrera Boliviana (COB), el hoy fallecido Juan Lechín Oquendo.
La operación militar cobró sus primeras víctimas, precisamente, en el asalto a las oficinas de la COB, donde fue asesinado el sindicalista Carlos Flores Bedregal y resultó gravemente herido el líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, quien falleció más tarde tras ser sometido a torturas. Hasta la fecha, sus restos no fueron hallados.
En noviembre de 1979, el Conade había conseguido impedir la consolidación de la dictadura del coronel Alberto Natush Busch, quien sólo pudo estar en el poder 15 días tras derrocar al presidente constitucional Walter Guevara Arce. Esa movilización nacional de huelgas, bloqueos de rutas y resistencia civil en las calles costó la vida de unas 600 personas.
Tras divulgarse el viernes la postergación sin fecha de los comicios previstos para el 4 de diciembre, Quiroga, ex presidente boliviano (2000-2001) y jefe de Podemos, recordó que la Constitución concede un plazo de 180 días al presidente para celebrar los comicios generales.
"Si quedamos con un presidente y un Congreso fuera de la ley, el vacío de poder puede generar consecuencias imprevisibles", explicó Quiroga, sin esconder la sorpresa por la decisión de la Corte Nacional Electoral de posponer las elecciones.
Romero explicó que el plazo para resolver la redistribución de escaños venció el viernes, pero no descartó la posibilidad de diferir las elecciones hasta el 11 o 18 de diciembre, si el Congreso resuelve la asignación de las representaciones.
Con una expresión de "lamento y frustración", Quiroga llamó a la concertación de las regiones y acusó de querer prolongar su ciclo político al sector político vinculado al también derechista Gonzalo Sánchez de Lozada, quien renunció a la presidencia en octubre de 2003 acosado por el levantamiento popular en rechazo al plan de exportar gas natural a América del Norte por puertos chilenos.
Mientras el ex mandatario resolvía interrumpir su campaña electoral, Morales declaró que la decisión de la Corte Nacional Electoral crea un ambiente de incertidumbre y tristeza para la democracia aunque anunció la continuidad de su actividad proselitista.
"Es un balde de agua fría una provocación a los movimientos sociales", declaró Morales, quien encabeza las encuestas de opinión de votos.
El gobierno de Rodríguez está cercado por la tenaz resistencia cruceña por ganar cuatro escaños en el Congreso, liderada por empresarios de la soja y el comercio, y la oposición de occidente a perder representaciones.
El portavoz de Palacio de Gobierno, Julio Pimentel, informó que el presidente Rodríguez continuará buscando una concertación e hizo votos por una salida democrática en el Congreso Nacional.
Los alcaldes Juan del Granado, de La Paz, y Fanor Nava, de la vecina El Alto, expresaron su repudio a los legisladores que demoran la convocatoria a elecciones y llamaron a la unidad de los bolivianos y a la defensa de la democracia.
