Canaima, dios del mal en leyendas de la Guayana venezolana, es el nombre de una novela de Rómulo Gallegos (1935) que explota ese mito, y de un parque nacional en cuyas fronteras, como empujados por la deidad telúrica, vuelven a enfrentarse los humanos por la supervivencia y la riqueza, por el oro y el ambiente.
Más de 1.000 mineros artesanales del pueblo Las Claritas, 800 kilómetros al sureste de Caracas, cortaron este mes la carretera que enlaza el oriente venezolano con Brasil y mantuvieron durante días una protesta contra el gobierno, reclamando su derecho al trabajo y la concesión aurífera entregada a la trasnacional canadiense Crystallex.
En la segunda mitad de este mes, sin embargo, la conflictividad cedió, pues no se reiteraron bloqueos a la ruta, aunque las últimas señales sobre la estrategia gubernamental para responder a la demanda minera no son claras.
Las refriegas con el ejército habían dejado varios heridos, vehículos incendiados y activistas detenidos.
"Nosotros vivimos de la mina, nuestros hijos han nacido aquí y no vamos a permitir que nos saquen de donde hemos trabajado. El presidente Hugo Chávez ha dicho que la tierra es del que la trabaja", dijo el activista Luis Almeda, del pro oficialista Frente Bolivariano de Mineros.
El sureste de Venezuela, fronterizo con Guyana y Brasil, tiene zonas auríferas explotadas desde el siglo XIX y puede albergar las mayores reservas de América Latina. Sólo la mina Las Cristinas, entregada a Crystallex y aún sin explotación, contendría, en 462 millones de toneladas de arenas auríferas con 1,1 gramos por tonelada, más de 16 millones de onzas.
Unos 3.000 pequeños mineros "reclaman su derecho a explotar esas arenas porque Crystallex no lo ha hecho en cuatro años, al no recibir autorización porque no presentó a tiempo los estudios de impacto ambiental", dijo el edil opositor en la zona Carlos Chancellor.
La alcaldesa Marlene Vargas, oficialista, indicó en cambio a Tierramérica que "los mineros artesanales no pueden operar esa gran mina sin capital y tecnología. Lo que nosotros proponemos es que se haga una cogestión entre trabajadores mineros y la gran empresa, sea la trasnacional o la estatal Minerven".
La mina y el foco del conflicto están en la cuenca del río Cuyuní, que lleva aguas al Esequibo, en Guyana, pero los mineros actúan en todo el sureste que forma el estado de Bolívar, de 238.000 kilómetros cuadrados. El Parque Nacional Canaima y la cuenca del Río Caroní están dentro de sus límites.
El Caroní, principal afluente del Orinoco, de 750 kilómetros de longitud, es un portento hidroeléctrico, con un potencial estimado de 24.200 megavatios por hora.
Unos 12.000 megavatios se han aprovechado en el bajo Caroní con varias represas, la principal de las cuales, Guri, con 10.000 megavatios/hora de capacidad instalada, proporciona 65 por ciento de la electricidad que consumen los 26 millones de venezolanos.
La contaminación con mercurio, la sedimentación y la deforestación son algunos de los efectos nocivos de la actividad minera en la cuenca del Caroní documentados hace dos décadas, según el especialista de la Universidad de Los Andes, Julio Centeno.
De acuerdo a la viceministra del Ambiente, Nora Delgado, el gobierno ha lanzado un plan, en alianza con las comunidades mineras, para erradicar la minería de toda la cuenca del Caroní.
En todo el estado de Bolívar "operan unos 70.000 mineros reconocidos por nosotros, y 70 por ciento de ellos son proclives a acuerdos para reubicarse en zonas donde puedan realizar su actividad sin afectar la cuenca, y para explotación forestal, reforestación, agricultura o turismo, en unas 90.000 hectáreas que hemos identificado", dijo Delgado.
Y agregó que "vamos al encuentro de las comunidades con programas, para una reubicación gradual de los mineros. No podemos sacarlos a todos de un día para otro, ni diseñar todas las soluciones desde un escritorio en Caracas".
La veda en Las Claritas, en la zona del Cuyuní pero a las puertas de Canaima, sería un primer paso para que la estratégica cuenca del Caroní "alcance progresivamente un estatus como el del estado de Amazonas" en el sur, donde toda actividad minera está proscrita hasta el año 2050, aunque mineros ilegales incursionan con frecuencia.
En lo inmediato, la puja entre oro y ambiente se juega en Las Claritas, y el gobierno parece inclinarse ante el reclamo de los mineros, que en la zona le han servido de soporte político y electoral. Pero las señales son confusas.
El presidente Chávez dijo en un acto en Caracas que "si hemos de escoger entre ambiente y minería, dejaremos el oro y nos quedaremos con el agua y el aire". Pero en otro discurso, en Guayana, anunció que el Estado no daría más concesiones a firmas extranjeras y revisaría las ya otorgadas porque crearía "una empresa nacional de minería" para asociarse con los pequeños mineros y trabajar en la zona de Las Cristinas.
* El autor es corresponsal de IPS. Publicado originalmente el 24 de septiembre por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica. (
