Las cárceles mexicanas aún parecen ser, pese al discurso oficial en contrario, un buen lugar para organizar el tráfico de droga, asesinatos y secuestros, como el sufrido por Rubén Omar Romano, el entrenador del popular equipo de fútbol Cruz Azul.
Hasta la muerte del secretario de Seguridad Pública, Ramón Martín Huerta, se teme que haya sido producto de un atentado planificado tras las rejas, aunque no hay evidencias de ello todavía y el gobierno insiste en que la caída del helicóptero en el que viajaba fue un accidente.
"Estamos a merced de los delincuentes, ni cuando van a la cárcel estamos seguros. Es una vergüenza y una falta muy grave de las autoridades del gobierno", dijo a IPS el académico en temas de seguridad Ismael Rodríguez.
Las evidencias indican que en las cárceles los delincuentes se mantienen en activo a través de teléfonos celulares o estacionarios.
En las últimas semanas, las autoridades de policía desplegaron una campaña publicitaria por medios de comunicación en la que dan algunos consejos a la población para detectar si las amenazas o extorsiones que pudieran recibir provienen de teléfonos ubicados en centros de reclusión..
En México existen 450 cárceles que albergan a 190.000 reclusos, la mayoría de los cuales viven hacinados. Además existen tres establecimientos de máxima seguridad, donde hay otros 1.500.
El gobierno de Vicente Fox prometió en enero, luego de que fuera asesando un preso de una cárcel de máxima seguridad, que el control de esos lugares por parte de las autoridades estaba en manos de las autoridades. Para ello, cambió funcionarios corruptos, creó nuevos procedimientos internos y separó a los condenados por delitos más graves de los otros.
Aunque su responsabilidad directa se limita a la administración de las cárceles de máxima seguridad, el gobierno nacional se comprometió a trabajar con las administraciones estaduales para que en el resto de los centros de detención, a cargo de esas autoridades locales, también exista orden.
El propio Huerta, el secretario (ministro) de Seguridad Pública que murió en la víspera al estrellarse el helicóptero en el que viajaba, había asegurado en las últimas semanas que las cárceles habían pasado al control de la autoridad.
Aunque el gobierno asegura que Huerta sufrió un accidente, en la prensa mexicana se especula que pudo haber sido víctima de un atentado ordenado por narcotraficantes detenidos en cárceles de máxima seguridad.
El portavoz de la estatal pero independiente Comisión Nacional de Derechos Humanos, Guillermo Ibarra, pidió a las autoridades no descartar la tesis de un atentado contra la aeronave.
El helicóptero en el que viajaba Huerta se desplomó en el trayecto de la capital mexicana a la cercana cárcel de máxima seguridad de La Palma, donde estaba previsto que participara en una acto para poner en sus cargos a los nuevos custodios.
Otro operativo dirigido desde la cárcel fue el secuestro de Romano, que fuera rescatado el miércoles por la policía luego de dos meses de cautiverio y por el cual pedían cinco millones de dólares a cambio de su vida.
Había sido secuestrado por un comando armado a plena luz del día y frente a testigos el 19 de julio en la capital mexicana. Ahora se supo que la acción fue planificada desde una cárcel por José Luis Canchola, quien está preso desde enero de 2004.
El caso de Romano, un ex futbolista de nacionalidad argentina, fue uno más en una larga cadena de otros que indican que en muchas cárceles mexicanas, incluso en las llamadas de alta seguridad, reinan los delincuentes.
En lo que va del año, los narcotraficantes locales desplegaron altos grados de violencia. De enero a septiembre, 1.000 personas, entre policías, presuntos miembros de mafias, abogados y otras personas fueron ejecutadas en México.
Muchas de las víctimas habían sido vendadas y atadas de pies y manos, sometidas a torturas, y varias aparecieron calcinadas, una forma de actuar que las autoridades indican es propia de bandas que se dedican al comercio ilegal de drogas.
Un presunto narcotraficante detenido en La Palma, donde grupos humanitarios denuncian que los presos son obligados a tomar psicofármacos y se les colocan camisas de fuerza, fue acribillado a balazos el 31 de diciembre por uno de sus compañeros. Se trato de un "ajuste de cuentas" entre mafias, dijeron las autoridades.
Ese asesinato fue el tercero que se registró en La Palma durante el año anterior. En mayo de 2004 murió estrangulado un interno de ese centro y en octubre otro fue asesinado a balazos.
En enero, cuerpos de seis trabajadores de una cárcel de alta seguridad de Matamoros, ciudad cercana a la frontera con Estados Unidos, fueron hallados a menos de 800 metros del recinto, y las evidencias indican que habían sido torturados y luego ejecutados.
Además, el narcotraficante Joaquín Guzmán, alias "El Chapo", se fugó en 2001 de la prisión de Puente Grande, que junto al de La Palma y Matamoros, son los tres de alta seguridad que existen en México.
"Si en las cárceles de máxima seguridad suceden cosas sorprendentes, no hay que ser muy inteligente para imaginarse qué pasa en el resto", señaló Rodríguez, quien es profesor sobre "Seguridad y Estado" en universidades locales.
La Procuraduría (fiscalía) General reconoció en enero que varios de los jefes del narcotráfico no han dejado de operar desde sus celdas en los penales de alta seguridad y admitió que incluso existe el riesgo de que esos delincuentes organicen un ataque armado contra las cárceles de alta seguridad con la intención de liberar a reos.
El secuestro de Romano indica que a pesar de las promesas oficiales, en todas "las cárceles hay grandes problemas que merecen una cirugía mayor", sentenció Rodríguez.
