Un nuevo listado de 40 uruguayos detenidos en Paraguay por la dictadura, otro de militares de igual origen cofundadores del Plan Cóndor y posibles «vuelos de la muerte» entre ambos países figuran entre los documentos entregados por el activista Martín Almada en Uruguay.
Los nombres de los detenidos en territorio paraguayo en los años 70 no fueron revelados por Almada ni por las autoridades uruguayas, a la espera de estudiar la documentación para saber si estas personas fueron luego liberadas, forman parte de la lista de desaparecidos, o se trata de casos no conocidos hasta ahora.
Las organizaciones humanitarias en Paraguay "manejaban hasta ahora de ocho a 10 uruguayos detenidos en nuestro país, pero hace apenas ocho días hemos descubierto un listado en los archivos del terror donde consta la detención de 35 uruguayos, a los que se deben agregar otros cinco, según documentos encontrados en la cancillería", explicó Almada a IPS.
Entre los documentos entregados este miércoles a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, que este jueves serán también puestos en manos del Poder Ejecutivo, figuran declaraciones obtenidas bajo torturas al uruguayo Gustavo Insaurralde, militante del Partido Por la Victoria del Pueblo, y de su posterior traslado en avión militar a Argentina.
Precisamente, Insaurralde y Nelson Santana son los únicos dos casos de uruguayos desaparecidos en Argentina luego de ser apresados y trasladados desde Asunción, según los registros de la uruguaya Asociación de Madres y Familiares de Detenidos-Desaparecidos.
Por eso llaman la atención estos nuevos documentos con la constancia de 40 detenciones uruguayas en Paraguay, según fuentes consultadas por IPS.
En la documentación, que integra los llamados "archivos del terror" del Plan Cóndor, también consta que el coronel del ejército uruguayo Carlos Calcagno participó en el interrogatorio y torturas practicadas a Insaurralde en Paraguay entre el 5 y el 7 de abril de 1977.
"Esto dio pie a que nosotros como organización humanitaria reclamáramos a la justicia de mi país que pidiera la extradición de Calcagno a Uruguay, trámite que está en proceso y que llegará a Montevideo en los próximos días", estimó Almada
"En caso de concretarse esta extradición, será un caso paradigmático en la investigación sobre lo sucedido en la coordinación represiva" durante las dictaduras del Cono Sur de América en los años 70 y 80, agregó.
Los documentos aportados por Almada también confirmaron la realización de un vuelo de la fuerza aérea uruguaya para llevar de Montevideo hasta Asunción en 1974 a la joven paraguaya de 26 años Victoria Godoy Vera, hoy desaparecida. La existencia de ese traslado se agrega a los efectuados con prisioneros entre Buenos Aires y Uruguay.
Almada, un abogado activista de los derechos humanos que fue detenido y torturado en los años 70, encontró en diciembre de 1992 en una comisaría cercana a Asunción un cúmulo de documentos con membretes, firmas y sellos oficiales, sobre las actividades de las fuerzas represivas de la dictadura que encabezó el paraguayo Alfredo Stroessner de 1954 a 1989.
Pero lo más relevante de lo contenido allí son los informes confidenciales sobre el funcionamiento del Plan Cóndor, que coordinó los servicios secretos de las dictaduras de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay, con ramificaciones en Ecuador y Perú.
"También traje al parlamento uruguayo copia del acta de nacimiento del Plan Cóndor (a fines de 1975 en Santiago), de sus mecanismos de funcionamiento y la lista de oficiales uruguayos integrantes de la llamada Liga Anticomunista en 1977, base de ese programa represivo", señaló el abogado paraguayo, cuya esposa murió a consecuencias de torturas psicológicas.
"Según se desprende de la documentación, a este plan represivo estuvo ligada la Iglesia de la Unificación del coreano Sun Myung Moon", indicó.
Narró que en septiembre de 1977, tras la asunción a la presidencia de Estados Unidos de Jimmy Carter, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) se apartó del Plan Cóndor, al que había respaldado desde su creación a instancias de la dictadura chilena de Augusto Pinochet, según consta en documentos desclasificados en los últimos años en Washington.
"A partir de esa fecha, aparecen vínculos entre la secta Moon y la Liga Anticomunista local y latinoamericana. Inclusive se crea una financiera en Paraguay, llamada Urundel, que sirvió de banco para los operativos represivos en este país", sostuvo.
Almada agregó que el Plan Cóndor, que tuvo en Paraguay una suerte de sede administrativa, fue ideado y dirigido por las fuerzas militares de la región, que usaron a la policía y a la gendarmería en muchos casos para el llamado "trabajo sucio". También fueron cómplices los industriales en el caso paraguayo, apuntó.
Otro elemento nuevo que surge de sus hallazgos es la activa intervención en estas operaciones de las secciones locales de la Policía Internacional (Interpol) de la época, brindando datos e intercambiando información.
"El Cóndor sigue volando bajo otro ropaje", aseguró Almada. Justificó su afirmación en un documento militar encontrado recientemente "en el cual consta que un coronel paraguayo le manda a un colega ecuatoriano en abril de 1997 una lista de los 'subversivos' locales, 'como contribución para incorporar a la lista de los subversivos de América Latina'".
"Ese documento fue llevado a un juez, quien convocó al coronel en cuestión, quien contó cosas que nosotros no esperábamos. Por ejemplo, que en la Conferencia de Ejércitos Americanos realizada en 1995 en Bariloche (sur de Argentina) se intercambió una lista de ese tipo", precisó.
El oficial indicó que los "subversivos" en Paraguay en tiempos de democracia eran, por su orden, los militantes de los movimientos de los sin techo, de los sin tierra y de las organizaciones de derechos humanos, así como los periodistas de investigación y los "piqueteros", el movimiento de trabajadores desocupados llamados así por su modalidad de bloquear calles.
Tras destacar que era la primera vez que se lo convocaba de Uruguay para aportar documentación referente al Plan Cóndor, Almada dijo entender que ahora "el clima político en este país posibilita mi presencia por primera vez ante un poder del Estado".
"Nunca antes los distintos gobiernos uruguayos habían hecho alguna gestión para que pudiera aportar los documentos de los archivos del terror, pese a muchas visitas de presidentes y otros funcionarios hechas a Paraguay tras la recuperación de la democracia", enfatizó.
Tras la asunción el 1 de marzo del presidente Tabaré Vázquez, del izquierdista Frente Amplio-Encuentro Progresista, se comenzó a investigar el destino de las personas desaparecidas, con excavaciones en dos cuarteles cercanos a Montevideo en busca de restos o de indicios de tumbas clandestinas, aunque aún sin éxito.
También se activaron las actuaciones judiciales contra civiles acusados de estar implicados en delitos contra la humanidad, como el caso del ex canciller de la dictadura (1973-1985) Juan Carlos Blanco, el único funcionario de entonces que ha sido procesado.
Miles de opositores al régimen pasaron por la cárcel y casi 200 resultaron desaparecidos, la gran mayoría en Argentina.
Los uniformados, a excepción de los mandos máximos, fueron exceptuados de ser imputados por estos delitos gracias a la llamada ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, ratificada en un plebiscito en 1989.
