Detalles oscuros de la gestión de la Agencia Federal de Administración de Emergencias (FEMA) de Estados Unidos, incluido clientelismo electoral, comienzan a emerger al evaluarse las operaciones del organismo por la catástrofe del huracán Katrina.
Tras la renuncia de Michael Brown a la jefatura de la FEMA por su mal desempeño en la ayuda a las víctimas de Katrina, se supo que en septiembre de 2004, dos meses antes de las elecciones presidenciales, la población de Miami gozó de ventajas que no tuvo la de Nueva Orleans.
La FEMA invirtió 31 millones de dólares en cuestionables indemnizaciones a residentes del condado de Miami-Dade, en el sudoriental estado de Florida, por los daños causados entonces por el huracán Frances, pese a la escasa magnitud de los daños sufridos por el área.
Esos pagos "son cuestionables debido a la cercanía de las elecciones y a la importancia de Florida", que podía definir el resultado y cuyos votantes se pronunciaron entonces por la reelección de George W. Bush, dijo el director de Seguros de la Federación de Consumidores de Estados Unidos, Robert Hunter.
, un importante oficial federal dedicado a los seguros contra inundaciones en los años 70 y 80, señaló que l.
[related_articles]
Este ex funcionario federal estuvo a cargo de supervisar los seguros contra inundaciones en los años 70 y 80 y fue comisionado de seguros del meridional estado de Texas a comienzos de los años 90, gobernado entonces por el ahora opositor Partido Demócrata.
Fuentes de Washington señalaron que aliados de Brown intentaron promoverlo como sucesor del actual secretario (ministro) de Seguridad Interior, Tom Ridge, en retribución por preparar el terreno para el triunfo de Bush en Florida con sus reparaciones por el huracán Frances.
Un informe del Inspector General del Departamento de Seguridad Interior dice que más de ocho millones de dólares fueron entregados a 4.300 personas para el alquiler temporal de viviendas tras el huracán.
Sin embargo, las "víctimas" no habían solicitado el dinero y en muchos casos sus casas no habían sufrido ningún tipo de daño.
Este informe fue hecho público por primera vez en mayo, ante la Comisión de Asuntos Gubernamentales y de Seguridad Interior del Senado.
"La FEMA pagó el relevo de miles de televisores, equipos de aire acondicionado, camas, muebles y automóviles sin pruebas de propiedad o daño y basados solo sobre declaraciones verbales de los residentes, en algunos casos inclusos en rápidos encuentros en restaurantes de comida rápida", dijo la presidenta de la Comisión, Susan Collins, del gobernante Partido Republicano.
"Era una política de 'paga primero, y pregunta después'", añadió..
De hecho, las propias autoridades del condado de Miami-Dado calificaron de "mínimos" los daños provocados por Frances.
En la audiencia, Brown admitió algunos errores burocráticos, pero, según él, eran menores.
Brown fue reemplazado la semana pasada por David Paulison, un oficial bombero con más de 30 años de experiencia.
Katrina "dio otra lección sobre la clase y naturaleza del Departamento de Seguridad Interior", sostuvo el analista Beau Grosscup, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de California.
El Inspector General comenzó a investigar las acciones de la FEMA en Florida luego de que el periódico Sun Sentinel publicara un artículo sobre pagos exagerados a los residentes de Miami-Dade.
El informe menciona un caso en que se llegaron a entregar 10 millones de dólares para reparar gran parte de una casa en Miami-Dade debido a una política de la FEMA según la cual se debe cubrir el costo de refacción de la habitación completa aun cuando haya sido dañado solo un mueble.
Fuentes del Departamento de Seguridad Interior señalaron que los esfuerzos de la FEMA para distribuir fondos tras el huracán Frances se hicieron con los ojos puestos en las elecciones presidenciales de 2004, donde el triunfo en el estado de Florida fue vital para la reelección de Bush.
El informe del Inspector General subrayó la necesidad de que la FEMA establezca pautas y criterios claros para garantizar la efectividad de sus programas de ayuda.
FEMA entregó 720.400 dólares a 228 residentes del condado por pérdidas materiales basados solo sobre declaraciones verbales.
A los inspectores no se les exigió certificar los daños en los automóviles y los pagos autorizados para la reparación de vehículos, en su mayoría bastante viejos, superaban por lo general los costos del mercado.
La FEMA también entregó 192.592 dólares para indemnizar a personas que solamente presentaron comprobante de compra de los artículos afectados, y no pruebas de que efectivamente habían resultado dañados.
El Inspector General calculó que controles más rigurosos habrían evitado a la FEMA gastar 24,4 millones de dólares en pagos innecesarios en varias partes del país entre agosto de 2004 y febrero de 2005.
