Estados Unidos no atendió las recomendaciones de la comisión oficial que estudió las fallas de seguridad que permitieron los atentados del 11 de septiembre de 2001, como quedó de manifiesto con la respuesta gubernamental al huracán Katrina.
Esta es la conclusión alcanzada por los 10 miembros de la Comisión Nacional sobre los Ataques Terroristas contra Estados Unidos, creada en 2002 por decreto del presidente George W. Bush, que constituyeron tras cumplir su tarea el año pasado el privado Proyecto Discurso Público.
La oficial Comisión Nacional —también conocida como Comisión 11/9—, cuya fundación respondió a una resolución del Congreso legislativo que fue resistida por Bush, estuvo integrada por connotadas figuras del gobernante Partido Republicano y del opositor Partido Demócrata.
Luego de entregar su último informe en junio de 2004, los ex comisionados celebraron una serie de audiencias públicas con el fin de analizar qué ha hecho el gobierno para corregir los problemas expuestos por sus estudios.
Muchas de sus recomendaciones son de igual modo pertinentes para prevenir ataques terroristas, como los que el 11 de septiembre de 2001 segaron 3.000 vidas en Nueva York y en Washington, y para minimizar los efectos de desastres naturales.
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Según el Proyecto Discurso Público, solo hubo "un progreso mínimo" en la mejora de la comunicación entre policías, bomberos y servicios de emergencia médica y entre éstos y la Guardia Nacional (fuerzas de seguridad de los estados) y agencias del Departamento de Seguridad Interna.
La falta de un espectro radioeléctrico unificado, como recomendó la Comisión, costó cientos de vidas en ocasión de los atentados de 2001. Las autoridades sufrieron las consecuencias de la misma carencia cuatro años más tarde, con el huracán Katrina.
El informe señala que la legislación pendiente de aprobación en el Congreso obligaría a regresar a un espectro radioeléctrico analógico y a su reasignación, incluyendo los propósitos de seguridad pública.
"El Congreso debería ordenar su reasignación en la fecha más cercana", sugirió.
Los ex comisionados no fueron los únicos en formular esa inquietud.
"Después de ver la horrible interrupción de las comunicaciones que ocurrió durante Katrina, ¿esperaremos otros cuatro años antes de actuar?", se preguntaron, en una carta remitida al diario The New York Times, dos legisladores republicanos y dos demócratas.
"Cuántas vidas más se perderán? ¿Qué clase de catástrofe es necesaria para que el Congreso dé a estos héroes las herramientas que necesitan para salvar vidas?", observaron los senadores John McCain y Joseph Lieberman y los representantes Jane Harman y Curt Weldon.
El Proyecto Discurso Público también estableció que el gobierno sólo había hecho un mínimo avance hacia la adopción de un sistema de control de incidentes que unificara la acción de múltiples agencias y jurisdicciones.
La falta de tal sistema fue uno de los mayores obstáculos para el rescate de los damnificados por el huracán Katrina y contribuyó a generalizar el caos y la confusión.
El Departamento (ministerio) de Seguridad Interna creado a raíz de los atentados de 2001 había fijado octubre de 2004 como plazo para la implementación del sistema unificado de control de incidentes, recordaron los ex comisionados. Ahora se fijó un nuevo plazo que concluirá el 1 de octubre de 2006.
Los ex comisionados también descalificaron los preparativos gubernamentales de un plan para "evaluar regularmente los tipos de amenazas que el país enfrenta para determinar", relativo a los planes de prevención de daños en "infraestructura crítica" y la "prontitud" de la respuesta.
El Proyecto Discurso Público recordó que dos de sus propuestas —la reforma del sistema de inteligencia y la sanción de una Ley Terrorista— fueron implementadas en 2004.
Pero la iniciativa "requería al Departamento de Seguridad Interna la emisión el 15 de junio de 2005 de una evaluación de los riesgos y vulnerabilidades de la infraestructura crítica de la nación" y "ese informe aún no ha sido difundido".
Los ex comisionados urgieron Departamento de Seguridad Interna a alentar al sector privado, en especial a las aseguradoras y calificadoras de riesgo, a establecer criterios para preparativos privados. De todos modos, agregaron, los únicos avances se registraron en esa área.
El secretario (ministro) de Seguridad Interna, Michael Chertoff, en una reunión con representantes del sector privado que "estar preparado no es únicamente una responsabilidad del gobierno". Esa observación fue acertada, a juicio del Proyecto Discurso Público
"En otro ataque y en cualquier desastre natural, los empleados del sector privado probablemente estarán de nuevo en la vanguardia. Como demostró el informe de la Comisión 11/9, los empleados de empresas que institucionalizan un alto nivel de preparación para la emergencia tienen muchas más probabilidades de sobrevivir a un desastre", considera el informe.
Los comisionados urgieron a los líderes corporativos a "tomar la iniciativa para estimular a todas las empresas estadounidenses, especialmente aquellas que están en áreas de alto riesgo, o a quienes poseen una infraestructura nacional crítica, para incorporar los criterios de preparación nacional a sus prácticas empresariales".
Según Beau Grosscup, profesora de la Universidad del Estado de California, "para el gobierno de Bush, el propósito real de la Comisión 11/9 fue desviar la culpa de sí mismo y del Pentágono y despositarla en 'los restos' de las agencias de inteligencia de (el ex presidente Bill) Clinton (1993-2001), especialmente el FBI (Buró Federal de Investigaciones, policía federal)".
Una comisión oficial de Estados Unidos desacreditó a su creador, el presidente George W. Bush, al concluir que "no hay evidencia creíble" de vínculos operativos entre el depuesto dictador iraquí Saddam Hussein y la red terrorista Al Qaeda.
La comisión, integrada por figuras del gobernante Partido Republicano y del opositor Partido Demócrata para detectar posibles fallas de previsión ante los atentados del 11 de septiembre de 2001, dio también un mentís a declaraciones recientes del vicepresidente Dick Cheney.
La Comisión 11/9 había desacreditado varias argumentos del gobierno de Bush para invadir Iraq en 2003.
Según el informe de junio de 2004, el líder de la red terrorista Al Qaeda, Osama bin Laden, había intentado contactarse con Saddam Hussein en procura de apoyo, pero el ex presidente iraquí, hoy prisionero de Estados Unidos, ignoró esas gestiones.
Al recibir en julio de 2004 el informe definitivo de la Comisión en la Casa Blanca por parte de sus copresidentes, el ex gobernador republicano de Nueva Jersey Tom Kearn y el ex diputado demócrata Lee Hamilton, Bush aplaudió su "trabajo realmente bueno", al tiempo que prometió analizar las "recomendaciones adecuadas y sólidas".
La Comisión, cuya creación fue inicialmente resistida por Bush, revisó decenas de miles de documentos y analizó los testimonios de unos 1.200 testigos, incluidos el presidente y su vicepresidente, Dick Cheney.
Ambos insistieron en someterse a una entrevista solo juntos y a puertas cerradas, al igual que altos funcionarios de este gobierno y el encabezado por el demócrata Clinton.
