El juez nominado por el presidente George W. Bush para encabezar la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, John G. Roberts, evita contestar preguntas clave sobre el derecho al aborto a los senadores que consideran su designación.
De todos modos, Roberts expresó en las audiencias en el Senado que entiende la privacidad —pieza angular de las normas y sentencias que permiten en Estados Unidos la interrupción voluntaria del embarazo— como derecho constitucional.
Además, afirmó su apoyo a la mayoría de las decisiones de la Corte Suprema en materia de derechos civiles.
Las preguntas sobre el aborto fueron formuladas por el presidente del Comité Judicial del Senado, Arlen Specter, un legislador del gobernante Partido Republicano aunque en favor de la legalidad de la interrupción voluntaria del embarazo.
Pero Roberts se limitó a contestar que el asunto debe ser derivado a la Corte Suprema, a reiterar que la sentencia al respecto en el caso Roe versus Wade es "ley vigente" y a afirmar que el derecho a la privacidad es constitucional, aunque ese término ni siquiera figura en la carta política estadounidense.
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Con la sentencia Roe versus Wade, la Corte removió en 1973 las restricciones al derecho de las mujeres a someterse a un aborto.
Los cristianos conservadores que constituyen uno de los pilares electorales del Partido Republicano han presionado por el nombramiento de miembros del principal tribunal estadounidense que se inclinen a anular esa sentencia.
Pero Roberts dijo ante los senadores que no hay nada en su fe católica que le impida adherir a las leyes vigentes en materia de aborto.
"¿Cree que el derecho a la privacidad se aplica al comienzo y al final de la vida?", le preguntó la senadora Diane Feinstein, del opositor Partido Demócrata.
Roberts se rehusó a contestar porque esos asuntos serían considerados por la Corte Suprema.
En audiencias anteriores del Senado, en las que se confirmó su designación en un tribunal de apelaciones, Roberts se había negado a contestar si la privacidad era un derecho de nivel constitucional.
Interrogado por el senador demócrata Edward M. Kennedy, el magistrado manifestó su apoyo a fallos de la Corte Suprema que consagraron políticas antidiscriminatorias en perjuicio de la minoría negra.
Entre ellas, mencionó la que puso fin en 1954 a la segregación racial en las escuelas (Brown versus Junta de Educación), la que eliminó en 1964 la discriminación en el empleo público (la Ley de Derechos Civiles), y la que removió los obstáculos electorales contra los negros (la Ley de Derecho al Sufragio del 1965).
También expresó su respaldo a la Ley de Restauración de los Derechos Civiles, que en 1987 ilegalizó la discriminación racial en las universidades y otros centros de educación terciaria cuyos estudiantes recibieran asistencia federal.
Presionado por el senador Kennedy, Roberts también consideró que el Congreso legislativo tiene derecho a legislar para "corregir" el impacto del huracán Katrina. El legislador demócrata había dicho en su intervención que "los afroestadounidenses sufrieron lo peor" de la tragedia.
"Si el Congreso tiene el derecho de declarar la guerra, ¿tiene la facultad de ponerle fin?", le preguntó a Roberts el senador demócrata Patrick Leahy. Pero el juez se negó a contestar, pues la Ley de Poderes de Guerra podría ser objeto de discusión en la Corte Suprema.
Leahy le preguntó a Roberts si coincidía con el memorándum elevado en 2002 por el entonces vicefiscal general Jay Bybee, según el cual la función de comandante en jefe del presidente le confería al Poder Ejecutivo la potestad de invalidar la voluntad del Congreso, incluso en la autorización del uso de torturas contra los prisioneros.
"Nadie está por encima de la ley, ni siquiera el presidente", contestó Roberts. También se habría opuesto, aseguró, al confinamiento de 120.000 estadounidenses de origen japonés durante la segunda guerra mundial.
Los senadores también le inquirieron si aún coincidía con polémicos memorándum que redactó en su carácter de abogado del Departamento (ministerio) de Justicia, durante la presidencia de Ronald Reagan (1983-1989), y como asesor de George Bush, jefe de gobierno entre 1989 y 1993.
Roberts respondió que en esos casos expresaba la posición de Reagan y Bush, no la suya propia.
El senador demócrata Joseph Biden manifestó exasperación por la negativa de Roberts a contestar preguntas sobre asuntos con posibilidad de ser debatidos en la Corte Suprema. Otros nominados al tribunal sí respondieron esas interrogantes, advirtió Biden.
Los legisladores también cuestionaron declaraciones anteriores del juez que minimizan el problema de la discriminación contra las mujeres. "Siempre creí en la equidad de derechos para las mujeres", contestó Roberts, quien aseguró que, para él, la discriminación era inconstitucional.
Roberts integra una corte federal de apelaciones, cargo para el cual el mismo comité del Senado lo confirmó unánimemente hace dos años.
Había sido elegido por Bush para integrar como miembro de número la Corte Suprema, pero la nominación fue a la presidencia del cuerpo tras la muerte el mes pasado del juez William H. Rehnquist.
Virtualmente todas las organizaciones de derechos civiles y femeninos y otras defensoras de la separación de Iglesia y el Estado se opusieron a la nominación de Roberts, apoyado por grupos conservadores y de la derecha religiosa.
En una decisión que molestó a la oposición demócrata, la Casa Blanca entregó al Comité documentos de Roberts sobre su actuación en el Departamento de Justicia y en la presidencia, pero se negó a hacer lo mismo con otros papeles escritos cuando era vicefiscal general.
"Los árbitros de béisbol no hacen las reglas: las aplican. Nadie asiste a un juego para ver al árbitro", dijo Roberts en el Senado.
