El gobierno socialista de España avanza, con gran cautela y la crítica de opositores, en el proceso de negociación de paz con el grupo terrorista ETA, como lo hicieron todos sus antecesores desde 1976 con más frustración que éxito.
El proceso actual, llevado con mucha discreción, está controlado directamente por el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quien todas las semanas se reúne a solas con el director general del Centro Nacional de Inteligencia, Alberto Saiz, confirmaron fuentes a IPS.
Un hecho que certifica esa posibilidad fue destacado esta semana por el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, quien en un discurso en un acto presidido por el rey Juan Carlos I destacó que se han cumplido 27 meses sin atentados mortales lo que, a su entender, "permite contemplar esperanzados un próximo final de esta modalidad terrorista".
En medios nacionalistas vascos, moderados o no, se considera a esa ausencia de atentados una tregua de hecho, pero en otros sectores se lo atribuye a la acción policial y judicial "aplicando y respetando rigurosamente la ley".
"El gobierno (español) actuará pensando en los intereses generales, en los principios democráticos por y para el estado de derecho", afirmó Zapatero al ser interrogado respecto de la negociación con ETA en la rueda de prensa realizada tras su intervención de la víspera en la Cumbre Mundial 2005 en su sede de Nueva York de la Organización de las Naciones Unidas.
Previamente puntualizó que el deseo mayoritario de la sociedad española es ver el fin de ETA y que "es un proceso que viene de atrás, que será largo, difícil y duro" y que "el gobierno trabaja en la línea del deseo de los españoles".
No obstante, advirtió de que, "ante las posibles expectativas, tenemos que ser muy prudentes". Una semana antes, el propio Zapatero precisó que "ETA sólo tiene un destino, disolverse y deponer las armas".
"La violencia no tiene precio político, pero la política puede trabajar para el fin de la violencia", apuntó.
Además, se comprometió, "si se diera el caso", a acudir al Parlamento para explicar los pasos a dar y "para solicitar el respaldo de todos los grupos políticos al logro de la gran aspiración de poner fin al terrorismo en España".
El Parlamento español apoyó el 17 de mayo, con la sola excepción de los votos de los parlamentarios del opositor Partido Popular (PP), una posible negociación con ETA a través de "los poderes competentes del Estado".
La resolución precisó que esa negociación debería venir precedida de "una clara voluntad" de poner fin a la violencia y de "actitudes inequívocas que puedan conducir a esa convicción".
ETA (Euskadi ta Askatasuna, Patria Vasca y Libertad en vascuence) surgió en los últimos años de la dictadura de Francisco Franco (1939-1975) y la primera negociación para dejar la lucha armada ya con gobierno democrático se concretó en 1976 y 1977 en Ginebra.
Ese proceso llevó en 1981 a la disolución de la organización llamada entonces ETA político-militar, la puesta en libertad de los presos de esa organización y la integración de sus miembros en actividades políticas legales. Uno de ellos, Mario Onaindía, fue años después elegido senador en las listas del hoy gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
Una minoría que no apoyó la disolución se integró a lo que se denominó primero ETA militar, que después anuló en su denominación el término militar, ya que sus miembros entendían que no tenía que diferenciarse de la otra, ya disuelta.
Hubo otros encuentros de representantes del entonces gobierno socialista de Felipe González (1982-1996) con dirigentes de ETA en 1984 en Andorra y en 1989 en Argel, ambos sin resultados. A los dos asistieron los ministros de Interior, en un caso José María Barrionuevo y en el otro José Luis Corcuera.
El último intento fracasado se produjo en Zurich el 19 de mayo de 1999, cuando gobernaba el centroderechista José María Aznar (1996-2004), del PP, quien envió a su asesor personal Pedro Arriola, al secretario general de la Presidencia, Javier Zarzalejos, y al secretario de Seguridad, Ricardo Martí Fluxá. La reunión fue moderada por el entonces obispo católico de Bilbao, José María Uriarte.
A pesar de haber enviado en esa oportunidad a su equipo más próximo, Aznar niega ahora esa negociación para criticar los esfuerzos de Zapatero por llegar a la paz.
"Jamás el gobierno que yo presidí dio instrucciones a nadie de negociar", afirmó.
Zapatero comenzó a ver con expectativas la posibilidad del abandono de la violencia por ETA después de recibir al sacerdote católico irlandés Alex Reid, semanas después de asumir su cargo en mayo de 2004.
Reid, quien fue intermediario en la negociación de la paz en Irlanda del Norte, informó a Zapatero que, tras una dura discusión interna en ETA, había vencido la línea estratégica de Mikel Albizu o "Mikel Antza" y José Antonio Urruticoetxea Bengoetxea o "Josu Ternera", partidarios de establecer una tregua y buscar la negociación.
De hecho esa tregua está funcionando, aunque no se la haya proclamado públicamente.
Esta vez, según fuentes de uno y otro lado, no hay designado un mediador en el proceso y eso se debe a que el gobierno español pone como condición para hablar formalmente que primero ETA anuncie que abandona la violencia.
Mientras, Batasuna, el partido ilegalizado por considerarlo una extensión de ETA, informó a sus afiliados en un documento interno al que tuvo acceso IPS que planifica una mesa de diálogo con otras agrupaciones nacionalistas y que va en buena dirección "la ofensiva política que hemos puesto en marcha para la resolución democrática del conflicto".
En sentido contrario se pronuncia la principal fuerza política de oposición, el PP. También una organización influida por este partido centroderechista, la Asociación Víctimas del Terrorismo, que anunció la convocatoria de "una serie de movilizaciones sin precedentes en la historia de España en contra de esta claudicación (del gobierno) ante ETA, que estamos advirtiendo".
