La española Fundación Presidente Allende decidió este jueves constituir una comisión para que decida sobre las solicitudes de indemnización presentadas por víctimas de la dictadura militar chilena (1973-1990) y distribuir entre ellas más de ocho millones de dólares.
Además, la Fundación presentó esta semana en Chile una demanda ante el juez Sergio Muñoz solicitando que se embarguen de modo cautelar todos los bienes del ex dictador Augusto Pinochet, con el mismo objetivo.
El presidente de la Fundación, el abogado Joan Garcés, comentó a IPS que en Chile se está planteando que ello se haga para satisfacer las deudas tributarias de Pinochet. Pero, añadió, "es más importante destinar sus bienes para indemnizar a las víctimas que para pagar los impuestos que debe".
Eso es lo que está haciendo precisamente la Fundación, enfatizó Garcés, con los más de ocho millones de dólares que recibió del Banco Riggs, de Estados Unidos, a cambio de retirar la querella contra esta entidad por haber colaborado con Pinochet en lavado de dinero.
El Banco Riggs fue acusado en la causa que sustancia el juez Baltasar Garzón en España de complicidad con Pinochet para ocultar y lavar capitales del dictador, cuya procedencia se desconoce.
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Así burló el embargo dispuesto en 1998 por el mismo juzgado para que el ex dictador respondiera a su responsabilidad civil por actos de genocidio, terrorismo y torturas, que fue evaluada por Garzón en casi 1.450 millones de euros (unos 1.900 millones de dólares) por daños y perjuicios.
Las cuentas bancarias secretas de Pinochet con entre 10 y 14 millones de dólares fueron develadas por un informe del Senado de Estados Unidos, divulgado el 15 de julio del año pasado por el diario estadounidense The Washington Post.
Ante la demanda interpuesta en Madrid, el Banco Riggs propuso un acuerdo para quedar fuera de la causa contra Pinochet, a cambio de pagar una indemnización y aportar toda la información respecto de las cuentas secretas en cuestión.
Así, las partes acordaron la entrega de toda la documentación en poder del banco y el pago de más ocho millones de dólares, que la Fundación aceptó y destinó para indemnizar a las víctimas de la dictadura. Ese monto, mientras se determinan los beneficiarios, están depositados en un banco español, generando intereses que se sumarán al capital.
La Comisión calificadora está integrada por Viviana Uribe Tamblay, secretaria ejecutiva de la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (Codepu), Rosemarie Bornand Jarpa, abogada defensora de los derechos humanos, y Claudio González Urbina, secretario ejecutivo de la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASI).
También la integran la abogada Carmen Hertz, activista humanitaria, Victor Pey Casado, director del diario chileno Clarín, y el obispo luterano Helmut Frenz, quien junto al cardenal católico Silva Enríquez, hoy ya fallecido, fundara inmediatamente después del golpe de Estado del 11de septiembre de 1973 el Comité pro Paz para defender a los perseguidos por la represión.
Quienes entiendan que son destinatarios de indemnización tienen plazo para presentar su solicitud hasta el 15 de diciembre, momento en que se cerrará la recepción de solicitudes y comenzará a actuar la Comisión..
Los ocho millones de dólares se dividirán en dos partes. Dos tercios serán destinados a las víctimas o familiares de éstas que no estén recibiendo hoy ayuda del estado chileno y el tercio restante para los que ya las reciben.
Quienes las reciban son aquellos que fueron reconocidos como víctimas o familiares de tales por las llamadas comisiones Rettig y Valech, que actuaron por decisión del gobierno chileno.
Hasta este jueves se han presentado a la Fundación unas 7.000 solicitudes, de las cuales medio millar corresponden a quienes no están recibiendo ayuda estatal.
En un principio, la Fundación estableció que se entregaría a los beneficiarios el interés devengado por los ocho millones de dólares depositados en el español Banco Popular. Pero, a la vista de la gran cantidad de solicitudes recibidas se decidió distribuir todo el capital y los intereses devengados hasta la fecha, informó Garcés.
Las indemnizaciones estarán a disposición de los beneficiarios a partir de marzo de 2006.
Garcés es un abogado español que comenzó a colaborar en 1970 con el socialista Salvador Allende durante la campaña que lo llevó a la presidencia de Chile y luego sirvió como su asesor personal.
El 11 de septiembre de 1973 permaneció junto a Allende en la sede del gobierno, el Palacio de la Moneda, mientras era bombardeado por las fuerzas golpistas. Minutos antes de suicidarse, Allende ordenó a sus colaboradores que salieran del edificio. Garcés logró salir, evadir el cerco militar y posteriormente salir de Chile.
Al comenzar el proceso de democratización de España, en 1975, el jurista volvió a su país y continuó trabajando a favor de la defensa de los derechos humanos y de la memoria histórica de Chile.
Entre sus tareas está la creación de la Fundación Presidente Allende y la dirección de la acusación contra Pinochet, la que llevó al juez Garzón a pedir su extradición, que llevó a la detención de éste en 1998 en Londres.
A pesar de que finalmente no fue concedida la extradición y Pinochet fue devuelto a Chile, es actuación derivó en la apertura de acciones judiciales en ese país que llegaron hasta quitarle la inmunidad como ex presidente y a enjuiciarlo, aunque sucesivamente instancia de apelación lo han librado de condena en algunos casos.
