Cuba consideró «infamante» y Venezuela «cínica» la decisión de un juez de Estados Unidos que rechazó extraditar al anticastrista Luis Posada Carriles, acusado de terrorismo, alegando que podía ser víctima de torturas en cualquiera de los dos países latinoamericanos.
El juez de inmigración William Abbott, de El Paso, en el sureño estado de Texas, dijo el martes que Posada Carriles, de 77 años y quien ingresó ilegalmente a Estados Unidos en 2004 tras permanecer algunos años preso en Panamá, no puede ser extraditado a Cuba o Venezuela porque en cualquiera de esos países puede ser torturado.
"Ahora el gobierno de Estados Unidos ha decidido a favor del terrorista Posada, porque según ellos corre peligro de que aquí lo torturen. Vean ustedes el cinismo del imperio. En Guantánamo (donde Washington mantiene a centenares de prisioneros sin derecho al debido proceso) sí torturan gente", dijo el presidente venezolano Hugo Chávez.
"Ellos (los responsables estadounidenses) sí torturan gente: en la prisión aquella de Abu Ghraib (Iraq), torturan y asesinan. Matan niños. Y entonces dice un juez que a Venezuela no puede ir (Posada Carriles) porque hay peligro de que lo torturen", añadió.
En La Habana, el diario oficial Granma sostuvo que "con esta posición infamante, la justicia de Estados Unidos demostró el doble rasero de su política, al negar la extradición del terrorista Posada Carriles a Venezuela".
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En Caracas, la no gubernamental Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, que durante años ha sostenido campañas contra la tortura en Venezuela, advirtió que si Estados Unidos no extradita a Posada Carriles tiene entonces la obligación de juzgarlo en su territorio.
"Es verdad que contra detenidos en Venezuela se practica la tortura. Pero no sabemos si el gobierno había dado garantías suficientes al de Estados Unidos en el sentido de que la integridad física de Posada sería garantizada", dijo a IPS Alfredo Ruiz, coordinador de la Red.
De cualquier modo, "si un Estado se niega a extraditar una persona a un tercer país por temor a que sea torturada, debe entonces procesarla él, por esos delitos", insistió Ruiz.
Sin embargo, la justicia estadounidense ha rehusado encausar a Posada Carriles por delitos de terrorismo, y en cambio considera el suyo como un caso de inmigración ilegal.
Abbott, que redujo el proceso a un caso leve de ingreso ilegal, autorizó a que las autoridades lo deporten a un país que no sea Cuba ni Venezuela.
Posada Carriles es un anticastrista que se radicó en Venezuela, cuya nacionalidad adquirió, a finales de los años 60 del siglo pasado, y trabajó como jefe de capturas (de extremistas de izquierda) en la policía política de ese entonces.
Desde 1974 dirigió una empresa de seguridad privada, y se lo acusa de haber organizado, junto a otro cubano anticastrista, Orlando Bosch, un atentado contra un avión de Cubana de Aviación, el 6 de octubre de 1976.
El avión estalló en pleno vuelo sobre el cielo de Barbados por una bomba que colocaron, por órdenes de Posada y Bosch, los fotógrafos venezolanos Freddy Lugo y Hernán Ricardo. Los 73 ocupantes de la nave, en su mayoría deportistas cubanos, perecieron.
El juicio se radicó en Venezuela con numerosos y enredados episodios entre la justicia civil y la militar, y Posada Carriles aguardaba sentencia firme cuando se fugó, en 1985, de la Penitenciaría General enclavada en las llanuras del centro del país.
Años más tarde, estuvo activo en América Central, y en 2000 fue detenido y condenado en Panamá, por intentar un atentado contra el mandatario cubano Fidel Castro, en el marco de una cumbre de gobernantes iberoamericanos.
La ex presidenta panameña Mireya Moscoso lo indultó y liberó el año pasado, y su paradero se desconoció oficialmente —aunque era un secreto a voces que viajó a Estados Unidos— hasta que el propio Posada Carriles apareció públicamente en el sureste estadounidense, en mayo.
Venezuela formalizó entonces un pedido de extradición, con apoyo del gobierno de Cuba y otras voces de la región, para completar el juicio, y Chávez desplegó una artillería de argumentos para confrontar a Washington con su discurso antiterrorista.
La posición del Departamento de Estado (cancillería) y del embajador estadounidense en Caracas, William Brownfield, fue siempre la de que su país actuaría conforme a sus leyes y a los compromisos internacionales.
La decisión de Abbot es "familiar, de la familia (del presidente, George W.) Bush, y no de la justicia norteamericana", dijo el vicepresidente venezolano José Vicente Rangel. El fallo "es tan infame como el propio acto terrorista", agregó.
El embajador de Venezuela en Washington, Bernardo Álvarez, dijo que "no hay la menor prueba de que Posada pueda ser torturado. Por el contrario, Venezuela está dispuesta a ofrecerle una casa de oro y a servirle caviar cada día si es extraditado para ser juzgado en nuestro país".
Un comunicado de la cancillería venezolana exigió al Departamento de Estado que "cuanto antes, entregue a un juez federal el expediente consignado por nuestro país el 15 de junio de 2005, en el cual se solicita la extradición de Luis Posada Carriles, para que se inicie de esta manera el procedimiento".
Según el texto "esta decisión (de Abbott) es totalmente inaceptable y deja en evidencia el manejo político del caso".
Documentos desclasificados en mayo en Estados Unidos expusieron los prolongados vínculos entre Posada Carriles y la estadounidense Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés).
