La Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI) logró evitar un escándalo por la exclusión de un grupo de activistas chinos, pero es difícil que salga indemne cuando se discutan las denuncias de violaciones de los derechos humanos en Túnez, sede de su segunda fase.
Organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos e instituciones tunecinas especializadas en esa materia aumentaron sus críticas sobre las autoridades de Túnez en la primera semana de sesiones del comité preparatorio de la CMSI, reunido del 19 al 30 de este mes en Ginebra.
El comité está enfrascado en los debates de temas propios de la cumbre, como la reducción de la brecha digital mediante la expansión equitativa de las tecnologías de la información y las comunicaciones y el asunto más candente del gobierno de Internet, que también ocuparon a la primera fase de la conferencia, realizada en diciembre de 2003 en esta misma ciudad suiza.
Aunque lo que está en juego es suculento, por las magnitudes comerciales y políticas del mercado de unos 1.000 millones de usuarios que representa Internet o la red mundial de computadoras, las discusiones entre gobiernos, empresas y sociedad civil transcurren apacibles con miras a la segunda fase de esta conferencia, a realizarse del 16 al 18 de noviembre.
Un sólo episodio alteró hasta ahora el clima de la conferencia y fue la disputa sostenida durante el examen de la solicitud de admisión de la organización no gubernamental Derechos Humanos en China, conocida por su sigla en inglés HRIC.
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La institución, con sede en Nueva York y fundada en 1989 por científicos y académicos de origen chino, declara que su objetivo es la promoción y la protección de los derechos humanos en el gigante país asiático.
El comité preparatorio de la CMSI decidió, en votación dividida, no permitir la discusión de una moción presentada por Estados Unidos para que el organismo aceptara la acreditación de HRIC en la actual fase de la cumbre. Es que la representación de China había apelado a un recurso de procedimiento para frustrar la iniciativa estadounidense.
Sidiki Kaba, presidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos, lamentó que, en el caso de HRIC, el comité haya fracasado en la aplicación de los principios de la libertad de expresión consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Anne-Laurence Lacroix, directora adjunta de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), comentó a IPS que "motivos inconfesables y discriminatorios" impulsaron la resolución finalmente adoptada por 52 votos a favor y 35 en contra. De los 194 países acreditados, sólo asistieron 122 a la sesión y 35 se abstuvieron.
La directora ejecutiva de HRIC, Sharon K. Hom, observó que el Consejo Económico y Social (Ecosoc) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que otorga el estatus consultivo a las entidades no gubernamentales, dispone de un procedimiento para replicar las objeciones a las solicitudes de acreditación.
En cambio, la CMSI, que también depende de la ONU carece de ese mecanismo, dijo.
Hom presentó como una cruel ironía que su entidad haya conseguido la acreditación para asistir en 2003 a la conferencia ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC), realizada en la sudoriental ciudad mexicana de Cancún, mientras pena infructuosamente por obtener el acceso a la CSMI, donde se discuten temas más afines a su vocación.
El director ejecutivo de la secretaría de la CSMI, Charles Geiger, describió el caso de HRIC como "un tema muy sensible" que se arrastra desde 2002, cuando presentó su primera solicitud de inscripción para participar de las sesiones.
La demanda fue analizada "palabra por palabra", como ocurrió con los informes anuales de la agencia humanitaria y con la lista de recursos económicos. En el rubro de ingresos financieros, HRIC identificó algunos donantes, pero mencionó sin individualizarlos la existencia de "otros protectores generosos".
Geiger afirmó que en las solicitudes de inscripción a la Cumbre Mundial de la ONU contra el Racismo, celebrada en 2001 en la ciudad sudafricana de Durban, HRIC consignó que había recibido aportes de gobiernos, una fuente directa de financiación objetada para esas organizaciones.
Sin embargo, un informe preparado por auditores dijo que el año pasado HRIC no había obtenido recursos de gobiernos. Creo que ellos reciben contribuciones de algunos donantes que no pueden revelar, indicó Geiger.
Por su parte, Renate Bloem, presidenta de la Coordinadora de organizaciones no gubernamentales con estatus consultivo ante la ONU (Congo), admitió saber de la "existencia de politización" en los procesos de acreditación.
Pero el otro caso de derechos humanos que amenaza con irrumpir con más fuerza en las sesiones del comité preparatorio y en la misma segunda fase de la CMSI se refiere a las denuncias presentadas por diferentes organizaciones humanitarias acerca de supuestas violaciones cometidas en Túnez.
Nicholas Howen, secretario general de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), protestó por "la ausencia de voluntad del gobierno tunecino para respetar el derecho de libertad de expresión y de opinión".
El funcionario de la CIJ citó "las arbitrarias detención y sentencia" impuestas al abogado tunecino Mohammed Abbou por haber ejercido ese derecho.
Eric Sottas, director de la OMCT, estimó que el caso del abogado Abbou se ha convertido en un símbolo de las violaciones graves y repetidas del derecho al justo proceso y de la libertad de expresión que se cometen bajo el régimen del presidente tunecino Zine El Abidine Ben Ali.
Pero los episodios que precipitaron las protestas de activistas de derechos humanos en las últimas semanas se conectan con la disputa surgida por el control de la Liga Tunecina de Derechos Humanos (LTDH) entre dos facciones separadas aparentemente por su posición ante el gobierno de Ben Ali.
Un grupo de entidades humanitarias tunecinas e internacionales responsabilizó a las autoridades tunecinas de haber impedido la realización del sexto congreso de la LTDH.
Esas políticas provocadoras no auguran una cumbre exitosa, dijeron las instituciones en referencia a la conferencia de noviembre próximo, donde jefes de Estado y de gobiernos adoptarán los documentos de la fase conclusiva de la CMSI.
