La ONU reiteró que la colombiana Ley de Justicia y Paz, promulgada casi dos meses atrás para reglamentar la desmovilización de grupos paramilitares, no reúne elementos esenciales para la pacificación de este país, acosado por décadas de conflicto armado.
El director encargado de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia (OACNUDH), Amerigo Incalcaterra, expuso la tajante evaluación en el foro "Paramilitarismo, desmovilización y política", celebrado el miércoles en Bogotá.
La ley reconoce estatus político a los paramilitares ultraderechistas, prevé el alivio de penas y establece un plazo perentorio para que un grupo reducido de fiscales investigue si cada desmovilizado está involucrado en delitos graves.
Para Incalcaterra, esto no "ofrece beneficios para que los grupos armados ilegales se desmovilicen y cesen sus hostilidades" y tampoco "garantiza adecuadamente los derechos de las víctimas de los crímenes atroces cometidos por los miembros de esos grupos".
En su opinión, la norma no estimula el cese definitivo de los ataques, el abandono de las armas ni el desmonte "efectivo (de) sus estructuras ilícitas".
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La norma da el mismo tratamiento a la desmovilización colectiva, lograda tras negociaciones, que a la individual, que se produce sin acuerdos previos ni cese de hostilidades. La OACNUDH ve en ello espacio para que perpetradores de crímenes reciban amplios beneficios judiciales individuales sin contraprestación.
En cambio, la OACNUDH recomienza la desmovilización colectiva de los grupos y sus bloques para "permitir la superación del conflicto armado y la firma de acuerdos orientados a la paz".
Desde que asumió el cargo, en 2002, el derechista presidente Álvaro Uribe abrió las puertas a una negociación con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que agrupa a bandas regionales a menudo ligadas con jefes narcotraficantes, terratenientes, empresarios y sus representantes políticos.
Según múltiples denuncias, las AUC suelen actuar en coordinación con fuerzas militares contra la guerrilla izquierdista, que lleva 41 años en armas.
Los acuerdos fueron precedidos de una declaración de cese del fuego de las AUC, en diciembre de 2002.
Para Juan B. Pérez, asesor del gubernamental alto comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, quien sostuvo las conversaciones secretas con las AUC, desde entonces "las masacres prácticamente se han acabado, los homicidios se han reducido en más de 300 por ciento, los secuestros tal vez han desaparecido y no ha vuelto a haber reclutamiento de menores".
A pesar de que los crímenes cayeron, en ese lapso las AUC cometieron unos 2.000 asesinatos, según la Comisión Colombiana de Juristas.
La ONU (Organización de las Naciones Unidas) anotó en su momento que las AUC eran responsables de 80 por ciento de los crímenes cometidos en el conflicto colombiano.
Incalcaterra resumió las principales observaciones de OACNUDH a la Ley de Justicia y Paz, puesta como requisito por los países donantes para cooperar con las políticas de seguridad de Uribe.
El Comité Latinoamericano del Consejo de la Unión Europea, Colat, pospuso hasta el 3 de octubre una sesión para decidir si el bloque de 25 naciones aporta recursos a las desmovilizaciones, que por ahora cuentan con apoyo financiero de Estados Unidos y cantidades muy pequeñas de Holanda, Suecia e Irlanda.
La próxima semana, una delegación del Colat se reunirá en Bogotá con representantes humanitarios y de la sociedad civil colombiana en busca de elementos para adoptar la decisión.
La norma aprobada en junio fue defendida vehementemente el miércoles por el fiscal Mario Iguarán, hasta hace pocas semanas viceministro de Justicia.
Hasta agosto, se habían desmovilizado 11.414 paramilitares, de los cuales 8.789 lo habían hecho de manera colectiva y el resto individualmente. Además, se han desmovilizado 5.004 guerrilleros, dijo en el foro Alirio Uribe, director del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, basado en un informe que solicitó a la fiscalía.
Pero sólo a 55 de todos ellos se les aplicará la Ley de Justicia y Paz. "Los otros 16.363 ya están indultados. Es decir ya tienen auto inhibitorio, o preclusión de investigación, o cesación de procedimiento o indulto", pues fueron cobijados por otra norma y un decreto anteriores a la ley de marras, dijo Uribe.
El jurista advirtió que al final del proceso de desmovilización, en diciembre, "el escenario que vamos a ver es que de los 22.000 desmovilizados, tal vez 200 van a la Ley de Justicia y Paz, es decir, el uno por ciento".
En cuanto a las desmovilizaciones colectivas, una investigación del diario El Tiempo reveló el martes que "hay un faltante de más de 3.000 armas y el 30 por ciento de las que se entregaron son inservibles". Así, sólo 65 por ciento de los paramilitares desmovilizados entregó algún tipo de arma.
En todo caso, las 6.636 ya entregadas no se compadecen, por ejemplo, con el ingreso ilegal de 13.000 fusiles AK-47, que fue reconocido por el desaparecido jefe de las AUC, Carlos Castaño.
Las autoridades recibieron en las desmovilizaciones colectivas 4.476 fusiles, 805 revólveres, 702 pistolas, 340 escopetas y algunos changones (armas de fuego artesanales), entre otras.
El mejor armamento estaría oculto, y hay denuncias de que los paramilitares están vendiendo armas a pandilleros y delincuentes. En el foro se expresaron preocupaciones de una próxima "carrera armamentista" en el bajo mundo.
Jairo Libreros, experto en seguridad y defensa, calculó que "casi 70 por ciento de las granadas no se entregan. Vamos a tener 12.000 fusiles en el mercado, 3.000 pistolas, 30.000 granadas y hasta misiles", sostuvo.
La aplicación de la ley puede convertir a capos narcotraficantes en beneficiarios de penas disminuidas previstas para combatientes, opina la ONU.
De hecho, buena parte de los interlocutores de las AUC con el gobierno son reconocidos narcotraficantes, y varios de ellos están pedidos en extradición por la justicia estadounidense.
Colombia produce, según las autoridades de Estados Unidos, 80 por ciento de la cocaína que se consume en ese país norteamericano. Además, la droga constituye el combustible estratégico de la guerra para todas las partes en conflicto.
Incalcaterra remarcó que "la ley guarda silencio absoluto sobre el procesamiento de aquellos servidores públicos que como coautores, determinadores o cómplices participaron en los crímenes cometidos por los integrantes de los grupos paramilitares".
Y como "no exige la confesión plena", la norma "no logrará garantizar la satisfacción del derecho a la verdad", añadió.
En esas condiciones, el Estado no podrá asumir "la tarea de desmontar las estructuras ilegales (establecidas) a lo largo de muchos años en los más variados ámbitos de la vida nacional", dijo.
"Hay que hacer una nueva ley", sostuvo el senador y ex ministro de Defensa, Rafael Pardo, y esta debe poner énfasis en la reparación. El Estado debe incautar los millones de hectáreas que los paramilitares se han apropiado violentamente y crear un fondo común de reparación, agregó.
Expertos calculan que 4,5 millones de hectáreas de las mejores tierras han cambiado de manos por cuenta de las AUC. Al mismo tiempo, en 20 años, el desplazamiento forzado acumula ya 3,2 millones de personas expulsadas de sus predios, según la Consejería para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, Codhes.
En 2005, la atención a los reinsertados significó desembolsos por más de 92 millones de dólares, pero el gobierno calcula que para el año próximo necesitará el doble de esa suma. Setenta y cinco por ciento de esos recursos provendría del presupuesto nacional, y el gobierno aspira a obtener el resto de la cooperación internacional.
Un murmullo de risas recorrió el foro cuando el jurista Uribe citó la respuesta de la fiscalía sobre qué bienes habían entregado los desmovilizados en distintas regiones.
"El Bloque Meta ha entregado tres camionetas, el Bloque Libertadores cuatro vehículos, cinco motos, dos lanchas, cuatro motores, el Bloque Montes de María cuatro vehículos, y el que más ha entregado es el Bloque Catatumbo, que ha entregado 105 fincas, 56 inmuebles, dos lanchas, 15 motores y 10 vehículos", relató.
Según Uribe, la fiscalía le informó que de los "11.414 paramilitares, 13 son mandos, y de éstos 10 tienen cargos por narcotráfico".
