El dirigente mapuche Aucán Huilcamán, cuya postulación a los comicios presidenciales del 11 de diciembre en Chile fue rechazada por formalismos legales, podría revertir esa situación y de paso contribuir a democratizar un sistema electoral que discrimina a los indígenas.
Michelle Bachelet, candidata única de la gobernante coalición de centroizquierda y favorita para ganar los comicios, se reunió este miércoles con Huilcamán y le manifestó su respaldo a una reforma legal que posibilite su postulación, mientras el gobierno señaló estar dispuesto también a la búsqueda de una solución legislativa.
El líder indígena consiguió anteriormente el respaldo de los otros tres postulantes presidenciales ya inscritos, Sebastián Piñera y Joaquín Lavín, de la oposición de derecha, y Tomás Hirsch, abanderado del izquierdista pacto Juntos Podemos Más, formado por los pequeños partidos Comunista y Humanista.
Huilcamán, werkén (portavoz) del Consejo de Todas las Tierras, una de las principales organizaciones mapuches de Chile, presentó su candidatura en el Servicio Electoral el día 12, en nombre de la Red Indígena y Popular, un movimiento que no está legalizado como partido político.
La ley chilena exige que un candidato presidencial debe tener el respaldo de dos partidos legalizados o, en su defecto, inscribirse como independiente, para lo cual se requiere de 35.171 firmas de adherentes.
[related_articles]
Huilcamán, quien el 12 llegó hasta la sede del Registro Electoral en Santiago vestido con su atuendo mapuche y montado en un caballo blanco al frente de otros diez jinetes indígenas, presentó 39.100 firmas, pero el 15 se anunció que su postulación había sido rechazada.
La razón, según específico el director del Servicio Electoral, Ignacio García, fue que apenas 1.399 de las 39.100 firmas estaban autentificadas ante notario, requisito que impone la ley en estos casos.
El líder indígena, quien recogió las rúbricas de apoyo a través de una cabalgata que inició en Temuco, capital de la austral región de la Araucanía, alegó que esa condición discrimina a los candidatos sin recursos financieros, ya que las notarías cobran entre dos y cuatro dólares por cada firma autentificada.
Huilcamán informó que en la propia ciudad de Temuco, así como en Concepción y Rancagua, debió presentar recursos de protección ante los tribunales, ante la negativa de notarios a registrar las firmas que les presentaba.
"Lo que ha ocurrido con la candidatura de Aucán (Huilcamán) representa una injusticia y además muestra que el sistema democrático chileno es bastante elitista, con enormes dificultades para abrirse a expresiones diversas de la ciudadanía", dijo a IPS Francisco Estévez, presidente de la no gubernamental Fundación Ideas, dedicada a estudios sobre exclusión política y social.
"Los requisitos impuestos eran casi prácticamente imposibles de cumplir por una candidatura independiente como la de Huilcamán. Creo que está absolutamente demás tener que inscribir las firmas en las notarías", agregó Estévez.
"Las firmas deberían recibirse, y de manera gratuita, en las oficinas electorales, que son las mismas Juntas de Inscripción Electoral que hay en todos los municipios", donde se inscriben los electores, señaló el director de la Fundación Ideas.
El diputado Antonio Leal, del cogobernante Partido Por la Democracia (PPD), coincidió con Estévez. "Debieran poder presentarse las firmas para todas las candidaturas independientes sin necesidad de que éstas sean notarizadas, porque precisamente el Servicio Electoral puede revisar las firmas", dijo a IPS.
"Yo suscribo el compromiso que ha hecho el PPD, en orden a modificar la ley de manera tal de permitir que los independientes tengan mayores posibilidades, no solamente a nivel presidencial, sino también a nivel parlamentario", agregó el diputado.
El PPD es uno de los cuatro partidos de la gobernante Concertación por la Democracia, integrada también por la Democracia Cristiana, el Partido Socialista y el Partido Radical Socialdemócrata, que gobierna Chile desde el restablecimiento de la democracia en marzo de 1990, al concluir la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
"La legislación debe tender en algún momento a que haya la mayor facilidad para inscribir candidaturas al parlamento y a la Presidencia de la República", señaló a IPS Cristián Monckeberg, del Partido Renovación Nacional (PRN), de derecha liberal.
"Eso debe conjugar también necesariamente la seriedad que tiene que cumplir toda candidatura presidencial. No estamos inscribiendo la candidatura para presidente de un sindicato o jefe de curso, sino para presidente de la República, para dirigir los destinos del país", añadió.
El PRN competirá en las elecciones presidenciales con Piñera, pese a que en las parlamentarias simultáneas llevará listas conjuntas con la Unión Demócrata Independiente, el otro gran partido derechista, más conservador, cuyo abanderado presidencial es Lavín.
Tanto Piñera como Lavín alcanzan en los sondeos de intención de voto entre 18 y 20 por ciento, mientras Bachelet se sitúa entre 45 y 47 por ciento, a escasos puntos de la mayoría absoluta que le permitiría conquistar la Presidencia en la primera vuelta.
En medios derechistas se sugirió que Bachelet era la más favorecida con la eliminación de la candidatura de Huilcamán, ya que éste, al igual que Hirsch, quien en las encuestas logra entre dos y tres por ciento de apoyo, podría restarle votos del electorado más progresista, necesarios para triunfar en la primera ronda.
Contrariando esas especulaciones, la candidata no solo expresó este miércoles un decidido respaldo a Huilcamán, sino que exhortó a la derecha a ser coherente con el discurso de democratización del sistema electoral y a reformar también el sistema nominal que rige para la elección del parlamento.
Ese sistema implica que en cada una de las 19 circunscripciones de senadores y de los 60 distritos de diputados solo se eligen dos cargos, lo cual favorece a las grandes coaliciones y excluye a los partidos pequeños, como el Comunista y el Humanista, y a los independientes.
El 11 de diciembre se elegirán 20 de los 38 escaños del Senado, y la totalidad de las 120 diputaciones. Para los cargos senatoriales se postulan 64 candidatos, y para la Cámara de Diputados se inscribieron 400 postulantes.
En su mayoría, los candidatos pertenecen a la gobernante coalición de centroizquierda, al pacto Alianza por Chile, de la derecha, y al pacto Juntos Podemos Más, de comunistas y humanistas. Menos de tres por ciento son independientes.
En la nómina de candidatos escasean los indígenas, que de acuerdo al Censo de Población de 2002 constituyen casi siete por ciento de los 15,2 millones de habitantes, aunque otras estimaciones señalan que las etnias autóctonas constituyen 10 por ciento.
Guillermo Trapailaf Manquelafquen, del Partido Comunista, es el único mapuche candidato a senador y compite en la región de Los Lagos, sur del país, donde no tiene ninguna posibilidad de triunfo.
Tampoco tienen grandes expectativas otros seis candidatos indígenas a diputados, de los cuales cuatro pertenecen al pacto Juntos Podemos Más, uno a la coalición gobernante y otro es independiente.
En el actual parlamento no hay indígenas, y el único descendiente de mapuches que ha sido parlamentario es el democristiano Francisco Huenchumilla, actual alcalde de Temuco. En los comicios municipales de diciembre de 2002 fueron elegidos 17 alcaldes indígenas en un total de 345 municipios.
La exclusión de Huilcamán tuvo repercusiones internacionales, motivando una carta del bloque de los Verdes en el Parlamento Europeo a los poderes Ejecutivo y Legislativo, demandando que se posibilitara su postulación.
También hubo una declaración de solidaridad con el líder mapuche de Felipe I, un francés de 79 años, cuyo nombre es Philippe Boiry, quien se declara rey de la Araucanía y la Patagonia, en la línea de sucesión de Orelie Antoine de Tounens, un aventurero galo que en 1861 se proclamó monarca con el apoyo de una comunidad mapuche en el sur de Chile.
