El presidente de Chile, Ricardo Lagos, restó este lunes apoyo a un proyecto de ley que propone indultos parciales a condenados por crímenes contra los derechos humanos, en un cambio de posición que familiares de las víctimas atribuyen al mayoritario repudio que generó esa iniciativa.
El mandatario efectuó su nuevo pronunciamiento un día después de la conmemoración del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, que habitualmente da pie a enfrentamientos entre manifestantes y policías, esta vez con el resultado de un muerto, 120 detenidos y 41 agentes heridos, cuatro de ellos con impactos de balas.
El aniversario 32 del golpe de Estado y del suicidio del presidente Salvador Allende (1970-1973) tuvo como marco el debate sobre la propuesta de los senadores derechistas Hernán Larraín y Jorge Arancibia, que favorece a militares retirados y agentes civiles que cumplen penas de presidio por delitos represivos.
La iniciativa, destinada a quienes cometieron delitos a partir de marzo de 1978, no cubiertos por la ley de amnistía expedida por el ex dictador Augusto Pinochet (1973-1990), propone conmutar la cárcel por libertad vigilada a suboficiales y otros subordinados que hayan cumplido 10 años de presidio o que tengan más de 70 años de edad.
Los senadores designados Enrique Silva Cimma, del Partido Radical Socialdemócrata, y Edgardo Boeninger, de la Democracia Cristiana, ambos de la gobernante coalición de centroizquierda, dieron su patrocinio al proyecto, rechazado en el oficialismo sobre todo por el Partido Socialista.
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De momento hay 18 suboficiales retirados de las Fuerzas Armadas y de la policía de Carabineros, así como un agente civil adscrito a este último cuerpo que podrían ser favorecidos por la iniciativa de Larraín y Arancibia, de la derechista Unión Demócrata Independiente (UDI). Unos 300 procesos están pendientes en los tribunales por crímenes perpetrados durante la dictadura.
"Creo que en los próximos 90 días vamos a ver una intensa campaña electoral y no es el mejor momento (para debatir el proyecto de Larraín y Arancibia) y en eso tiene razón Michelle Bachelet", dijo Lagos este lunes en una entrevista por televisión.
La socialista Bachelet, candidata única de la gobernante Concertación por la Democracia y favorita para ganar los comicios presidenciales del 11 de diciembre, dijo el viernes en Buenos Aires que el clima preelectoral constituía un "pésimo momento" para presentar proyectos a favor de violadores de los derechos humanos.
Bachelet tendrá como rivales en las urnas a los derechistas Sebastián Piñera y Joaquín Lavín, quienes buscarán impedir su victoria en la primera vuelta con más de 50 por ciento de los votos. El cuarto candidato es Tomás Hirsch, del minoritario pacto de izquierda extraparlamentaria Juntos Podemos Más.
Lagos había elogiado la semana anterior el proyecto de indulto parcial, porque a su juicio significaba un aporte hacia el futuro. Pero este lunes indicó que sus palabras fueron acogidas parcialmente y sostuvo que valoraba esa iniciativa, al igual que otros posibles proyectos legislativos, porque el asunto "está radicado en el parlamento".
Pero el presidente, un socialista moderado, añadió otra definición, al declararse en contra de beneficios penales a suboficiales mayores de 70 años, ya que cuando el golpe de 1973 ejercían funciones de mando en los institutos castrenses.
"El cambio de posición del presidente tiene que ver con el rechazo general al proyecto de la UDI y por la sorpresa que provocó el apoyo de dos senadores de la Concertación. Lagos vio que 'el horno no estaba para bollos', más aún luego de la reacción en contra por el indulto a Manuel Contreras Donaire", dijo a IPS Gabriela Zúñiga, dirigente de la Agrupación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (AFDD).
Contreras Donaire, un suboficial del Ejército condenado a ocho años de presidio por el degollamiento en febrero de 1982 del sindicalista socialdemócrata Tucapel Jiménez, fue indultado el 19 de agosto por Lagos, quien en consideración de su padecimiento de cáncer terminal lo autorizó a cumplir bajo libertad vigilada los dos años y cuatro meses que le restan de la sentencia.
Zúñiga destacó que en una encuesta difundida el día 8 por la Consultora Mori, 63 por ciento de las personas consultadas rechazó el indulto a Contreras, y entre los jóvenes ese repudio aumentó a 71 por ciento.
La dirigente de la AFDD estimó, sin embargo, como "una pésima señal para la sociedad" que tanto Bachelet como Lagos consideren que este no es un buen momento para debatir sobre indultos a represores, "porque deja abierta la posibilidad de que en algún momento haya condiciones para hacerlo, y eso es peligroso".
"¿Qué ocurriría si el movimiento de derechos humanos perdiera posiciones?", se preguntó Zúñiga, quien agregó que este asunto no puede estar sujeto a circunstancias coyunturales. "Los criminales deben ser procesados y cumplir con las condenas que corresponden por sus crímenes de lesa humanidad", subrayó.
A juicio de la AFDD, en todo el mandato de Lagos, iniciado en marzo de 2000 y que concluye en marzo del año próximo, ha habido intentos "de impunidad", con iniciativas de beneficios procesales y carcelarios adicionales a los juzgados por violaciones de los derechos humanos.
Más de 3.000 personas fueron asesinadas o "desaparecidas" durante el régimen de Pinochet, y más de 28.000 padecieron tormentos, inclusive niños, según el informe divulgado en noviembre de 2004 y complementado en junio por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura.
La AFDD, como integrante de la Asamblea de los Derechos Humanos, fue una de las principales convocantes a la marcha que el domingo cubrió un vasto trayecto desde el centro de Santiago hasta el memorial a las víctimas de la represión en el Cementerio General.
Como es tradicional, la manifestación pasó por un costado del palacio de gobierno de La Moneda, para rendir homenaje a Allende, quien se suicidó en el lugar luego de que el edificio fuera bombardeado por la Fuerza Aérea, antes del ataque de efectivos del Ejército.
Al término del acto en el cementerio se produjeron enfrentamientos entre la policía y grupos de encapuchados que lanzaron algunas bombas molotov y que provocaron también disturbios en días anteriores en locales universitarios.
Sin embargo, los incidentes más graves se produjeron durante la noche en barriadas periféricas de Santiago, donde manifestantes bloquearon las calles con barricadas y luego se resistieron a la intervención de las fuerzas antimotines del Cuerpo de Carabineros (policía militarizada).
En una barriada pobre de la comuna de Peñalolén, en el sector oriental de Santiago, fue alcanzado por balazos Cristián Castillo, de 16 años, quien falleció cuando se lo trasladaba a un consultorio médico de emergencia. Su abuelo, Boris Castillo, afirmó que los autores de los disparos fueron agentes de Carabineros.
El ministro del Interior, Francisco Vidal, visitó este lunes a los policías lesionados y afirmó que los disturbios fueron menos graves que en años anteriores. Destacó que solo se registró el lanzamiento de cinco bombas molotov, gracias a una reciente ley que castiga con penas de hasta seis años de cárcel el empleo de estos artefactos incendiarios.
En los disturbios de la noche del domingo y la madrugada de este lunes hubo grupos que provocaron apagones, afectando a 70.000 de las más de cinco millones de personas que viven en Santiago.
