Las facultades especiales asignadas por las autoridades de Australia a los servicios de seguridad para la lucha antiterrorista alarman a la comunidad musulmana, que teme ser objeto de ataques.
Waleed Kadous, co-coordinador de la Red de Defensa de los Derechos Civiles de los Musulmanes Australianos, desestimó las garantías dadas por el primer ministro australiano, John Howard, de que las nuevas normas no serán usadas para atacar a la comunidad musulmana.
"Hasta ahora, por ejemplo, muchos hogares musulmanes han sido objeto de redadas, pero la mayoría de ellos no han derivado en arrestos, así que cantidades de personas inocentes están siendo afectadas", dijo.
"Lo peor es que estas medidas eliminan las garantías existentes y abren la posibilidad de abusos tales como la detención casual y los poderes de búsqueda de personas", añadió.
"No se menciona específicamente a los musulmanes, pero en su aplicación habrá un impacto indebido sobre la comunidad musulmana", agregó Kadous.
En la Reunión Especial del Consejo de Gobiernos Australianos sobre Antiterrorismo, celebrada el 27 de septiembre en Canberra, Howard logró la aprobación de las nuevas normas, que asignan a las agencias de seguridad y policiales la potestad de detener a sospechosos de terrorismo por hasta 14 días.
Howard logró el aval para sus iniciativas, aunque los seis estados y dos territorios del país son gobernados por el centroizquierdista Partido Laborista, políticamente opuesto a la coalición Liberal/Nacional, en el gobierno federal.
El primer ministro había propuesto que se permitiera la detención de sospechosos sin darles acceso a los tribunales, pero los jefes de los gobiernos estaduales insistieron en que los detenidos debían tener derecho a una representación legal y una evaluación judicial.
Howard invocó el fantasma de los atentados del 7 de julio en Londres para justificar las nuevas potestades policiales, que, según él, ayudarán a reducir la posibilidad de ataques terroristas.
"Vivimos en circunstancias muy peligrosas, diferentes y amenazantes, y se necesita una respuesta fuerte y exhaustiva", dijo en una conferencia de prensa después de la reunión.
Aunque nunca se ha producido un ataque terrorista en Australia, 88 ciudadanos de este país figuraban entre los 202 fallecidos en octubre de 2002, en el atentado con explosivos en Bali, en la vecina Indonesia, de población mayoritariamente musulmana.
La embajada australiana en Yakarta fue objeto de un atentado suicida en septiembre de 2004, pero todos los fallecidos allí fueron indonesios.
Aliada de Estados Unidos, Australia envió soldados a las operaciones militares en Afganistán e Iraq, e intensifica constantemente las medidas de seguridad y antiterroristas desde los ataques suicidas que el 11 de septiembre de 2001 acabaron con la vida de 3.000 personas en Nueva York, Washington y Pennsylvania.
Los jefes de los gobiernos estaduales mostraron reticencia ante la propuesta de Howard, pero un informe de la Organización Australiana de Inteligencia de Seguridad (ASIO) los persuadió. "La situación es seria", afirmó Jon Stanhope, jefe del gobierno de Canberra.
Activistas manifestaron alarma por el retroceso de los derechos civiles que perciben en las nuevas medidas.
"Que un informe secreto de la ASIO a los gobernantes determine que alguien pueda ser retenido 14 días sin cargos muestra el estado lamentable de las libertades civiles en este país", dijo a la cadena de radioemisoras ABC Terry O'Gorman, presidente del Consejo Australiano para las Libertades Civiles.
En la reunión también se asignó a la Policía Federal Australiana la potestad, mediante orden judicial, de restringir durante 12 meses los derechos de las personas que se estime son "un riesgo terrorista para la comunidad" pero que no han sido acusados de ningún delito.
El gobierno central acordó además con los estaduales la presentación de proyectos de ley que amplían los poderes de la agencia nacional de seguridad y la creación de un nuevo delito de incitación por "defensa o apoyo de la ideología terrorista".
Howard argumentó que el nuevo delito se aplicaría a quienes "comuniquen mensajes incitantes dirigidos contra otros grupos dentro de nuestra comunidad, incluso contra las fuerzas australianas en el extranjero y en apoyo a enemigos de Australia".
Otras provisiones permitirán al gobierno designar como grupos terroristas a organizaciones que "defienden el terrorismo", y conferirán mayores poderes para investigar a instituciones caritativas sospechosas de participar en el financiamiento.
Una coalición de organizaciones comunitarias y legales expresó antes de la reunión su alarma por las propuestas de Howard. Términos como "terrorista", "riesgo" y "comunidad" carecen de definición, advirtieron, en un informe titulado "¿Leyes para la Inseguridad?".
Las medidas "impondrán serias limitaciones sobre los derechos y libertades existentes que apuntalan la democracia australiana, tales como la presunción de inocencia, el derecho a la privacidad, el derecho de todos a ser considerados iguales ante la ley (y) el derecho de todos a la libertad de asociación y credo político y religioso".
Por su parte, el gobernador del estado nororiental de Queensland, Peter Beattie, opinó que las nuevas leyes eran draconianas, pero también que "son necesarias para proteger a los australianos".
Antes de la reunión, el Consejo Legal, institución que reúne a los profesionales del derecho, había advertido que las propuestas eran "de mano muy dura" y que deberían haber sido objeto de mucho más debate y escrutinio comunitarios.
Pero aun el líder del opositor Partido Laborista, Kim Beazley, propuso que, sobre la base de una "inteligencia creíble", se debería otorgar a la policía el poder de acordonar suburbios enteros para buscar personas, casas y vehículos sin necesidad de una orden judicial.
Kadous se mostró consternado por la aquiescencia de los laboristas. "Estamos muy decepcionados de que el Partido Laborista no asuma un rol de liderazgo, pues compite en un juego táctico con John Howard para ver quién traiciona nuestros derechos más rápidamente".
Antes de la cumbre, los gobernadores de los estados sudorientales de Victoria, Steve Bracks, y Nueva Gales del Sur, Morris Lemma, así como del nororiental Queensland, Peter Beattie, alegaron que la nueva legislación debería estar sujeta a una clásula que establezca una fecha de expiración para dentro de tres años.
Howard acordó, aunque sin entusiasmo, que los cambios expiren dentro de 10 años y sean sometidos a evaluación dentro de cinco.
