Los crecientes esfuerzos represivos no logran abatir la violencia delictiva en América Central, y muchos esperan que ésta se profundice ante el anuncio de deportaciones masivas de presuntos pandilleros desde Estados Unidos.
Organizaciones de derechos humanos alertan sobre la existencia de escuadrones de la muerte que cometen asesinatos sistemáticos de jóvenes en Guatemala y Honduras, y critican la cada vez más dura represión aplicada por las autoridades de El Salvador.
Enfrentamientos entre las maras (pandillas) Salvatrucha y M-18 terminaron con la masacre de 35 reclusos en varias prisiones de Guatemala el 15 de agosto.
Las maras son consideradas un problema de seguridad nacional en Estados Unidos. Desde su aparición en la occidental ciudad de Los Ángeles, el fenómeno se ha extendido a otras zonas del país, como Maryland y Washington.
La respuesta es una persecución sin tregua a inmigrantes sospechosos y el anuncio de una masiva deportación de más de 600 personas a sus países de origen, la mayoría centroamericanos.
Diariamente ingresan a Honduras entre 20 y 30 menores de edad deportados desde Estados Unidos, México y Guatemala, aseveró la abogada Marta Savillón, directora de programas de la organización no gubernamental Casa Alianza.
Según datos gubernamentales, unos 100.000 jóvenes forman parte de las maras en América Central. El Salvador, con una población de seis millones de habitantes, tiene unos 25.000 supuestos pandilleros.
En Honduras, de siete millones de habitantes, se perpetraron 14.000 homicidios en los últimos cuatro años. De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Guatemala pasó a ocupar el primer lugar en proporción de asesinatos de toda América Latina, con 69,98 crímenes por cada 100.000 habitantes.
El 30 de junio, tras la XXVI Asamblea Ordinaria del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), celebrada en Honduras, los países del istmo acordaron crear una Fuerza de Respuesta Rápida y otras acciones conjuntas de ejércitos y servicios de inteligencia, con la única oposición de Costa Rica.
Pero el saldo de los mecanismos represivos es mayor violencia y una mutación en la estrategia de las pandillas hacia estructuras más complejas de crimen organizado.
Los pandilleros que se enfrentaron en las prisiones guatemaltecas contaban con armamento de gran calibre, como granadas de fragmentación, un hecho que indica la complicidad de los guardias para introducir armas en los penales.
El procurador de Derechos Humanos de Guatemala, Sergio Morales, denunció varias veces que hay en marcha una "limpieza social" evidente en las frecuentes muertes de jóvenes pandilleros.
En El Salvador, desde el 1 de septiembre mil soldados salieron a patrullar algunas zonas de la capital junto con policías en los llamados Grupos de Tareas Antipandillas.
Según las autoridades, cada grupo debe tener tres soldados y dos policías, pero la distribución final quedará supeditada a las condiciones de la zona. Los militares tienen solo la función de acompañamiento, y los procedimientos, desde la captura hasta la remisión de los detenidos, deben ser efectuados sólo por agentes policiales.
Este programa da continuidad al de "Super Mano Dura" que el gobierno de Antonio Saca puso en práctica en agosto del año pasado.
En Honduras, Savillón denunció la existencia de escuadrones de la muerte para eliminar a presuntos pandilleros.
La abogada dijo a IPS que desde 1998 Casa Alianza viene alertando sobre una serie de asesinatos de menores de 23 años. Hasta julio de este año sumaban 2.778 muertes, la mayoría relacionadas con las maras.
La falta de investigación de los crímenes y el desinterés de las autoridades han creado impunidad, dijo Savillón, quien sin embargo aclaró que no existían patrones que indicaran la participación directa del Estado en estos asesinatos.
El presidente Ricardo Maduro fue el primero en reconocer este problema y creó una unidad especial para investigar esas muertes. Pero en dos años de actuaciones, ésta solo ha logrado que la justicia condenara a ocho responsables.
Ricardo Díaz, jefe de la Unidad de Investigación de Muerte de Menores del Ministerio de Seguridad, denunció la implicación de policías, militares y particulares en las ejecuciones de jóvenes. Su oficina ha imputado a 285 personas.
Según Díaz, estos grupos patrullan por las noches los lugares que frecuentan las víctimas, las capturan y las ejecutan en las afueras de las ciudades.
El diagnóstico del I Encuentro Regional de Defensores de Derechos Humanos, que concluyó el viernes 2 de este mes en la ciudad guatemalteca de Antigua, considera que las políticas antiterroristas, antidrogas y contra las pandillas juveniles suponen una amenaza grave a la vigencia de los derechos humanos en la región.
Las causas de la violencia son sociales y económicas, señalan juristas y activistas.
La directora de Casa Alianza dijo que los operativos policiales parecían cacerías humanas y han agravado la situación, pues jóvenes que antes eran identificables y por lo tanto accesibles al trabajo social y la rehabilitación, ahora se ocultan. Las detenciones han abarcado incluso a quienes estaban en proceso de rehabilitarse
Mientras, algunos líderes de las maras han desarrollado vínculos con el narcotráfico y el crimen organizado en busca de protección frente a la persecución de las autoridades.
