Árboles y animales en peligro de extinción en Chile están en medio de una disputa de ecologistas, preocupados por su protección, y campesinos que aducen su derecho ancestral sobre parte del parque natural en que habitan, avalados por el gobierno.
"En sus últimos seis meses de mandato el presidente Ricardo Lagos ha impuesto una política explícita en la que no le importa el patrimonio forestal de Chile, de los parques nacionales ni de los monumentos naturales, entregándolos al mejor postor", se quejó ante IPS Flavia Liberona, representante de Ecosistema, una organización no gubernamental.
Ecosistema y otros grupos ambientalistas se oponen a que se desafecten 1.615 hectáreas del Parque Nacional La Campana, situado unos 100 kilómetros al noroeste de Santiago, y alegan falta de garantías de resguardo ambiental de parte de la Comunidad Agrícola Ganadera Mariana Osorio del sector Granizo del municipio de Olmué, donde están las tierras.
La comunidad de pequeños agricultores, compuesta por 700 familias descendientes de ocupantes del lugar de tiempos inmemoriales, sostiene que sus derechos de propiedad se remontan al período de la colonia española, en el siglo XVII, cuando la encomendera Mariana Osorio habría dejado las tierras en herencia a los indígenas a su cargo.
En 1985, la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990) decidió ampliar el parque La Campana, incorporándole terrenos sin inscripción de dominio y, por lo tanto, considerados fiscales para todo efecto. Desde entonces, el grupo de comuneros, que se arroga la herencia colonial de los territorios, mantiene un litigio con el Estado chileno.
A mediados de octubre de 2004, durante una ceremonia oficial, el ministro Secretario General de la Presidencia, Eduardo Dockendorff, anunció la cesión a título gratuito a la comunidad de 900 hectáreas que hasta ese momento formaban parte del parque, además de otras 900 hectáreas, también pertenecientes al fisco, colindantes con las anteriores.
El 5 de enero, Dockendorff señaló que los comuneros tienen documentos que los sindican como propietarios de los terrenos en conflicto, por lo cual se acordó regularizar su transferencia, manteniendo la condición jurídica del parque La Campana en el marco de restricciones que impone su plan de manejo.
Ese plan es obligatorio por la categoría de Reserva Mundial de Biosfera, otorgada en 1984 al parque por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura.
Las autoridades informaron que se autorizaba expresamente a la Comunidad Mariana Osorio a efectuar actividades tales como "sitios de camping, centros de ventas de souvenir, centros de comercialización de leña y carbón, hostería y cualesquiera otras actividades económicas compatibles" y que los terrenos se convertirán en santuario de la naturaleza.
Sin embargo, el no gubernamental Comité Nacional Pro Defensa de la Fauna y Flora (Codeff) entiende que esa decisión no protege al parque de futuras subdivisiones y ventas de terrenos a mediano o largo plazo.
Hernán Vercheure, dirigente de Codeff, aseguró a IPS que "no hay un compromiso por parte de los comuneros" que impida esos riesgos.
"Basta con que cambien los dirigentes o los estatutos de la comunidad, que ni siquiera está constituida como tal, para modificar sus actividades en la zona", explicó.
"Más allá de la intención, hay un problema de falta de garantías, por lo que la única seguridad radica en que La Campana no pierda su calidad de Parque Nacional (de propiedad fiscal)", sostuvo.
La Campana alberga el bosque esclerófilo mejor conservado de la zona central de Chile, con presencia de especies en peligro, tanto aves como mamíferos, tales como el quique (Galictis cuja), pariente del zorrillo y la llaca (Thylamis elegans), un pequeño marsupial de gran importancia ecológica.
También hay zorros chilla (Pseudalopex griseus) y culpeo (Pseudalopex culpaeus), vizcachas (Lagidium viscacia), gatos colo colo o del pajonal (Lynchailurus colocolo) y pumas, mientras se cuentan entre las aves el picaflor gigante (Patagona gigas), el cóndor y pájaros nocturnos, como el chuncho (Glaucidium nanum) y lechuzas, entre otros.
La Campaña cuenta con la población de palma chilena (Jubaea chilensis) de mayor tamaño y en mejor estado de conservación del país y es el único lugar que posee formaciones boscosas de belloto del norte (Beilschmiedia miersii), 50 por ciento de los cuales quedaron en los terrenos cedidos a la comunidad agrícola.
En abril, agrupaciones ambientalistas acusaron al Consejo de Defensa del Estado (CDE) de incumplimiento de su misión por patrocinar la defensa del ministro Dockendorf, imputado por la desafectación de la zona del parque nacional y contra quien se presentó un recurso judicial en octubre de 2004.
Liberona sostuvo que el CDE no cumplió con su deber de "defender, representar y asesorar jurídicamente al Estado de Chile, en sus intereses patrimoniales y no patrimoniales, contribuyendo a la mantención del Estado de Derecho", velando, en este caso, por preservar una Reserva Mundial de la Biosfera, de propiedad de todos los ciudadanos chilenos.
Las acciones de los ecologistas invocan tratados internacionales, como la Convención de Washington (1940), que Chile ratificó en 1967, y legislaciones internas, como la ley de Bosques y el Decreto Ley 1939, que impiden ceder en forma gratuita a particulares parte del territorio de un parque nacional.
"Un parque nacional es un área que reúne ecosistemas muy relevantes, formaciones muy escasas, de alta prioridad desde el punto de vista de su diversidad, una muestra de lo que queremos dejar del ambiente natural para las futuras generaciones", afirmó Vercheure.
La reducción del sistema nacional de áreas protegidas, debido especialmente al fortalecimiento del desarrollo inmobiliario en áreas naturales, preocupa a este dirigente de Codeff.
"No hay que hacer mucho esfuerzo para imaginar que en un tiempo más todo nuestro espacio rural va a estar utilizado por el hombre a través de actividades productivas. Si no reservamos ciertas áreas perderemos un espacio natural para recreación, investigación y educación", advirtió.
El activista acepta que los vecinos al parque debieran beneficiarse de su ubicación a través de servicios y desarrollo de actividades al interior del lugar. Pero "ese beneficio no tiene por qué pasar por la cesión de tierras, lo que compromete la integridad de esta área y, en el fondo, nos afecta a todos como chilenos", enfatizó.
A juicio de Liberona, con la entrega de los terrenos a la comunidad agrícola-ganadera, el gobierno de Lagos "está haciendo un acto político, porque los comuneros aún no prueban sus derechos de sucesión. No hay ningún papel o trámite legal más que un testamento que deja esta señora Mariana Osorio", apuntó.
De continuar con esa línea argumental, declaró Liberona, "se puede suponer que todos los indígenas tienen pleno derecho a reclamar los territorios poseídos en los años 1800, por ser sus herederos y el gobierno debería entregárselo, cosa que no ocurre".
La adscripción a los convenios internacionales exige la consulta al Congreso legislativo ante cualquier desafectación de un parque nacional, "cosa que el gobierno no ha hecho", aclaró la activista.
Agregó que la firma del protocolo de acuerdo entre el gobierno y los comuneros del sector Granizo obedece no sólo a un "momento electoral", previo a las elecciones presidenciales y parlamentarias de diciembre próximo, sino también a una política oficial.
Tal política, dijo, se refleja en La Campana, en "lo horroroso y escandaloso de la tala de alerces y en los 14 años que lleva (de trámite) en el parlamento el proyecto de ley de Bosque Nativo, que por indicación del Poder Ejecutivo pretende dar vigencia a una norma que faculta al gobierno para entregar en concesión las áreas silvestres protegidas del Estado".
"En la Constitución de Chile, lo que prima es la propiedad privada, en donde el privado tiene derecho a hacer lo que quiera con su territorio y nadie se lo cuestiona", puntualizó Liberona.
Pero en este caso, es "el Estado de Chile, que maneja el patrimonio de todos los chilenos, como los parques nacionales y las reservas, quien no está cumpliendo. Es el Estado que está violando leyes del propio Estado, y es el gobierno del señor Lagos quien lo está haciendo", sentenció la dirigente ecologista.
