El Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) volvió a presionar al gobierno brasileño de Luiz Inácio Lula da Silva para que active la reforma agraria y, en particular, cumpla con las promesas de aumentar la entrega de parcelas este año y el próximo.
La ofensiva, iniciada en la víspera, involucró a por lo menos 15.000 campesinos en la ocupación de 23 oficinas estaduales del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra) y de seis propiedades rurales consideradas improductivas, además de sedes de bancos estatales y bloqueos de carreteras.
"El final del año se acerca y el gobierno no está cumpliendo el acuerdo firmado en mayo, de asentar 115.000 familias este año", justificó la medida de lucha ante IPS Jaime Amorim, uno de los coordinadores nacionales del MST que actúa en el nororiental estado de Pernambuco, donde unas 800 personas ocuparon tres sedes del Incra.
El ministro de Desarrollo Agrario, Miguel Rossetto, se manifestó sorprendido por las acciones del MST y aseguró este martes en Brasilia que ya se entregaron tierras a 50.000 familias este año y hay otras disponibles como para que se asienten 82.000 familias, lo cual confirma a su entender que el gobierno cumple con las metas.
"No se entregaron tierras siquiera para 30.000 familias este año" en Brasil, respondió Amorim, al destacar que el cuadro "es peor" en el estado de Pernambuco, donde la meta anual es de 8.800 familias y hasta ahora sólo fueron contempladas "unas 1.250".
La ofensiva nacional, bautizada por la prensa como "septiembre rojo", se hace en 19 de los 27 estados brasileños. Los reclamos comprenden siete puntos prometidos por el gobierno de Lula tras grandes ofensivas del movimiento campesino.
En noviembre de 2003, el gobierno fijó como meta la entrega de parcelas a 400.000 familias en los cuatro años de su gestión, de 2003 a 2006. En los dos primeros años el programa benefició a 117.500 familias, según el ministro, exigiendo un mayor esfuerzo ahora.
En mayo de este año, una marcha a pie de 12.000 campesinos de 200 kilómetros hasta Brasilia obtuvo de las autoridades la promesa de intensificar la reforma agraria, incrementando la entrega de tierras, expropiando más haciendas improductivas y prestando mejor asistencia a los asentamientos rurales.
Para ello se acordó elevar el presupuesto de la reforma agraria, reestructurar y fortalecer el Incra, el órgano responsable de ejecutar el programa y atender prioritariamente a las familias que viven en campamentos precarios a la espera de tierras, en muchos casos durante años.
Esos campamentos están conformados por campesinos que sobreviven en tiendas de plástico, alimentándose de canastas básicas entregadas por el gobierno, de donaciones, de la pequeña producción propia cuando disponen de tierra o del trabajo informal en haciendas cercanas.
Hasta ahora sólo fueron entregadas tierras por el actual gobierno a 24.000 familias que estaban acampadas, según la dirección del MST. A este ritmo queda poca esperanza para las 140.000 familias que aún se mantienen en campamentos dispersos por todo el país, estima el movimiento.
Para acelerar la reforma agraria, la medida clave es aumentar los índices de productividad que definen si un predio puede ser expropiado para fines de reforma agraria, explicó Amorim. La Constitución permite la expropiación de propiedades rurales que no cumplen su función social de producir un mínimo de bienes y empleos.
Los índices usados hasta ahora fueron definidos en 1975 y una actualización depende de iniciativa gubernamental, prometida en los acuerdos de mayo y no adoptada aún, criticó el dirigente del MST.
Es una promesa incumplida, reconoció el ministro Rossetto, para luego añadir que ya existe una propuesta de revisión, que depende de su aprobación por otras instancias del gobierno, especialmente del Ministerio de Agricultura.
Es que los hacendados se resisten, temiendo ver sus tierras amenazadas de expropiación o de invasión por los campesinos sin tierra, que suman más de cuatro millones en todo Brasil, según el MST.
Pero el gobierno izquierdista tampoco cumplió la promesa de fortalecer el Incra. En Pernambuco, el MST se movilizó también por reclamos específicos locales. Exige la destitución de 22 procuradores del Instituto "contratados durante la dictadura militar", que gobernó Brasil de 1964 a 1985, afirmó Amorim.
Son viejos funcionarios "ideológicamente opuestos a la reforma agraria" que traban las expropiaciones de latifundios improductivos y los proyectos de asentamiento, por eso el proceso no avanza sin su sustitución, sostuvo.
La ofensiva se lanza cuando el gobierno de Lula afronta una grave crisis, debido a los escándalos de corrupción desatados en mayo. Dirigentes del gobernante Partido de los Trabajadores (PT), tradicional aliado del MST, son acusados de haber sobornado diputados conservadores para asegurar apoyo parlamentario al gobierno.
A pesar de la crisis, es "un buen momento" para la movilización campesina, porque "sin presión" de los interesados no avanza la reforma agraria, dijo a IPS Bernardo Manzano, profesor de la Universidad Estadual de Sao Paulo e investigador de temas agrarios.
El gobierno tiene condiciones y recursos para promover los asentamientos rurales prometidos, "está pasando la hora" de presionarlo para que cumpla sus promesas, aprovechando que el próximo año habrá elecciones presidenciales, parlamentarias y para elegir gobernantes estaduales, acotó el experto.
El ministro Rossetto lamentó la ocupación de sedes del Incra, argumentando que la acción "no ayuda sino que perjudica la marcha de los asentamientos", al impedir el trabajo de los funcionarios.
