Aunque se espera que las elecciones parlamentarias de este domingo en Afganistán se desarrollen en relativa tranquilidad, el grado de libertad que entrañen es puesto en duda por muchos observadores.
La postulación de varios notorios señores de la guerra y sus amigos, así como la cada vez más agresiva insurgencia del movimiento extremista islámico Talibán (que controló buena parte del país entre 1996 y 2001), encabezan una lista de preocupaciones sobre los comicios y su efectividad para conducir al país a un régimen más democrático.
Se teme que los resultados electores no sólo legitimen el poder de los señores de la guerra y de líderes de las milicias armadas, sino también aumenten las tensiones entre etnias y facciones en este país que lleva décadas de conflictos internos e invasiones, y que fue atacado y ocupado por Estados Unidos en octubre de 2001.
Existe una creciente división entre el gobierno de Hamid Karzai, respaldado por Estados Unidos, que ha hecho grandes esfuerzos para ganarse el respaldo de la etnia pashtún (patán) a la que pertenece, y las fuerzas tayikas y uzbekas que ayudaron a expulsar al Talibán del poder hace casi cuatro años.
También preocupa que los políticos occidentales, especialmente los de Estados Unidos, consideren que estos comicios son señal de éxito y empiecen a reducir su asistencia al que sigue siendo uno de los países más pobres del mundo.
Este peligro parece creciente, debido a la reciente propuesta estadounidense de reducir en 20 por ciento la presencia de sus casi 20.000 efectivos, y a las dificultades de último momento para asegurar las contribuciones necesarias para pagar los costos de los comicios, de casi 160 millones de dólares.
"Es absolutamente imperativo que estas elecciones sean vistas como el inicio de la democratización, no el final", escribieron Joanna Nathan y Mark Schneider, del International Crisis Group, en el periódico The Washington Times el viernes. "Afganistán todavía está en una etapa peligrosamente frágil", agregaron.
Las elecciones de este domingo, en las que unos 6.000 candidatos (casi 600 de ellos mujeres) se disputarán los escaños de la Asamblea Nacional y los consejos provinciales, configuran un escenario importante en la transición hacia un gobierno con muchas de las instituciones de un Estado democrático.
Con más de 12 millones de personas oficialmente habilitadas para votar, los preparativos técnicos resultaron exitosos, según un informe publicado esta semana por la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW). Kabul y otras ciudades fueron empapeladas con afiches electorales.
A pesar de estos logros, del evidente entusiasmo de los candidatos y de que la abundancia de votantes, "un subyacente clima de miedo" ha afectado la campaña electoral, con amenazas y ataques del Talibán y otros grupos insurgentes, la postulación de presuntos criminales de guerra y violadores de derechos humanos, según la descripción de HRW.
"El pueblo afgano está evidentemente ansioso de participar en elecciones que lo ayudarán a apartarse del régimen de las armas", dijo Sam Zarifi, subdirector de la división asiática de HRW, que ha viajado frecuentemente a Afganistán desde 2001.
"Pero está desilusionado de que el gobierno y sus socios internacionales no hayan hecho más para evitar que los señores de la guerra y quienes violaron los derechos humanos dominen la escena política en Afganistán", agregó.
Incluso se estableció una Comisión de Quejas Electorales, integrada por representantes internacionales y afganos, para vetar y proscribir candidatos, si se demostraba que tenían vínculos con las milicias, con crímenes o con el tráfico humanos de opio, que ha florecido desde el fin del régimen Talibán.
La Comisión proscribió a 32 postulantes, pero HRW, el International Crisis Group y medios de comunicación extranjeros han informado que en las papeletas quedaron 10 veces ese cantidad de candidatos con antecedentes similares.
"No somos un tribunal penal o ni un cuerpo de transición", dijo al diario Los Angeles Times el presidente canadiense de la Comisión, Grant Kippen.
Entre los mencionados, según HRW, hay un grupo de comandantes y ex oficiales que estuvieron implicados en crímenes de guerra y contra la humanidad, especialmente durante la batalla por Kabul que destruyó la mayor parte de la ciudad a comienzos de los años 90.
La lista incluye a Abdul Rabb al-Rasul Sayyaf (un aliado de Karzai cuyas fuerzas han sido acusadas de haber masacrado a cientos de integrantes de la etnia hazara en Kabul), el ex presidente Burhanuddin Rabbani, el mulá Taj Mohammad, Younis Qanooni (un líder tayiko que resultó segundo en las elecciones presidenciales del año pasado y se espera que lidere a la oposición), Haji Almas y el mulá Ezatullah.
Además, según el informe de HRW "Afganistán en vísperas de elecciones parlamentarias y provinciales", Sayed Mohammad Gulabzoi, quien se postula como legislador por la provincia sudoriental de Khost, fue jefe de la brutal afgana durante la ocupación soviética (1979-1989), mientras varios ex jerarcas y comandantes del Talibán también están en las listas.
En las provincias y en áreas más remotas, la intimidación y el miedo son más fuertes, algunos candidatos ni siquiera pueden viajar o hacer campaña en sus propias circunscripciones electorales.
Las mujeres candidatas han enfrentado problemas especiales en áreas rurales debido al conservadurismo dominante en esas regiones controladas por las milicias locales y los señores de la guerra, según HRW y otros observadores.
Dada la predominancia de los señores de la guerra en la mayor parte de las zonas rurales, HRW llamó urgentemente a revocar una previsión de la ley electoral, conocida como "la cláusula del asesinato", que permite a los candidatos perdedores ocupar los escaños de los ganadores que fallezcan o renuncien.
"Lo último que Afganistán necesita es que quienes pierdan maten a los ganadores para ocupar sus lugares", dijo Zarifi.
Un renaciente Talibán y sus aliados, como Gulbuddin Hekmatyar, se suman a las preocupaciones por los comicios, particularmente en las áreas de los pashtunes, aunque funcionarios de Estados Unidos insisten en que no están en condiciones de desbaratarlos.
No obstante, ataques insurgentes se han intensificado, particularmente contra objetivos electorales y policías, entre ellos los asesinatos de seis candidatos. El miércoles, la postulante Hawa Alam Nuristani, quien trabaja como presentadora en la televisión y la radio estatales, fue herida en un ataque, y dos de sus colaboradores fueron secuestrados, aunque nadie se ha declarado responsable.
Este año, fuerzas de Estados Unidos han sufrido sus mayores pérdidas en Afganistán desde la campaña de 2001 para derrocar al Talibán.
Más de 70 estadounidenses han muerto desde enero, aunque casi la mitad fallecieron en dos accidentes de helicóptero.
Funcionarios en Washington insisten en que la elevada mortandad se debió a una campaña contrainsurgente más agresiva, diseñada precisamente para evitar que el Talibán atente contra el proceso electoral.
Sin embargo, algunos observadores también lo atribuyen al creciente reclutamiento de combatientes en Pakistán y en partes de Afganistán en las que el gobierno de Karzai no ha logrado ninguna mejora de las condiciones económicas y sociales.
Esto vuelve más necesario el compromiso de Occidente en Afganistán luego de las elecciones, según Nathan y Schneider, del International Crisis Group.
"Más de tres años y medio después de la caída del Talibán, el creciente descontento en las calles de Afganistán es palpable", escribieron.
"Si se permite que Afganistán vuelva silenciosamente a ser un Estado fracasado porque la comunidad internacional mira para otro lado, ese sentimiento de descontento se vuelva la exportación más importante del país", agregaron.