La posibilidad de que el presidente pakistaní Pervez Musharraf indulte al indio Sarabjit Singh, condenado a muerte por terrorismo y espionaje, desata pasiones a ambos lados de la frontera.
Legisladores, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil urgen a Musharraf a aprovechar la oportunidad para asegurarse la libertad de cientos de pakistaníes que languidecen en cárceles indias a cambio de la vida de Singh.
Pero el resultado de las disímiles demandas, contradictorias aun dentro de los dos países, podría depender de los acuerdos que alcancen los gobiernos de estas naciones, vecinas y rivales, comprometidas en un diálogo de paz.
La situación de Singh dificulta el vínculo entre estos dos países, que formaron parte de la misma colonia de Gran Bretaña y cuya independencia coincidió en 1947 con la separación en una nación de predominio musulmán, Pakistán, y otra de mayoría hindú, India.
Estos dos estados se enfrentaron en tres guerras y numerosas escaramuzas, especialmente por la situación de la Cachemira india, territorio de mayoría musulmana. Para colmo, los dos países se convirtieron en poseedores de armas nucleares en 1998.
El primer ministro indio Manmohan Singh prometió solicitar en persona la clemencia del espía a Musharraf. Su gestión es la respuesta a una advertencia de la familia de Sarabjit Singh: si la sentencia se ejecuta, se suicidarán todos los miembros, aseguraron.
Mientras la justicia y las autoridades pakistaníes afirman que Sarabjit Singh, también conocido como Manjit Singh, confesó su responsabilidad por la muerte de 14 personas en atentados con explosivos en las ciudades de Lahore, Sialkot y Kasur en 1990, y también actos de espionaje.
Pero la familia de este ciudadano indio ha sostenido que éste ingresó sin advertirlo, borracho, a territorio pakistaní, y que no tiene relación alguna con los actos que se le imputan.
La gestión del gobierno indio "vinculó la situación de Sarabjit Singh a la sustentabilidad del actual proceso de paz entre los dos países, comprometidos en medidas recíprocas de consolidación de la confianza", dijo Zafar Nawaz Jaspal, profesor de Relaciones Internacionales en la pakistaní Universidad Qaid-e-Azam.
"Islamabad debe actuar con cautela", advirtió Jaspal.
Los abogados de Sarabjit Singh agotaron todas las instancias de apelación, incluso una ante la corte suprema. Hoy, su vida depende de un perdón presidencial previsto en la constitución pakistaní.
Se trata de una verdadera prueba para Musharraf, quien podría aprovechar la situación para mantener la buena voluntad bilateral. Pero ejercer la prerrogativa presidencial podría ofuscar a partidos pakistaníes de derecha y a sectores del público.
Organizaciones religiosas ya están en pie de guerra contra el gobierno por la represión en escuelas y centros islámicos tras los atentados suicidas cometidos en Londres el 7 de julio.
Por otra parte, el perdón a Sarabjit Singh también pondría en duda el compromiso de castigo ejemplar a los terroristas, asumido por Pakistán tras los atentados que dejaron 3.000 muertos en Nueva York y Washington el 11 de septiembre de 2001.
Por otra parte, Musharraf podría tomar en cuenta que no indultó a Islam Siddiqui, un soldado ejecutado en la horca este mismo mes por su participación el año pasado en una conspiración para asesinar al propio presidente.
Otros cinco militares fueron condenados a muerte por la misma causa.
"No debería perdonar al asesino de 14 personas si no pudo hacerlo con alguien que intentó asesinarlo a él mismo. Solo los familiares de las víctimas de Sarabit (Singh) están facultados para conceder clemencia. Eso es lo que enseña el Islam", dijo Fida Mohammad, simpatizante del partido fundamentalista musulmán Jamaat-i-Islami.
En medio de tales sentimientos, será difícil para Musharraf justificar la clemencia de Singh ante el público pakistaní.
Y algunas organizaciones islámicas piden a Islamabad que pida clemencia para Mohamma Afzal, un supuesto pakistaní recientemente condenado por la Corte Suprema de Justicia de India por orquestar el ataque contra el parlamento indio en diciembre de 2001.
"Afzal es inocente y el gobierno pakistaní debe pedir a India por su vida", dice un comunicado de prensa emitido este fin de semana por el Consejo Unido de la Jihad, una alianza de grupos musulmanes que apoyan la resistencia armada en la Cachemira india.
Las organizaciones pacifistas pakistaníes tampoco están muy seguras de lo que debe hacer Musharraf en torno de Singh.
"Islamabad debería permitir a los indios conocer las evidencias que condujeron a la acusación y condena de Singh", sostuvo el activista Francisco D'sa, coordinador del Comité de Ciudadanos por la Paz.
En ese sentido, ya se dieron algunos pasos. Funcionarios de la Embajada de India en Pakistán obtuvieron de las autoridades permiso para entrevistarse con Singh el día 30.
De todos modos, D'sa consideró que Pakistán e India deberían tener en mente el objetivo más ambicioso de la paz definitiva. "La ejecución de Singh podría tener repercusiones serias en las relaciones", explicó.
Y, agregó, deberían iniciarse gestiones para la liberación recíproca de prisioneros, es decir de indios en Pakistán y pakistaníes en India.
Según un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Pakistán, 611 pakistaníes están hoy presos en cárceles indias, entre ellos 52 pescadores que ingresaron en aguas territoriales del país vecino por error.
Y la mayoría de esos detenidos están en esa situación por ingresar ilegalmente en territorio indio, permanecer en él más allá del periodo indicado en sus visas o visitar ciudades no previstas en ese trámite consular.
"Ninguno de esos delitos debería concitar un castigo mayor a un par de meses de cárcel", consideró el abogado Nadir Altaf.
"Hemos confirmado la identidad de 173 prisioneros, y tenemos en proceso las de 178 más", agregó.
Por su parte, en cárceles pakistaníes se encuentran 576 indios.
Jaspal consideró que, con prudencia, la clemencia de Singh podría adelantar la solución del problema.
"La ejecución de Sarabjit Sing podría afectar el destino de los prisioneros. El presidente podría conmutar la pena a cadena perpetua. Después de 15 años de cárcel, esa solución sería beneficiosa para los dos gobiernos y mantendría la buena voluntad en un buen nivel", sostuvo el experto.
