El Partido del Congreso, gobernante en India, aún paga el precio de la masacre de 4.000 sijs a manos de turbas enfurecidas por la muerte a manos de un miembro de esa comunidad de la primera ministra Indira Gandhi, el 31 de octubre de 1984.
El ministro a cargo del vínculo con los emigrantes indios Jagdish Tytler fue obligado esta semana a renunciar. Una comisión investigadora oficial identificó a Tytler entre los instigadores de la matanza, que ahora esperan una prometida acusación del gobierno ante la justicia.
La lluvia de muertes deterioró el vínculo entre el Partido del Congreso y la poderosa comunidad sij, cuyos miembros se distinguen por sus barbas y turbantes y que domina el oriental estado de Punjab.
Un primer paso hacia la reconciliación fue la investidura en mayo de 2004 del sij Manmohan Singh como primer ministro, tras el triunfo electoral del partido liderado por Sonja Gandhi, nuera de la asesinada primera ministra.
Gandhi dio un paso al costado para promover la figura de Singh, un profesor de economía doctorado en la británica Universidad de Oxford que ocupó un alto cargo en el Banco Mundial en Washington.
Singh es considerado el padre de las reformas económicas de comienzos de los años 90, cuando encabezó el Ministerio de Economía en un gobierno del Partido del Congreso.
Indira Gandhi fue asesinada como represalia por el avance del ejército ordenado por la jefa de gobierno sobre el Templo Dorado, el sitio más sagrado de la fe sij , en la ciudad punjabí de Amritsar, ocupado por combatientes sij armados a guerra.
Poco después del asesinato de la líder histórica del Partido del Congreso, las turbas incendiaron viviendas y empresas propiedad de sijs en Nueva Delhi y otras grandes ciudades.
Cuando el hijo y sucesor de Indira Gandhi, Rajiv —esposo de Sonja Gandhi y él mismo asesinado en 1989—, llamó al ejército para que pusiera fin a la masacre, ya era demasiado tarde.
Viudas y madres de sijs muertos en la masacre rogaron por justicia y reparación cuando Singh se hizo cargo del gobierno. El miércoles, cuando se conoció el cese de Tytler, medio millar de viudas se concentraron en el centro de Nueva Delhi para manifestar su desazón una vez más.
Habría deseado yo que hubiéramos muerto. El gobierno hizo promesas vacías de reparación, pero la mayoría de nosotras no logramos nada y vivimos en la penuria, dijo Manjit Kaur, una de las viudas que prometieron no abandonar la concentración hasta que se haga justicia.
La mayoría de las viudas no mostraron sorpresa al conocer el informe de la comisión investigadora oficial que preside el ex juez G. T. Nanavati.
La Comisión Nanavati fue creada en 2000 por el gobierno, encabezado entonces por el conservador partido hinduista Bharatiya Janata, en una coalición integrada también por el partido religioso sij, Shiromani Akali Dal.
Bharatiya Janata perdió las elecciones nacionales de 2004, en las que, además, el Partido del Congreso avanzó en bastiones de Shiromani Akali Dal de Punjab, estado gobernado por un poderoso miembro de la familia real sij que dominó la región en el pasado, Amarinder Singh.
Manmohan Singh se comprometió el miércoles ante el parlamento a iniciar acciones legales contra las personas responsabilizadas de las matanzas de 1984.
Nuestro gobierno instruirá al Ministerio de Justicia para que se apliquen las máximas penas a los culpables. Es una promesa solemne, anunció Singh.
La promesa fue pronunciada sólo después de enfáticas exhortaciones de legisladores de Bharatiya Janata y de los aliados comunistas del gobierno de Singh, así como de editoriales en los principales periódicos.
Si en una democracia la violencia de las turbas se encubre, aunque sea una sola vez, el peor peligro es que se convierta en rutina, opinó el diario Indian Express Daily.
El editorial aludía a la masacre en marzo de 2002 de 2.000 musulmanes a manos de simpatizantes de Bharatiya Janata en el estado de Gujarat y que, según los propios dirigentes del partido, lo precipitó hacia la derrota electoral de 2004.
El fallecido primer ministro Narasimha Rao autorizó en los años 90 a un oficial de policía sij, K. P. S. Gill, a aplicar todos los recursos represivos a su alcance para acabar con el movimiento separatista sij.
La táctica de Gill, denominada bala por bala, resintió a los sijs con el gobierno y alentó una inusual alianza entre Bharatiya Janata y Shiromani Akali Dal, que contribuyó con el desalojo en 1996 del Partido del Congreso del poder que había detentado desde 1947.
Pero la designación de Manmohan Singh dejó sin efecto la campaña contra el Partido del Congreso, que recibía grandes aportes financieros de las comunidades sij en Gran Bretaña, Estados Unidos y Canadá. (
