Venezuela eliminó este viernes la inmunidad diplomática que concedía a los agentes de la oficina antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), en represalia porque Washington había revocado la visa a oficiales de la Guardia Nacional venezolana abocados a la lucha contra el narcotráfico.
La cooperación en la lucha antidroga se convirtió en el último escenario de la confrontación política y diplomática que, con recias acusaciones de cada lado, sostienen los gobiernos de George W. Bush y Hugo Chávez desde hace dos años.
Analistas concuerdan en que estos incidentes no cortarán las relaciones diplomáticas y comerciales entre Washington y Caracas, pero pavimentan el camino que conduce a una ruptura.
El vicepresidente venezolano José Vicente Rangel dijo que su país decidió eliminar la inmunidad diplomática a los funcionarios de la DEA que quieran ingresar al país, porque una cosa es la embajada diplomática y otra el trabajo de la DEA.
A Estados Unidos no le vamos a tolerar ni esto, dijo Rangel casi uniendo sus dedos pulgar e índice ante los periodistas, y a cada ataque vamos a responder con otro ataque. Lo que es igual no es trampa, sentenció.
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Rangel consideró una decisión política la medida tomada por Washington de revocar la visa a los generales Frank Morgado, jefe del comando antidroga, y Alexis Maneiro, director de la escuela superior de la Guardia Nacional, la policía militarizada.
Es una nueva agresión contra nuestro país. La hoja de servicios de esos oficiales es impecable. No le atribuimos a ningún país derecho a descalificarlos, dijo Rangel, quien criticó además que su gobierno se enterase del retiro de visados a través de los medios de comunicación.
El embajador estadounidense en Caracas, William Brownfield, no confirmó el retiro de las visas a los oficiales, pero dijo que su gobierno sospecha que algunos funcionarios venezolanos, militares o civiles, están involucrados en el tráfico de drogas.
Brownfield recordó que dentro de cinco semanas Estados Unidos decidirá si certifica o no, según sus leyes, la cooperación de los demás países en la lucha antidrogas y tomará en cuenta la situación que se ha presentado con Venezuela.
La crisis se destapó a comienzos de semana, cuando Chávez anunció que rompería la cooperación con la DEA porque esa agencia estaba utilizando como máscara la lucha antidroga para hacer trabajo de inteligencia en Venezuela contra el gobierno y favorecer el narcotráfico.
En esas circunstancias decidimos cortar en seco esa relación, dijo Chávez.
Rangel y el general Melvin López, inspector de la Fuerza Armada venezolana, dijeron que la DEA practicaba entregas controladas de droga en Venezuela, (lo que es delito en este país sudamericano pues sus leyes prohíben simular hechos punibles), y sus agentes llegaron a detener personas en suelo venezolano sin avisar a las autoridades locales.
Los generales y otros efectivos de la Guardia Nacional con sus visas revocadas habrían elaborado informes que denunciaron esas acciones de la DEA, con base en los cuales Chávez decidió la ruptura, y la medida de Washington sería una represalia.
La posible pérdida de la certificación por parte de Venezuela se traducirá, en lo económico, en veto de Washington a las solicitudes de crédito por 1.500 millones de dólares que Caracas ha presentado ante el Banco Interamericano de Desarrollo.
En lo político, Washington originará una rápida campaña para crear una matriz de opinión en el sentido de que Venezuela no colabora en la lucha antidroga, estimó el analista político Alberto Garrido, simpatizante de la oposición en este país.
María Teresa Romero, profesora de Estudios Internacionales en la Universidad Central de Venezuela, dijo a IPS que por este incidente de la DEA no creo que se produzca una ruptura de las relaciones diplomáticas o comerciales, pero la acumulación de incidentes de este tipo sí conduce a esa alternativa.
Otro docente de asuntos internacionales, Italo Luongo, dijo que la ruptura con la DEA es sólo más diplomacia de micrófono, pero la situación destruye de manera rápida todos los nexos entre ambos gobiernos.
Brownfield dijo en una entrevista de televisión que la ruptura no se producirá de parte de Estados Unidos, y Rangel replicó que Venezuela tampoco piensa romper. Que quede completamente claro.
El miércoles, Chávez dijo a periodistas en Montevideo, en el marco de una gira que le llevó además a Buenos Aires y Brasilia, que no es la intención del gobierno venezolano crear un escenario de confrontación continua con el de Estados Unidos. No es parte de la política exterior de Venezuela.
Más aún, las diferencias políticas e ideológicas entre el gobierno de Venezuela y el de Estados Unidos no deben ser sobredimensionadas y no deben mezclarse con las relaciones comerciales, añadió.
Venezuela despacha cada día a Estados Unidos 1,5 millones de barriles de petróleo, 15 por ciento de las importaciones estadounidenses.
Romero llamó la atención sobre el hecho de que mientras avanza la nueva confrontación por la cuestión de las drogas, el Congreso legislativo estadounidense estudia medidas que debe instrumentar ese país para independizarse del suministro petrolero venezolano.
En Washington, el portavoz del Departamento de Estado, Adam Ereli, dijo que las acusaciones de Chávez contra la DEA no tienen ningún fundamento y serían un esfuerzo de Caracas por desviar la atención el creciente balance negativo del gobierno venezolano en la cooperación contra el narcotráfico.
Ereli reiteró las acusaciones de que Venezuela respalda a la guerrilla colombiana y ayuda a desestabilizar a otros vecinos, como Bolivia y Ecuador, lo que Caracas niega de plano y además reclama de Washington que presente pruebas.
Diplomáticamente, Brownfield dijo al respecto que si nosotros tenemos evidencias de que un país A desestabiliza a uno B, no le presentaremos esa evidencia a A sino a B.
La confrontación a propósito de la lucha antidrogas es la más fuerte desde que en abril Estados Unidos criticó la compra venezolana de 100.000 fusiles AK Kalashnikov a Rusia, así como buques y aviones militares a Brasil y a España.
Según Washington, esas armas, los viejos fusiles FAL belgas que reemplazarán, o las municiones, pueden llegar a manos de la guerrilla colombiana.
Caracas, a su vez, ha insistido en que Estados Unidos conspira para derrocar a Chávez e incluso halcones de la línea dura en el gobierno estadounidense habrían considerado un magnicidio, todo con el objetivo de largo plazo de apoderarse de la riqueza petrolera venezolana.