La crisis que afronta Ecuador como resultado de la huelga general en las nororientales provincias de Sucumbíos y Orellana se agravó este viernes tras la dura represión a manifestantes y la renuncia de Solón Espinosa a su cargo de ministro de Defensa.
La paralización de actividades, que ya lleva cinco días, no muestra indicios de solución ya que el gobierno exige su levantamiento para dialogar, lo que no es aceptado por la Asamblea Cívica Biprovincial que reúne a alcaldes, prefectos (gobernantes provinciales) y organizaciones sociales y sindicales de los dos estados amazónicos.
La huelga es total, acompañada de bloqueo de calles y carreteras, la toma de aeropuertos, de pozos petroleros y de oficinas públicas por parte de los trabajadores, todo lo cual provocó la detención de la extracción de hidrocarburos, principal fuente de ingresos del país.
"El crudo ecuatoriano, que se extrae mayoritariamente de la Amazonía, en 35 años de explotación petrolera ha dejado a Ecuador 60.000 millones de dólares. Desde 1993 hasta 2005, los municipios y prefecturas amazónicos recibieron 569 millones de dólares, lo que es ínfimo respecto de lo recaudado en general", señaló Guadalupe Llori, prefecta de Orellana.
Según reportó la Gerencia de Comercialización Internacional de la firma estatal Petroecuador, la producción petrolera ecuatoriana cayó esta semana a 10.500 barriles diarios, cuando el promedio que extrajo la empresa hasta el domingo pasado fue de 201.200 barriles.
Cerca de 340 pozos productivos, ubicados en las cinco grandes áreas de las dos provincias paralizadas, debieron detener sus operaciones.
Según Petroecuador, entre 30 o 60 días podría tomar al personal de la empresa recuperar los niveles de producción que se mantenían hasta el día en que se lanzó la huelga, y se deberán destinar ingentes recursos financieros a esa finalidad
El gobierno de Alfredo Palacio decretó el miércoles el estado de emergencia en la zona, restringiendo todas las libertades ciudadanas con la intención de controlar el paro de actividades con la actuación de las Fuerzas Armadas y de la policía.
Pero la presencia de esos efectivos no logró resolver la crisis, pese a que, según diversas organizaciones defensoras de derechos humanos, la represión se endureció con la utilización de bombas lacrimógenas y balas contra los manifestantes, así como la detención de decenas de personas.
La protesta desatada esta semana es la peor desde que Palacio asumió la Presidencia por mandato del Congreso legislativo como consecuencia del levantamiento popular que obligó a su antecesor, Lucio Gutiérrez, a abandonar el cargo en abril pasado.
Gutiérrez fue el tercer presidente desalojado del gobierno desde 1996.
La renuncia del general retirado Espinosa fue pedida por Palacio, quien señaló "negligencia" en el manejo de la crisis por parte del ahora ex ministro, lo que habría provocado la paralización de la explotación petrolera.
Espinosa fue reemplazado por Oswaldo Jarrín, quien advirtió tras asumir el cargo que ordenaría aplicar "el máximo de la fuerza" si se ven amenazadas o se intentan destruir o sabotear las instalaciones petroleras, consideradas estratégicas para el país.
Los huelguistas exigen la caducidad del contrato entre el Estado y la empresa petrolera estadounidense Occidental Petroleum (Oxy), la revisión de todos los convenios con las demás compañías extranjeras del sector para exigir mejores condiciones para el país y un mayor presupuesto para infraestructura y obras sociales.
El reclamo incluye la petición de que compañías petroleras extranjeras que operan en Ecuador, como la canadiense EnCana, la chilena Sipec, la británico-francesa Perenco, la argentina Petrosud y la brasileña Petrobras, contraten a obreros y compañías de servicios e infraestructura ecuatorianas, construyan 200 kilómetros de carretera y respeten el ambiente.
"La posición de Orellana y Sucumbíos es la de defender la soberanía nacional, porque no nos parece justo que la compañía Oxy-EnCana gane 84 por ciento y apenas 16 por ciento nos deje al país", sostuvo el prefecto de Sucumbíos y presidente del Comité de Paro, Guillermo Muñoz.
La caducidad del contrato con Oxy fue pedida por el procurador general del Estado, José María Borja, y por los ex presidentes de Petroecuador Hugo Bonilla y Carlos Pareja.
El pedido se basa en que la firma petrolera estadounidense "ha violado múltiples disposiciones legales", aseguraron.
Las principales irregularidades, a juicio de los denunciantes, son haber traspasado derechos y obligaciones del contrato petrolero a la empresa canadiense EnCana sin contar con la autorización del Ministerio de Energía y Minas, no haber realizado las inversiones mínimas comprometidas y reincidir en diversas infracciones.
Entre otras reincidencias dijeron que están las de "haber sido multada en seis ocasiones por no haber respetado tasas máximas de producción autorizadas por la Dirección Nacional de Hidrocarburos y no notificar a este ente el inicio de la perforación de pozos".
Mencionando fuentes del "frente económico" y de la "Procuraduría", el diario Expreso, de Guayaquil, informó el miércoles que el gobierno estaría negociando con Occidental Petroleum algunas condiciones para no declarar la caducidad del contrato, como por ejemplo mejorar "el porcentaje de participación que tiene el Estado".
El ministro de Gobierno (Interior), Mauricio Gándara, se comprometió en dos oportunidades a entablar un diálogo y luego retrocedió, lo cual causó malestar entre los pobladores y dirigentes provinciales.
Debido a eso, la prefecta Llori calificó de "mentiroso" a Gándara. En tanto, el ministro dio a entender este viernes, en entrevista con canales de televisión locales, que detrás de la huelga general podían estar simpatizantes del derrocado presidente Gutiérrez y hasta de "grupos ilegales colombianos".
"El país debe comprender que está tan cerca de la frontera norte, (donde) hay fuerzas del otro lado que podrían estar influyendo para hacer daño", argumento Gándara, en clara referencia a la guerrilla izquierdista colombiana que opera cerca del límite entre ambos países. Pero enseguida el ministro aclaró que no lo estaba afirmando.
Estas expresiones y la detención de Máximo Abad, alcalde de Lago Agrio, capital de Sucumbíos, provocaron una reacción negativa en los manifestantes, quienes acusan al gobierno de aumentar la represión y no querer dialogar.
Además de Abad, tienen orden de prisión diversas autoridades de las dos provincias vinculadas a la huelga general.
La ministra de Economía, Magdalena Barreiro, aseguró que las pérdidas económicas registradas hasta ahora por la detención de actividades en las provincias de Sucumbíos y Orellana ascienden a 570 millones de dólares.
Anunció, además, que el gobierno tomaría medidas inmediatas para remediar la situación, entre las que constan la compra o pedido a préstamo de petróleo a Venezuela, tanto crudo pesado como refinado, para cubrir las responsabilidades comerciales que mantiene el país a nivel internacional.
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, tras conocer la información, ironizó con que es "seguro" que Estados Unidos lo acusará ahora por la crisis que azota a Ecuador.
Chávez dijo que, según informaciones, la causa de la crisis social en Ecuador "es el petróleo", al recordar su tesis de que el mundo está en los albores de una crisis energética.
Los prefectos Llori y Muñoz recurren a las cifras oficiales para demostrar "la postergación que tienen estas dos provincias" y "la justicia de sus reclamos", dijo.
Según el Servicio Integrado de Indicadores Sociales de Ecuador, 41,8 por ciento de los niños y niñas de las provincias amazónicas menores de seis años sufre desnutrición crónica. También 81,73 por ciento de la población de Sucumbios vive en condiciones de pobreza por necesidades básicas insatisfechas, en tanto que en Orellana es el 86,6 por ciento.
La actividad petrolera tampoco ha significado una fuente importante de empleo para la población local, ya que apenas representa algo más de tres por ciento de la población económicamente activa.
"Como si todo eso fuera poco, una investigación médica realizada entre 1985 y 1998 por Miguel San Sebastián, del Instituto de Epidemiología y Salud Comunitaria 'Manuel Amunárriz', establece una alta incidencia de cáncer como consecuencia de la explotación petrolera", concluyó Llori.
