La muerte de un agricultor a manos de la policía muestra que en España todavía se tortura y, a la vez, que el gobierno, la oposición y la sociedad, salvo raras excepciones, la rechazan, condenan y exigen que se respeten la ley y los derechos humanos.
Juan Martínez Galdeano entró a un cuartel de la Guardia Civil, un cuerpo de policía militarizada, a presentar denuncia por un leve accidente automovilístico que había sufrido en Roquetas, un pequeño pueblo de la sudoccidental provincia de Almería en el que vivía. Poco después fue abatido a golpes por nueve policías en la puerta del lugar y murió allí mismo.
A partir de entonces surgieron dos versiones: La policial que indica que sufrió un infarto de miocardio y la de la familia de la víctima, apoyada por varios testimonios, de que murió como consecuencia de la golpiza que le propinaron.
El presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, instruyó a su ministro del Interior, José Antonio Alonso, para que el 11 de este mes y pese de ser época de vacaciones se presente en el Congreso de Diputados, informe sobre lo sucedido y responda a lo que pregunten o planteen los parlamentarios.
Todos los partidos apoyaron la comparecencia de Alonso y condenaron lo sucedido el domingo 24 de julio, pidiendo que se investigue a fondo.
Al mismo tiempo, el ministro de Defensa, José Bono, aplicó a ocho de los nueve guardias civiles implicados la máxima pena que permite el Reglamento de la Guardia Civil, que es la suspensión en sus cargos por seis meses. También se inició el procedimiento civil que, en el caso de hallarlos culpables, podría llevarlos a una condena de 15 años de cárcel.
El guardia restante no fue suspendido porque se trata de un alumno del cuerpo no sujeto a ese Reglamento.
Un reportaje exclusivo del diario madrileño El Mundo, realizado en Roquetas, aporta el testimonio de la camarera de un bar ubicado enfrente del cuartel donde ocurrieron los hechos, quien en ese momento estaba acompañada por su novio y con varios clientes que también observaron los hechos.
La camarera, que pidió que no se publicara su nombre, afirmó que lo vio todo y que la víctima estaba en el suelo y los guardias le daban patadas y puñetazos… muchas veces. Duró un buen rato, comentó.
Añadió que ella y las otras personas que estaban en el bar lo vieron salir del cuartel seguido de seis agentes que lo atraparon, lo volvieron a introducir en el patio del cuartel, lo tiraron al suelo y lo castigaron. Yo no vi que el hombre pegara a nadie. Se removía para que lo soltaran, y sólo vi que le dio un empujón a un guardia, sostuvo.
Con el detenido en el suelo, engrillado y esposado, cuatro agentes, entre ellos una mujer policía, lo golpearon. Uno de ellos, el teniente a cargo del grupo, utilizó incluso una porra eléctrica.
Un informe de la Guardia Civil al que tuvo acceso IPS presenta la transcripción de lo tomado por una cámara ubicada en el frente del cuartel.
Allí se ve como uno de los agentes arrastra al detenido hacia fuera del ángulo de visión de la cámara y que el guardia más veterano indica al resto la ubicación de la cámara que les está grabando. Tras lo cual se aparten del ángulo de grabación.
La autopsia, cuyo resultado tienen tanto la defensa de los guardias como la acusación, muestra lesiones en todo el cuerpo del fallecido. Las más graves son la rotura del esternón, la luxación de una costilla, un edema pulmonar, hematomas en las extremidades y el cuerpo y la marca de los grilletes en los tobillos y de las esposas en las muñecas.
El documento señala que la causa de la muerte es una insuficiencia respiratoria o cardiorrespiratoria aguda, para luego agregar que existe una relación de causalidad entre el fallecimiento y la situación de detención del sujeto.
La Guardia Civil informó que tuvieron que inmovilizar al detenido de pies y manos por más de una persona dada la corpulencia del mismo, pues medía 1,86 metros y pesaba 108 kilogramos. Adiciona que, al ponerse nervioso el denunciante y negarse a una prueba de alcoholemia, intentó escapar, agredió a los agentes, éstos lo detuvieron y en el forcejeo sufrió un infarto de miocardio.
El director de ese cuerpo policial, Carlos Gómez Arruche, al día siguiente de lo sucedido quitó relevancia al hecho, disponiendo un expediente a los guardias por observar conductas gravemente contrarias a la disciplina, servicio o dignidad de la institución que no constituyan delito.
Pero al llegar el asunto más arriba, por orden de Bono se abrió otro expediente por abuso de atribuciones y la práctica de tratos inhumanos, degradantes, discriminatorios o vejatorios a las personas que se encuentren bajo su custodia.
Lo sucedido corrobora el informe presentado por Amnistía Internacional en diciembre pasado, en el que afirmó que desde 1995 se registraron al menos 320 casos de malos tratos, en su mayor parte contra inmigrantes irregulares y contra acusados de pertenecer o estar relacionados con el grupo terrorista ETA (Patria Vasca y Libertad, en lengua vascuense).
Esta organización no gubernamental, con sede en Londres, subrayó que la tortura no es sistemática en España, pero que la práctica de detener a personas en régimen de incomunicación propicia la tortura. Por ello solicitó al gobierno que se elimine ese régimen.
El informe destacó el caso de una ciudadana brasileña violada cuando estaba detenida y bajo custodia policial en Bilbao, ciudad vasca situada en el norte de España.
Tras la denuncia, el juzgado comprobó los hechos y dictaminó que efectivamente había sido violada, pero sus atacantes no pudieron ser identificados porque ninguno de los agentes colaboró aportando pruebas contra sus compañeros.
Por ello, Amnistía Internacional pide sanciones para los funcionarios que encubren los actos de tortura y exige que España ratifique a la mayor brevedad posible el Protocolo Adicional de la convención contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas.
Mientras, Gustavo Arduán Pérez, el abogado defensor de los guardias de Roqueta, justificó que los mismos utilizaran la porra eléctrica aunque no sea un arma reglamentaria porque, argumentó no están prohibidas, no son agresivas ni letales.
A su vez, el abogado de la acusación José Ramón Cantalejo considera que los datos de la autopsia muestran la culpabilidad de los agentes pues establece una relación causal entre la muerte y la detención.
