Mientras el Congreso legislativo de Estados Unidos discute la versión final de la renovada Ley Patriota, un grupo defensor de los derechos civiles denuncia al Buró Federal de Investigaciones (FBI) por aprovecharse de la legislación para acceder a información confidencial de los ciudadanos.
La Unión para las Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU son sus siglas en inglés) presentó el 9 de este mes en un tribunal del nororiental estado de Connecticut una denuncia contra el FBI por exigir datos confidenciales de los clientes de una organización —identificada sólo como miembro de la Asociación de Bibliotecas de Estados Unidos— que posee "una amplia gama de información clave sobre asistentes a bibliotecas, incluyendo datos de los materiales prestados y uso de Internet".
Pero, debido a una cláusula de la misma ley, aprobada en 2001, la ACLU está sujeta a una "orden mordaza" que le prohíbe dar más detalles de su denuncia.
La Ley Patriota fue aprobada por el Congreso prácticamente sin debate cinco semanas después de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington. La ley amplía los poderes de la policía y del FBI para realizar escuchas telefónicas, interceptar correos electrónicos, acceder a datos bancarios y vigilar a los ciudadanos en todo lugar.
La ley, considerada por el gobierno de George W. Bush una herramienta clave en la guerra contra el terrorismo, debía expirar en diciembre, pero el Congreso decidió el mes pasado declarar su aplicación permanente. Ahora los legisladores discuten una revisión de algunos aspectos de la norma.
"Nuestro cliente quiere advertirle a la población estadounidense sobre los peligros de permitirle al FBI pedir datos de las bibliotecas sin una autorización judicial previa. Si nuestro cliente pudiera hablar, explicaría por qué el Congreso debería adoptar salvaguardas adicionales para limitar los poderes de la ley", dijo la directora legal asociada de ACLU, Ann Beeson.
El FBI pidió la información a través una "carta de seguridad nacional", sistema establecido por la propia Ley Patriota que autoriza al FBI exigir datos personales de los ciudadanos sin previa autorización de una corte.
Cuando una persona o una organización reciben la carta están obligadas a no revelar nunca públicamente sus detalles.
Un tribunal federal concluyó que estas cartas son anticonstitucionales, pero permitió su emisión mientras el gobierno apela la decisión.
La Corte de Apelaciones de Estados Unidos tenía previsto escuchar el recurso del gobierno este otoño boreal, pero Washington pidió al tribunal que demore la audiencia mientras el Congreso debate la renovación de la Ley Patriota.
El tribunal federal había concluido que las cartas de seguridad nacional violaban la primera y cuarta enmienda de la Constitución.
La llamada "orden mordaza", que prohíbe revelar el contenido de la carta, va en contra de la cuarta enmienda, que garantiza la libertad de expresión, y la propia carta viola el espíritu de la cuarta enmienda, que protege a los ciudadanos de inspecciones y confiscaciones sin órdenes judiciales.
El ex fiscal general (secretario de Justicia), John Ashcroft, aseguró que las cartas de seguridad nacional nunca fueron usadas para investigar bibliotecas.
Sin embargo, un informe de la Asociación de Bibliotecas de Estados Unidos señaló que las autoridades realizaron por lo menos 200 pedidos formales e informales para obtener información sobre materiales de lectura de los clientes desde octubre de 2001.
Los esfuerzos del Congreso legislativo para renovar la Ley Patriota continuarán después del receso de agosto. La Cámara de Representantes y el Senado aprobaron versiones diferentes de la norma, que serán enviadas a un comité especial para elaborar un texto final.
De las dos versiones, la del Senado parece ser la menos ofensiva a los derechos individuales, según activistas.
La corte en que ACLU presentó la demanda contra el FBI fijó una audiencia de emergencia para el próximo miércoles, donde se analizará un pedido de la organización para levantar la "orden mordaza" en este caso.
En la audiencia se espera la presencia del fiscal general, Alberto Gonzales, y del director del FBI, Robert Mueller.
"Información básica que es crucial para supervisar los nuevos poderes del gobierno bajo la Ley Patriota permanece bajo un manto de confidencialidad, impidiendo juzgar la efectividad de esos poderes y su impacto en las libertades civiles", indicó a IPS Timothy H. Edgar, asesor legal de ACLU.
