Grupos de defensa de las libertades civiles de Estados Unidos están movilizados para que el Congreso legislativo renueve disposiciones clave de dos leyes históricas sobre violencia doméstica y derecho al sufragio.
Las normas en cuestión son la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA, por sus siglos en inglés), aprobada originalmente en 1994, y la Ley de Derecho al Sufragio, de 1965.
Durante 10 años, la VAWA ha brindado el apoyo necesario a mujeres, niños y hombres que padecen violencia doméstica, destacó el Grupo de Trabajo Nacional para Terminar con la Violencia Sexual y Doméstica contra la Mujer, una coalición de más de 2.000 organizaciones que luchan contra la violencia de género.
La propuesta de renovación de la ley, ya introducida por un grupo bipartidario en ambas cámaras del Congreso, mejoraría la respuesta penal y civil, mejoraría los servicios a las víctimas y proveería recursos para las víctimas de ataques sexuales a través de centros de crisis y coaliciones estaduales.
Asimismo, ayudaría a niños y jóvenes que sufren o son testigos de violencia, atendería las necesidades de víctimas afroestadounidenses, inmigrantes o indígenas, y respaldaría programas de prevención, salud, vivienda y seguridad económica destinados a prevenir la violencia y ayudar a las víctimas.
El Congreso reautorizó la VAWA en 2000, añadiendo servicios para mujeres rurales, ancianas, inmigrantes y discapacitadas.
Según la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), el proyecto de reautorización detendría las deportaciones de inmigrantes víctimas de violencia doméstica, ataques sexuales y tráfico humano, y garantizaría seguridad económica para víctimas inmigrantes y sus hijos.
La VAWA mejoró radicalmente la respuesta de los encargados de la aplicación de las leyes frente a la violencia de género y proveyó los servicios necesarios para apoyar a mujeres y niños a superar situaciones de abuso, destacó la ACLU en una carta a la Comisión de Justicia del Senado.
Ruth Anne Robbins, profesora adjunta de leyes de la Clínica de Violencia Doméstica de la Universidad Rutgers, dijo a IPS que la violencia doméstica es el delito de mayor prevalencia en Estados Unidos, por un amplio margen.
Sin la VAWA, decenas o cientos de miles de víctimas quedarían sin servicios esenciales que podrían salvar su vida, advirtió.
Mientras, la Ley de Derecho al Sufragio, promulgada por el presidente Lyndon Johnson en 1965, después de la violenta represión de activistas por los derechos civiles en Selma, Alabama (y del asesinato de dos de ellos), también contiene importantes disposiciones que vencerán en 2007 si el Congreso no las renueva.
Las secciones de la ley que expirarían incluyen la exigencia a los estados con una historia documentada de prácticas de sufragio discriminatorias de presentar cualquier proyecto de modificación de sus leyes electorales a autoridades o jueces federales para su preaprobación.
Sin esta norma, las prácticas discriminatorias reaparecerían de la noche a la mañana, advirtió un informe bipartidario del Congreso en 1982.
La ley también garantiza el acceso a material electoral bilingüe para indígenas o ciudadanos legales con conocimiento limitado del idioma inglés, y prevé el envío de observadores federales a las elecciones.
ACLU subrayó que la necesidad de renovación de la ley quedó en evidencia por infracciones registradas en los últimos años.
En 2001, en Kilmichael, en el estado de Mississippi, un consejo municipal cuyos miembros eran todos blancos decidieron anular una elección tres semanas antes de su realización porque preveían que resultarían elegidos candidatos negros.
En virtud de la Ley de Derecho al Sufragio, el Departamento de Justicia ordenó a Kilmichael que realizara la elección.
En el estado de Dakota del Sur, una reciente sentencia judicial detalló dos décadas de abusos sistemáticos contra indígenas.
Asimismo, todos los planes de redistribución de distritos electorales presentados por legisladores del sureño estado de Louisiana fueron rechazados por la fiscalía general.
En ciudades como Los Angeles, Chicago y Nueva York, los ciudadanos que no dominan el idioma inglés continúan enfrentando resistencia, prácticas injustas e incumplimiento de las leyes por funcionarios electorales.
