El presidente Luiz Inácio Lula da Silva se dijo traicionado por algunos de sus compañeros de militancia y pidió disculpas a la población este viernes, ante el agravamiento del escándalo de corrupción que amenaza a su gobierno y al Partido de los Trabajadores (PT).
Estoy indignado por las revelaciones que aparecen cada día, desnudando prácticas inaceptables de las cuales nunca tuve conocimiento, dijo Lula en un mensaje a la nación antes de iniciar una reunión ministerial en Brasilia. El PT tiene que pedir disculpas y también el gobierno, agregó, pero evitando asumir responsabilidades personales.
Para líderes opositores y para algunos integrantes del izquierdista PT, la respuesta del mandatario fue insuficiente ante la gravedad de las denuncias que paralizan a su gobierno y al Congreso legislativo desde junio.
El presidente del PT, Tarso Genro, admitió esa insuficiencia, pero señaló que el de Lula fue el primer pronunciamiento de una serie.
Genro habló con corresponsales extranjeros en Río de Janeiro, después de reunirse con dirigentes partidarios locales para discutir la refundación del PT.
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La crisis se agravó el jueves, cuando Duda Mendonça, responsable de la publicidad de las campañas electorales del PT desde 2001, confesó haber recibido 15,5 millones de reales (6,5 millones de dólares) en pagos ilegales, dos tercios de los cuales fueron depositados en una cuenta bancaria en Bahamas, un paraíso fiscal caribeño.
La revelación fortalece las sospechas de que la campaña que dio el triunfo electoral a Lula en 2002 contó con dinero ilegal y que el PT pudo haber recibido recursos desde el exterior, un hecho que podría justificar la disolución del partido, según las leyes brasileñas.
La oposición, que hasta hace poco buscaba contener el escándalo que también la involucra y mantener a salvo la figura de Lula, anunció que un impeachment (juicio político) al mandatario puede ser una alternativa concreta para superar la crisis.
Persisten las dudas, por la gran popularidad del presidente, que permite prever fuertes resistencias la proceso, y por la posibilidad de turbulencias económicas.
No hay indicios suficientes de responsabilidad directa de Lula en los hechos denunciados para justificar su inhabilitación, opinaron varios juristas, coincidiendo con el presidente del PT.
Si se inicia el proceso para inhabilitar a Lula, el PT movilizará su base social para defender al presidente, anunció Genro. Sería una cobardía no hacerlo, se justificó, aunque reconoció que habría dificultades para tal movilización, por la perplejidad y el enojo de los activistas ante el escándalo y ante ciertas políticas adoptadas por el gobierno.
La movilización depende de acciones del gobierno que motiven a la militancia, como un mayor combate a la corrupción y una reforma política que elimine las causas de la financiación paralela e ilegal de las campañas electorales, explicó.
En su opinión, no es Lula sino el PT el blanco principal de la oposición, que aprovecha legítimamente la crisis. Quieren destruir al PT más que deponer al presidente, dijo Genro, aunque sería una brutalidad proscribir a un partido que contribuyó tanto al proceso democrático brasileño, añadió.
No se reclama la extinción de la Iglesia Católica a causa de algunos sacerdotes pedófilos, argumentó.
Con todo, el dirigente reconoció que se vivía un momento muy grave. Las denuncias y testimonios en las comisiones parlamentarias de investigación, además de la acción de la Policía Federal, revelaron un sistema más amplio y complejo de lo que se imaginaba de financiación ilegal de la actividad política con extensiones internacionales, señaló.
Todo comenzó en mayo con denuncias sobre corrupción en la estatal Empresa Brasileña de Correos y Telégrafos, que indicaban como cabecilla al presidente del Partido Laborista Brasileño (PTB son sus siglas en inglés), diputado Roberto Jefferson.
Jefferson, cuyo partido formaba parte de la alianza oficialista, reaccionó denunciando en la prensa el 6 de junio que el PT había sobornado a diputados de los partidos Liberal (PL) y Progresista (PP), con mesadas pagadas desde 2003 hasta comienzos de 2005, con el fin de asegurarse su apoyo al gobierno.
Si se confirman esas acusaciones, el gobierno del PT habría construido su mayoría parlamentaria a través de la corrupción, comprando votos de los conservadores PL, PP y PTB. Por lo tanto, decisiones importantes de los dos últimos años, como la reforma de la previsión social, serían ilegítimas.
Una avalancha de denuncias fortaleció la delación de Jefferson, político de escasa credibilidad por desarrollar una carrera calificada de fisiológica, dada su sempiterna adicción a los distintos gobiernos por las ventajas que ofrece poder.
Las ilegalidades cometidas por el PT, que provocaron la renuncia de varios de sus principales dirigentes y ministros, se debieron, según Genro, a la simbiosis con el gobierno, a políticas de alianza excesivamente pragmáticas y a los débiles mecanismos de control interno que permitieron abusos de poder y la autonomización de algunas figuras.
Genro fue nombrado presidente del PT en julio, luego de la renuncia de José Genoino, con la difícil misión de asegurar la supervivencia del partido y reconstruirlo. La crisis acentuó las disputas internas que desembocarán en la elección del nuevo directorio nacional, previamente fijada para el 18 de septiembre.
Por primera vez, la elección se hará por voto directo de más de 800.000 militantes del PT. El proceso enfrenta la dificultad adicional del colapso financiero del partido, que acumula deudas de las últimas campañas electorales, parte de las cuales no fueron declaradas, por haber sido asumidas informalmente por la dirección ejecutiva renunciante.
Veinte diputados y cuatro senadores del partido anunciaron el jueves, luego de las revelaciones del publicista Mendonça, que ya no seguían las posiciones del PT, y pasaban a componer un grupo independiente a favor de cambios profundos, principalmente en las alianzas partidarias y en la política económica.
Pese a las amenazas de fractura, Genro no cree que el PT se fragmentará.. Los disidentes, que hacen parte de las corrientes más izquierdistas del partido, deberán adherir a agrupaciones de extrema izquierda ya existentes, como Socialismo y Libertad y Partido Socialista de los Trabajadores Unificado, opinó.
Lula, por su parte, sufre una lenta corrosión de su popularidad. Una encuesta divulgada este viernes por el diario Folha de Sao Paulo, apunta que la evaluación positiva de su gobierno cayó a 31 por ciento, contra 35 por ciento a fines de mayo, y la negativa pasó de 18 a 26 por ciento.
Por primera vez, una encuesta arroja un potencial resultado negativo para las pretensiones de reelección de Lula en 2006. Según la consulta, el presidente perdería en segunda vuelta frente al alcalde de Sao Paulo, José Serra, a quien había derrotado en los comicios de octubre de 2002. De los entrevistados, 48 por ciento prefirieron votar a Serra en segunda vuelta, y sólo 39 por ciento a Lula.
