El presidente de Brasil pasó esta semana a ocupar el centro del escándalo de corrupción que sacude al gobierno desde junio. Ahora, el oficialismo y algunos opositores concentran sus esfuerzos en la búsqueda de una tabla de salvación.
Esa tabla podría ser un acuerdo tácito entre las principales fuerzas políticas para asegurar que la administración de Luiz Inácio Lula da Silva finalice su mandato en el plazo previsto, en diciembre de 2006, realizando hasta entonces las acciones mínimas indispensables.
La crisis desatada con las denuncias de compra de votos parlamentarios y financiación ilícita de campañas electorales se agravó el pasado jueves con una confesión realizada por el publicitario Duda Mendonça, responsable de la publicidad de las campañas del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) desde 2001.
Mendonça reconoció haber recibido 15,5 millones de reales (6,5 millones de dólares) en pagos ilegales, dos tercios de los cuales fueron depositados en una cuenta bancaria en Bahamas, un paraíso fiscal caribeño.
La revelación fortaleció las sospechas de que la campaña que dio el triunfo electoral a Lula en 2002 contó con dinero ilegal y el PT recibió recursos desde el exterior, un hecho que podría justificar la disolución del partido, según las leyes brasileñas.
Además, el presidente del Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, declaró que la coalición de su partido con el PT, en las elecciones presidenciales de 2002, se basó en un acuerdo financiero negociado con la participación de Lula.
El PT prometió donar al PL 10 millones de reales (4,2 millones de dólares) para la campaña electoral, pero sólo pagó dos tercios de esa suma en 2003, en dinero no declarado, dijo en entrevista a la revista Época, que esta semana empezó a circular el viernes, un día antes de lo habitual.
La revelación involucra también al vicepresidente José Alencar, miembro del PL y cuya participación en la fórmula encabezada por Lula sólo se efectivizó con el acuerdo mencionado. Si se comprueba que Alencar también participó en las negociaciones, tanto él como el presidente podrían ser sometidos a un proceso de inhabilitación.
En ese caso, asumiría la jefatura del gobierno el presidente de la Cámara de Diputados, Severino Cavalcanti. Pero éste tampoco está exento de sospechas, ya que pertenece al conservador Partido Progresista, que también recibió dinero del sistema de sobornos presuntamente implantado por el PT.
Costa Neto fue el primer diputado en renunciar, en julio, ante la comprobación de su corrupción por variados testigos y documentos. La renuncia evita la suspensión de sus derechos políticos por ocho años. Su escasa credibilidad es compensada por la verosimilitud de sus informaciones.
En medio de tantas denuncias, Lula ya parece enfrentar dificultades psicológicas, además de las políticas, para gobernar con sensatez. Su mensaje a la nación, en que pidió disculpas por el escándalo, mostró una inseguridad y vacilaciones inusuales en sus discursos.
El presidente afirmó sentirse traicionado por prácticas inaceptables de las cuales nunca tuvo conocimiento, pero cada día resulta menos creíble que nada supiera de la extensa red de corrupción manejada por los dirigentes ejecutivos de su PT, para asegurar el apoyo de tres partidos de derecha en una coalición de contrarios.
Opositores y miembros del mismo PT reclaman actitudes más enérgicas de Lula, indicando por ejemplo quiénes son los traidores y promoviendo exoneraciones y castigos dentro del gobierno y del partido.
Las confesiones de personas involucradas, que se amplían según el avance de las investigaciones de las tres comisiones parlamentarias instaladas, la Policía Federal y la Fiscalía, muestran que casi todos los involucrados, incluso Lula, adoptaron estrategias de sobrevivencia al limitarse a admitir lo que ya es imposible negar.
Nombrar culpables es peligroso porque los convierte en acusadores, como ya ocurrió con el diputado Roberto Jefferson, que desató el actual terremoto el 6 de junio luego de ser acusado de corrupción en la empresa estatal de Correos, y ahora con Costa Neto. Todos son rehenes de todos.
Los hechos ya conocidos sugieren que la dirección del PT en 2002 decidió apostar todo al triunfo electoral de Lula, asumiendo costos y riesgos más que temerarios, financiándose clandestinamente, aliándose a la derecha y a partidos de alquiler y comprando apoyos.
Según los indicios, el sistema de captación ilegal de recursos partidarios se extendió a numerosas empresas estatales y privadas, fondos de pensión, la publicidad oficial centralizada y otras licitaciones públicas.
Denuncias de algunos militantes que fueron expulsados o dejaron el partido revelan que algunos de esos caminos, como la captación ilegal de recursos financieros, se inauguraron varios años antes, pero ganaron dimensiones hasta ahora inimaginables en la campaña electoral de 2002.
Pese a todas las pruebas, aún parece poco probable que la oposición se atreva a pedir un proceso de inhabilitación como el que derrocó al ex presidente Fernando Collor de Mello en 1992.
Un juicio político a Lula no parece interesar a nadie, por el riesgo de provocar turbulencias económicas y sociales. El nuevo presidente del PT, Tarso Genro, anunció que el partido movilizará su base social para defender a Lula si se abre un proceso de inhabilitación en el Congreso.
El principal acusado de encabezar la red de corrupción, el ex Jefe de la Casa Civil de la Presidencia, José Dirceu de Oliveira, previó una convulsión social ante un intento de destituir el presidente.
Dirceu, que presidió el PT entre 1995 y 2002 y desde el pasado junio es un diputado amenazado de proscripción política, también es señalado como principal artífice del triunfo electoral de Lula.
El PT, con mas de 800.000 afiliados, es el partido más organizado de Brasil y cuenta con vínculos estrechos con la mayor central sindical del país y movimientos sociales variados, urbanos y campesinos. ***** +Lula bajo fuego Cobertura especial de IPS (https://www.ipsnoticias.net/_focus/lula/index.asp) + Partido de los Trabajadores, en portugués (http://www.pt.org.br) (FIN/IPS/mo/mlm/ip eb br sl/05)
