Una empresa que administra prisiones en Australia, Gran Bretaña y Sudáfrica está bajo fuego desde que una investigación descubrió malos tratos contra cinco detenidos trasladados entre dos cárceles australianas para inmigrantes.
La investigación del gobierno de Australia, dada a conocer el viernes, encontró seria violación de la empresa contratista Global Solutions Limited (GSL) en el traslado de cinco detenidos entre dos cárceles para inmigrantes en septiembre de 2004.
El coordinador para refugiados de la organización de derechos humanos Amnistía Internacional en Australia, Graeme Thom, celebró que se hubiera hecho lugar a las denuncias de los prisioneros.
Hay una cultura de que los detenidos no son dignos de respeto, y de que la GSL y el gobierno están más allá de cuestionamientos cuando se trata de investigar denuncias como ésta, dijo.
A pesar de haber sido construida por inmigrantes, Australia pone tras las rejas a todos los que lleguen al país sin la documentación adecuada, incluso refugiados y solicitantes de asilo que huyeron de sus países por razones políticas.
La investigación realizada por el consultor independiente Keith Hamburger halló que en un primer tramo del traslado, los detenidos viajaron en la parte trasera de una camioneta completamente cerrada e inapropiada, durante seis horas y media, cubriendo 560 kilómetros, entre la prisión de Maribyrnong y la ciudad de Mildura, en el estado de Victoria, sudeste del país.
Hamburger comprobó que no se les proporcionó asistencia médica ni tratamiento a los detenidos, sobre los cuales se había usado la fuerza y pudieron resultar heridos antes de ser introducidos en le vehículo. Uno de los prisioneros tenía un brazo fracturado al concluir el viaje.
En Mildura, los cinco tuvieron una hora de descanso y se les ofreció comida. Pero no pudieron dormir antes de ser conducidos otras seis horas y media por un nuevo grupo de escoltas a la cárcel para inmigrantes de Baxter, en el sureño estado de South Australia.
El investigador mencionó la inadecuada provisión de comodidades básicas incluyendo comida y líquidos, la privación sensorial, ya que los detenidos no podían ver ni oír nada, y la desatención a los pedidos de asistencia de los prisioneros que experimentaban dolor, así como el trato inhumano, indigno y humillante a que fueron sometidos.
El informe también establece que se negó a estas personas el acceso al baño, por lo que no tuvieron otra opción que orinar en el propio compartimiento en que viajaban.
El portavoz de GSL, Tim Hall, dijo que no podía hacer comentarios acerca de que uno de los detenidos se quebró el brazo antes de ser introducido en la camioneta.
Sin embargo, GSL —que tiene un contrato de cuatro años por 68 millones de dólares al año con el Departamento (ministerio) de Inmigraciones y Asuntos Multiculturales e Indígenas— admitió el reporte y explicó el maltrato por fallas del personal, que no siguió los procedimientos.
La GSL, que administra las prisiones de Maribyrnong y Baxter, fue sancionada con una multa de 378.000 dólares debido al incidente. Además, la policía de Victoria está investigando la posible comisión de delitos.
La GSL es una compañía británica que, a través de subsidiarias y asociaciones, opera cuatro centros de detención de inmigrantes para el gobierno de su país, así como una prisión en Bloemfontein, Sudáfrica..
La compañía, que emplea a 8.000 personas, ganó 647 millones de dólares en 2004. En Australia, recibió 110 millones de dólares en el mismo año por administrar los dos centros de inmigrantes y las prisiones de los estados de Victoria y South Australia.
En su último reporte anual, la compañía asegura que está comprometida en la promoción de las mejores prácticas en derechos humanos en sus políticas y procedimientos.
Sin embargo, GSL se ha visto envuelta en otras controversias. En marzo de 2005, un programa de la cadena británica de noticias BBC reveló actos de racismo y violencia del personal de la empresa en el centro de detención de inmigrantes en Oakington.
En el programa, un empleado de GSL le decía a un recluso: Tú piensas que no harás nada porque una persona blanca te dice qué debes hacer. Bueno, lo siento, pero estás equivocado. Mi bisabuelo le disparó al tuyo y liberó su maldito país de ustedes por 200 años. Después de las revelaciones de la BBC, quince empleados de GSL fueron suspendidos.
Mientras GSL insiste en que sus contratos incluyen exigencias sobre las cuales la compañía puede ser juzgada, una investigación de la Oficina Auditora Nacional Australiana indica lo contrario. En los contratos no hay definiciones claras y consistentes según las normas de salud esenciales para el bienestar de los detenidos, indica el reporte.
Aunque GSL sostiene en su reporte anual que invierte en la selección, entrenamiento y desarrollo de sus trabajadores, supervisores y administradores, Hamburger encontró que los funcionarios de GSL envueltos en el incidente no tenían el entrenamiento necesario para planificar el traslado de prisioneros.
La pesquisa comprobó, además, que las quejas iniciales realizadas por tres de los detenidos fueron rápidamente negadas por los empleados de GSL, sin una investigación rigurosa.
Los directivos de GSL aportaron información inadecuada y errónea, lo que provocó que las quejas correctas de los detenidos fueran negadas por el Departamento de Inmigraciones, sostiene Hamburger en sus notas.
La investigación también comprobó que el reporte presentado por los directivos de GSL acerca del uso de violencia contra uno de los detenidos fue tan inadecuado que resultó inútil como registro de lo ocurrido.
El secretario (ministro) de Inmigraciones, Andrew Metcalfe, expresó el viernes su profunda pena por el incidente y prometió que el contrato de GSL sería revisado.
Mientras el opositor Partido Laborista cree que la investigación demuestra la necesidad de terminar con la administración privada de las cárceles, Amnistía Internacional entiende que ese reclamo deja de lado el punto central.
La transparencia y la responsabilidad, dice Amnistía Internacional, se han visto frustradas por el gobierno y la GSL.
El asunto central es la protección de los derechos humanos. Cambiar a quienes administran los centros de detención no modifica el hecho de que personas que huyeron de regímenes opresivos o fueron víctimas de torturas pueden seguir detenidas de forma indefinida, bajo la discrecionalidad del ministerio de Inmigraciones, indicó Thom. (
