Cinco mil productores azucareros de Europa, África, el Caribe y el Pacífico se manifestaron este lunes en Bruselas para presionar a los ministros de Agricultura de la Unión Europea (UE), que discutían allí cambios al régimen comercial del bloque sobre ese cultivo.
Los cultivadores de remolacha europeos y de caña de los países ACP (las ex colonias europeas de África, el Caribe y el Pacífico) rechazan el plan de poner fin a los subsidios a la exportación y a la sobreproducción de azúcar.
Salven nuestro azúcar, rezaba uno de los carteles llevados por los manifestantes mientras los ministros deliberaban. No se aguardaba una decisión inmediata de la reunión.
La Comisión Europea, rama ejecutiva de la UE, propuso un recorte de 39 por ciento al precio mínimo de referencia del azúcar blanca importada por el bloque de los países ACP, en un proceso que insumirá dos años desde 2007.
También planeó ofrecer una compensación de 60 por ciento a los productores expulsados de la actividad por la rebaja.
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Por otra parte, el recorte propuesto para el precio de la remolacha azucarera cultivada en los países de la UE es de 42 por ciento. La reforma deberá ser aprobada antes de su implementación por el consejo de ministros de Agricultura y por el Parlamento Europeo.
La rebaja implica que los cultivadores europeos de remolacha, a quienes la UE paga 50 dólares por tonelada de azúcar, recibirán unos 30 dólares para 2009.
Según las normas vigentes, la UE garantiza un precio mínimo para el azúcar que, al fin y al cabo, es pagado por los consumidores a través de sus impuestos. El bloque paga a los productores alrededor de tres veces el precio mundial promedio.
El acceso preferencial de los países ACP al mercado de la UE, que data de 1968, representa alrededor de 70 por ciento de los ingresos de sus sectores azucareros, pero ese régimen fue sentenciado a muerte en octubre pasado, cuando la OMC dio la razón a una demanda encabezada por Brasil y acompañada por Australia, Tailandia y otros países.
Ocho países de la UE —España, Estonia, Finlandia, Grecia, Italia, Irlanda, Lituania y Portugal— afrontan la posibilidad de abandonar la producción azucarera. Todos ellos procuran aliviar los términos de la propuesta de la Comisión.
Solo Dinamarca y Suecia apoyan a pleno la iniciativa de la Comisión de recortar los subsidios a los azucareros europeos, que ascienden a unos 2.000 millones de dólares.
Según la Confederación Internacional de Cultivadores Europeos de Remolacha (CIBE), la reforma pondría en peligro 90.000 puestos de trabajo y repercutiría en 410.000 empleos que origina indirectamente la actividad en todo el bloque.
La propuesta es la última en una larga serie iniciada en 2003 para acomodar el régimen del bloque a las reglas comerciales internacionales. Los programas de subsidio a la producción agrícola europea, que se remontan a los años 50, componen casi la mitad del presupuesto de la UE.
Pero los grandes perjudicados por los cambios serían 18 países ACP, que reclaman un recorte de precios menos dramático a lo largo de ocho años.
El acuerdo azucarero entre la UE y los países ACP ha sido considerado como un modelo de cooperación para el desarrollo y supuso grandes beneficios a la economía de esas naciones pobres, en especial Mauricio, Swazilandia, Fiji, Guyana y Jamaica.
Como parte de su política de desarrollo, criticada por discriminar injustamente a otros productores azucareros del Sur como Brasil y Tailandia, la UE paga hoy precios superiores por el azúcar de varios países ACP. Y algunos de los países que se consideran perjudicados por tal discriminación fueron, también, colonias europeas.
Agricultores de los países ACP se unieron a los europeos este lunes para manifestar su contrariedad ante la propuesta de reforma.
Funcionarios de los países posiblemente afectados consideran que la iniciativa tendrá efectos desastrosos y aplastará miles de empleos.
Ministros de los países ACP aseguran que la reforma, de ser aprobada, tendría un costo estimado para ellos de 487.6 millones de dólares anuales, una suma de grandes dimensiones si se tiene en cuenta que el ingreso por habitante de esas naciones es de menos de 2,4 dólares diarios.
Las pérdidas previstas superan con creces los 48,2 millones de dólares que ofrece en su propuesta al Comisión Europea como compensación para los productores de los países ACP, sostuvieron.
Se supone que la reforma tiene el objetivo de mejorar la vida de la gente, pero lo que propone la Comisión sencillamente nos destruiría. Se perderían miles y miles de empleos, con poca o ninguna alternativa, y las consecuencias sociales no han sido contempladas, dijo este lunes a IPS Christian Foo Kune, de la Asociación de Cultivadores de Caña de Mauricio.
Sólo queremos se tratados con justicia, indicó Foo Kune. El gobierno de su país asegura que perderá ingresos por 120,5 millones de dólares al año como consecuencia de la reforma.
A menos que nos ofrezcan de inmediato fondos para ayudarnos a adaptarnos y sobrevivir, nuestro futuro es terriblemente sombrío. Esperamos pobreza, inestabilidad social y destrucción de nuestro estilo de vida, agregó.
El azúcar representa 17 por ciento del producto interno bruto de Guyana, donde el sector emplea a 35.000 personas, dijo, por su parte, el ministro de Comercio Exterior de ese país, Clement Rohee.
Y el canciller jamaiquino Keith D. Knight dijo que su país perdería hasta 90 millones de dólares anuales si el precio del azúcar cae a los niveles previstos.
También la organización humanitaria Oxfam Internacional reclamó a la UE que aminore la marcha de la reforma propuesta, y exhortó a los países miembros a rechazar el paquete.
La diferencia entre los paquetes de compensación para los productores europeos y los africanos deja al descubierto el doble discurso y el egoísmo de la iniciativa de la Comisión, dijo este lunes el director de la oficina de Oxfam en Bruselas, Luis Morago.
Oxfam pretende que la UE pague a los productores ACP compensaciones por alrededor de 605 millones de dólares.
Algunos de los países más pobres del mundo pueden cultivar azúcar con mayor eficiencia que los europeos, pero son marginados por estas propuestas. Esto pone en duda el compromiso de la UE con la lucha mundial contra la pobreza, concluyó.
