La suerte de cientos de uzbekos amenazados de deportación por Kirguistán depende de que ocho naciones industriales acepten asilarlos, dijo este viernes la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).
Los representantes de Alemania, Australia, Dinamarca, Estados Unidos, Finlandia, Gran Bretaña, Noruega y Suecia respondieron que sus gobiernos examinaban con seriedad y urgencia la solicitud, en la reunión que sostuvieron este viernes con el alto comisionado adjunto, Kamel Morjane, en esta ciudad suiza.
Un rechazo de esos países industrializados puede enviar una señal negativa al resto del mundo, en particular a las naciones pobres, que en la actualidad acogen a la mayoría de los refugiados del mundo, dijo el portavoz del Acnur, Ron Redmond.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) está preocupada por la seguridad de 456 uzbekos que huyeron a mediados de mayo a la vecina Kirguistán, en particular por 29 de ellos que están encarcelados y sobre quienes pesan amenazas inmediatas de deportación a su país.
El fiscal de Kirguistán, Azimbek Beknazarov, sostuvo la semana pasada que los 29 solicitantes de asilo eran delincuentes que huyeron de la cárcel de la ciudad de Andiján, en el oriente de Uzbekistán, cuando estallaron los incidentes del 13 de mayo.
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En esa fecha, una protesta de millares de ciudadanos fue reprimida en las calles de Andiján. El régimen uzbeko dijo que había aplastado un alzamiento de militantes islámicos con un resultado de 150 personas muertas. Fuentes opositoras aseguraron que los muertos sumaban más de 500, inclusive mujeres y niños.
La comunidad internacional no ha tenido oportunidad de determinar lo que ocurre en Uzbekistán. Por ese motivo, otorgamos a esta gente el beneficio de la duda y creemos que necesitan protección internacional, comentó Redmond.
Simultáneamente, en Kirguistán recibimos señales contradictorias de autoridades nacionales o locales. De allí viene nuestra preocupación, dijo el portavoz de la agencia de la ONU. A pedido de Uzbekistán, Bishkek ya deportó a cuatro solicitantes de asilo y encarceló a 29.
El Acnur, dirigido desde el 15 de junio por el ex primer ministro portugués Antonio Guterres, protege en todo el mundo a más de 17 millones de refugiados y desplazados internos, unos 6,1 millones en Asia, 4,3 en África, 4,2 en Europa, 1,3 en América Latina y el Caribe, casi un millón en América del Norte, y 74.000 en Oceanía.
Las autoridades de Kirguistán se encuentran bajo presión de la comunidad internacional que les reclama la aplicación de la convención de la ONU sobre protección de los refugiados, adoptada en 1951 y ratificada por ese país de Asia central.
El secretario general de la ONU, Kofi Annan, recordó la semana pasada la obligación de Bishkek de cumplir sus compromisos internacionales y de abstenerse de cualquier acción que implique el retorno forzoso de los solicitantes de asilo uzbekos a su país.
Guterres y la Alta Comisionada de las Naciones Unidos para los Derechos Humanos, la canadiense Louise Arbour, apremiaron a Bishkek a permitir un examen independiente de la situación de todos los solicitantes de asilo uzbekos para determinar si merecen protección internacional.
La organización de derechos humanos Amnistía Internacional, con sede en Londres, previno que la deportación de los 29 solicitantes de asilo más amenazados, los colocaría en riesgo grave de torturas y malos tratos.
Redmond recordó que la repatriación iniciada el 11 y 12 de junio de unos 5.000 refugiados ruandeses por parte del gobierno de Burundi levantó una ola de críticas en el mundo.
Los solicitantes de asilo ruandeses afirmaban que habían dejado su país por haber recibido amenazas e intimidación y por temor a tribunales locales que investigan el genocidio perpetrado en 1994, cuando murieron casi 800.000 personas de la etnia tutsi a manos de miembros de la etnia rival de los hutus.
En el caso de Uzbekistán juegan factores menos locales, pues ese país ha adquirido un valor estratégico por su vecindad con el convulsionado Afganistán, su alianza con Estados Unidos y sus riquezas energéticas.
La nación de 26 millones de habitantes, gobernada con mano dura desde 1990 por su presidente Islam Karimov, es considerada una aliada estrecha de Estados Unidos en su lucha contra el terrorismo.
Washington dispone de una base militar en territorio uzbeko, mientras que otro de los países interpelados por el Acnur, Gran Bretaña, presta ayuda financiera a su régimen y el año pasado envió 150 uniformados para adiestrar a sus fuerzas armadas.
El Acnur se refirió también al estado en que se encuentran los otros 427 refugiados alojados en el campamento de Sasyk, en el occidente de Kirguistán. Morjane, que visitó el lugar esta semana, describió la precariedad de su situación.
Vi a gente como nosotros, obligada a dejar su país, e inclusive su familia, a causa del temor. Ellos todavía siguen aterrorizados, tal vez ahora más que nunca, dijo Morjane a los representantes de los ocho países industrializados a los que se pide asilo para los uzbekos.
