La recién adoptada legalización del matrimonio homosexual en España beneficia a personas de otras nacionalidades que celebren nupcias en este país, extendiéndoles todos los derechos y obligaciones maritales vigentes.
La ley española, puesta en vigor el 4 de julio por el gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero en cumplimiento de su promesa electoral, extiende iguales derechos a las bodas heterosexuales y homosexuales.
Una argentina, Tani, y una española, Verónica, fueron las primeras lesbianas que contrajeron matrimonio en España, el viernes 22, ante el juez Jorge Vergara, quien decidió la primacía de la ley de este país ante la de Argentina, que no autoriza el casamiento de personas del mismo sexo.
Al culminar el acto civil en el municipio Mollet del Valles, en la nororiental provincia de Barcelona, y tras el intercambio de anillos y el beso de las desposadas, el juez dijo: "Os declaro unidas en matrimonio".
Días antes, los españoles Emilio Menéndez y Carlos Baturín, compañeros durante treinta años, se casaron en el ayuntamiento de Tres Cantos, ubicado en los alrededores de Madrid, siendo los primeros varones que lo hicieron en España.
El empresario José Macías, de 41 años, quien se apresta a celebrar su boda con Félix Viana tras una convivencia de diez años, definió que legalizar su unión era necesario no solo por amor, sino también por conveniencia.
Según la ley matrimonial, ambos esposos podrán declarar sus impuestos juntos, ante la muerte de uno, el otro lo heredará sin necesidad de testamento, y los hijos que tengan en común (por adopción o inseminación artificial de una mujer) dispondrán de una pensión en caso de divorcio de los padres.
El matrimonio de Tani y Verónica suma otro derecho, el de residencia para la desposada extranjera, que ya regía para los matrimonios heterosexuales.
El casamiento entre homosexuales es bien recibido por una clara mayoría de la población española, más de 60 por ciento, según todas las encuestas.
Sin embargo, la jueza Laura Alabau, responsable del Registro Civil de la ciudad de Denia, sobre la costa del mar Mediterráneo, sostuvo ante el Ministerio Fiscal que la ley infringía la Constitución, por lo que no correspondería celebrar matrimonios homosexuales.
Un artículo de la carta magna establece que "el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica", afirmación que determina, según algunos juristas y la Iglesia Católica, que la ley vigente es inconstitucional.
La norma modifica el Código Civil donde éste establecía que "el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio conforme a las disposiciones de este Código", añadiendo que "el matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes sean del mismo o diferente sexo".
Se sustituyeron además las palabras marido y mujer, y padre y madre por cónyuges o progenitores, según el caso.
La cuestión de la constitucionalidad de la norma quedará en manos del Tribunal Constitucional, con los antecedentes de una aprobación mayoritaria en el parlamento, pero también con críticas del Consejo de Estado, del opositor y derechista Partido Popular y de las cúpulas de todas las religiones, en especial la católica.
El presidente de la asociación de lesbianas y gays DecideT, José Ramón Samper, cree ver indicios de prevaricación en la actitud de la jueza Alabau, porque las cuestiones de inconstitucionalidad son de índole jurídica y no administrativa.
Las solicitudes de matrimonio son de "regularización administrativa", dijo Samper.
El obispo católico Ricardo Blázquez, presidente de la Conferencia Episcopal Española, sostiene que "el matrimonio puede ser más o menos estable, religioso y/o civil, fecundo o no, pero ha de ser la unión de un hombre y una mujer. Sin esa unión no hay matrimonio".
Quienes imparten religión y las madres y padres no podrán educar correctamente a la infancia, porque la vigencia de esta ley "introduce una inmensa confusión de orden moral y humana". ¿O acaso será denunciado quien diga que el matrimonio es una unión de hombre y mujer?, preguntó.
Las organizaciones de homosexuales, lesbianas, transexuales y bisexuales enviaron su réplica con la presentación de 1.800 apostasías (renuncia expresa a la Iglesia que incluye la baja de todos los registros y datos personales de quien la presenta) sumadas a 1.500 entregadas el año pasado.
Emma Rodríguez, portavoz de la organización no gubernamental Europa Laica, explicó que con esas apostasías los activistas aspiran a "dejar de ser cómplices de la homofobia de la Iglesia, su machismo, su clasismo, su misoginia y su rancio conservadurismo".
Pero la jerarquía eclesiástica considera que los datos de los archivos religiosos son históricos, pues recogen hechos como bautismos, confirmaciones y matrimonios, y por ello no pueden ser eliminados. La Iglesia recibirá y dialogará individualmente con cada apóstata, pero no hará lo mismo con representantes de sus organizaciones.
