Con una huelga de hambre de 11 personas y movilizaciones en las calles de la capital chilena, la Agrupación Nacional de Deudores Habitacionales y Allegados (Andha) lucha por el derecho a la vivienda, que considera arrebatado a los más pobres.
Los morosos en los pagos de viviendas asignadas por el Estado, en ayuno de protesta desde hace 16 días, acusan al gobierno de Ricardo Lagos de sólo dar soluciones de parche y negociado, que en lugar de favorecer a las familias de bajos recursos, las mantienen en esa condición.
El 17 de mayo, a sólo cuatro días de la rendición anual de cuentas de su gestión ante el Congreso legislativo, Lagos anunció por red nacional de televisión la emisión de un decreto en que se dispone hacer quitas de deudas y dar subsidios a 262.500 deudores de viviendas tasadas en 15.072 dólares cada una o menos.
Un requisito para acceder a ese beneficio, que no informado públicamente por el mandatario, es pagar 12 dividendos mensuales seguidos (cuotas de amortización de créditos hipotecarios), por lo cual sólo algunos de los deudores pudieron resolver la situación.
En este contexto, Andha comenzó las movilizaciones, marchas y la huelga de hambre, ante lo cual la ministra de Vivienda, Sonia Tschorne, notificó una solución al problema habitacional de todos los deudores del estatal Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu).
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Con la reforma dispuesta por el gobierno, a 51.000 familias adscritas a diversos programas estatales de viviendas populares se les condonaron de inmediato sus deudas, mientras otras medidas permitirán en seis meses la salida de su situación de deudoras de 122.000 familias más.
Tschorne descartó que las nuevas disposiciones respondieran a las presiones de los deudores y aclaró que en el proyecto anterior existían ciertas distorsiones en su puesta en práctica al excluir a las familias cuyos datos no estaban al día en los instrumentos de medición de pobreza.
Pero Andha no está satisfecha con las decisiones del gobierno centroizquierdista de Lagos y, además de exigir un arreglo global para los 262.500 deudores, demanda un rediseño de la política habitacional.
El déficit habitacional en este país de 15,5 millones de habitantes, según el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2002, es de 543.000 unidades, 64 por ciento de lo cual se concentra en las ciudades con mayor población, como Santiago, Valparaíso y Viña del Mar, en el centro del país, y el eje Concepción-Talcahuano, 500 kilómetros al sur de la capital.
Teresa Rey, viceministra de Vivienda, indicó a IPS que las estimaciones preliminares basadas en ese censo, indican que las nuevas necesidades de vivienda para Chile alcanzan las 950.000 soluciones por año, que incorporan a los nuevos matrimonios y allegamientos (familias que viven con parientes o amigos).
De mantenerse los actuales programas de vivienda, podríamos entregar un promedio de 105.000 soluciones habitacionales anuales y, si se agregan las viviendas no subsidiadas por el ministerio, en un plazo no inferior a 15 años se manejaría adecuadamente el déficit habitacional en Chile, lo que nos pone por sobre todos los países de la región, destacó la funcionaria.
La cantidad de personas que en América Latina y el Caribe viven en tugurios urbanos aumentó de 111 millones en 1990 a 128 millones en 2001, alrededor de 23 por ciento de la población de la región, según el Informe sobre los Objetivos del Milenio 2005 elaborado por 25 agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), entre ellas el Fondo de las Naciones Unidas para la Población (Undpa).
Los Objetivos de las Naciones Unidas para el Desarrollo del Milenio, trazados en la Asamblea General del foro mundial de 2000, incluyen garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, en el marco de los cual se espera mejorar considerablemente para 2020 la vida de por lo menos 100 millones de habitantes de tugurios, cuyo número en el mundo en desarrollo llegó a 860 millones en 2001.
Entre las también llamadas metas del milenio figuran garantizar para 2015 la educación universal de niños y niñas, y reducir a la mitad, respecto de 1990, la pobreza extrema, de personas hambrientas y sin acceso a agua potable ni medios para costearla.
También se estableció como obligación para los 189 países entonces integrantes de la ONU promover la igualdad de género, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna y combatir el virus causante del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, la malaria y otras enfermedades.
Rey destacó la focalización en Chile de la política pública sectorial en los más pobres, que realmente requieren del apoyo del Estado. Alrededor de 70 por ciento de los subsidios habitacionales se destinan a 30 por ciento de la población del país que tiene las mayores carencias, con el fin de asegurar la vivienda como un derecho para todos, dijo.
Aníbal Pérez, diputado del Partido Por la Democracia, de la centroizquierda y gobernante Concertación por la Democracia, señaló a IPS que desde el inicio de los gobiernos de la coalición (en 1990), se han entregado más de 1,4 millones de viviendas básicas, dando solución en la materia a una gran cantidad de familias que vivían en campamentos (asentamientos precarios) o de allegados.
La Comisión de Vivienda y Desarrollo Humano de la cámara de Diputados estableció responsabilidades gubernamentales por la inadecuada fiscalización de la calidad de viviendas construidas en concesión por empresas privadas y aprobó una condonación de 20 a 100 por ciento de deudas de familias que recibieron departamentos o casas mal construidas, añadió Pérez.
Eduardo Leiva, portavoz de Andha, comentó a IPS que las movilizaciones apuntan a rechazar la respuesta del gobierno en materia de vivienda.
Hay que volver a legislar con respecto a la calidad de la vivienda en Chile y a la cantidad de metros cuadrados que se le entrega a las familias más pobres de este país. Hoy día hay parámetros establecidos por ley que no se respetan, aseguró.
El dirigente agregó que no se puede condenar a los más pobres a seguir pagando sus viviendas y hacer más ricos a Inverca, una empresa privada encargada de las deudas, que aplicó 8,5 por ciento de interés al endeudamiento de los más pobres de este país, que después el presidente lo bajó a un cinco por ciento, cuando un banco cualquiera hoy día ofrece un tres por ciento de interés.
Se nos llama a renegociar la deuda en circunstancias que los pobres tenemos incapacidad de pago. Sólo estamos alargando y agrandando la deuda. Hoy se están entregando viviendas sociales sin deuda por 310 dólares a gente tan pobre como a la que se nos obligó a firmar créditos hipotecarios por 15, 20 y 25 años, sostuvo.
Leiva entiende que la condonación de deudas hipotecarias fue una lucha de los pobres de este país. No damos las gracias a nadie, ni a la derecha (oposición), ni a la Concertación (oficialismo), ni al presidente de la República.
Afirmó, además, que las fichas del Ministerio de Planificación, que el Serviu utiliza para medir la cantidad de personas con escasos recursos en el país con parámetros de vivienda, educación, ocupación e ingreso-patrimonio, no mide realmente la situación socioeconómica de las familias, no mide la pobreza.
Juana Silva, dirigente de Andha, manifestó a su vez a IPS el rechazo de la organización que integra a una nueva ficha familia del Serviu que reemplazará al sistema del Ministerio de Planificación, ya que a su juicio sobrevalora equipos como refrigeradores, calefactores o lavadoras que posee una familia, lo cual les impide postular a subsidios estatales para la compra de viviendas.
A juicio de Leiva, la ficha de ese ministerio intenta regular una situación para demostrar que en Chile hay menos pobres y considera que las medidas difundidas por el Ministerio de Vivienda son insuficientes.
La gran trampa es que para acceder al beneficio la gente tiene que firmar un convenio, repactar, pero los pobladores (habitantes de viviendas sociales) no podrán cumplir porque, al ser pobres, no tienen capacidad de pago, dijo.
Los pobladores tienen bajos estudios, la mayoría son trabajadores temporarios o desocupados, sus grupos familiares incluyen de siete a 10 personas, la mayoría menores de 10 años y, al no estar al día en el pago de sus dividendos (hipotecarios), están registrado en Dicom (boletín de deudores), lo que les impide encontrar trabajo, ya que son discriminados, acotó Silva.
Según cifras manejadas por Leiva, del total de deudores del Serviu, no más de 110.000 personas se beneficiarán con las nuevas medidas y más de 150.000 quedan dentro de la cartera hipotecaria, sin que se les resuelva su situación.
Indicó que, en tanto el gobierno no dé señales claras para crear una mesa de negociación con planteamientos concretos, no depondrán ni la huelga de hambre ni las movilizaciones.
Mientras el gobierno más alargue el tema, más duros están nuestros huelguistas, más dura está nuestra gente. No queremos un mártir dentro de los deudores, pero tampoco queremos que el gobierno se 'haga el leso' (ignore) con los más pobres de este país, sentenció.
